Once legisladores del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Liberal Progresista (PLP) frenaron la votación, en segundo debate, del proyecto de ley para crear en el país una economía de hidrógeno verde. La suspensión la lograron al enviar una consulta de constitucionalidad a la Sala IV.
El proyecto de ley define como hidrógeno verde aquel producido por electrolisis (separación de elementos por medio de la electricidad) del agua, a partir de la energía proveniente de fuentes renovables, mediante un proceso libre de dióxido de carbono que transforma el agua en moléculas de gases de hidrógeno y oxígeno. Para ello, propone declarar de utilidad pública el uso de esta energía.
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Los legisladores consultantes alegan que el proyecto violaría el principio constitucional de razonabilidad técnica, por carecer de estudios que determinen su necesidad, viabilidad y aplicación.
Por ejemplo, señalan la falta de informes económicos sobre el costo de producción de una planta mediana o grande, el valor de operar el primer año con una proyección de cinco a 10 años y análisis comparativo entre la producción hidroeléctrica, eólica o solar frente al hidrógeno; o bien, si se produce un beneficio económico al consumidor.
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Los diputados, al mismo tiempo, señalan que el proyecto falla en la objetivación de la tutela ambiental, también llamado principio de vinculación con la ciencia y con la técnica. “La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido claramente que las leyes, para ser constitucionalmente válidas, deben ser técnicamente razonables”, lo que equivale a justicia, indica la consulta.
En este aspecto, critican los consultantes, son necesarios estudios técnicos que definan una ruta sobre el objetivo de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero e incrementar la electrificación de la economía para aprovechar el potencial renovable del Sistema Eléctrico Nacional.
“No hacerlo de esta manera, equivaldría a desincentivar inversiones que lleven al país en la dirección contraria o puedan más bien retrasar los propósitos perseguidos con la promulgación de una ley marco que regule el sistema energético sin una prospectiva y no al azar como se pretende”, dicen los diputados.
En tanto, los artículos 3 y 24 del proyecto aprobado en primer debate el 28 de abril por los anteriores diputados, lesionarían el derecho a la propiedad privada y al principio de intangibilidad del patrimonio.
El numeral 3 incluiría a los comercios privados de expendio de combustibles en el Sistema Nacional de Combustible (SNC) y en el 24 se autorizaría a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a disponer de esos recursos.
“Podría ser contrario al artículo 45 constitucional (establece que la propiedad es inviolable), debido a que daría pie a interpretarse que, al tener Recope acceso a dicho sistema, el cual en su redacción estarían las gasolineras privadas, equivaldría poner a disposición de esta institución los bienes de carácter privado”, alagan los legisladores.
Los diputados señalan, además, la posible violación al principio de seguridad y certeza jurídica, claridad y no confusión normativa, razonabilidad técnica y equilibrio fiscal.
Este señalamiento se refiere a los incentivos fiscales que establecería la eventual ley para la investigación, producción, almacenamiento, transporte y uso final del hidrógeno verde; así como a la importación y distribución de equipos y maquinarias.
Los diputados dicen que la redacción debe ser revisada por los magistrados constitucionales, en virtud de la “incerteza jurídica de la aplicación de los incentivos y exoneraciones establecidas”, por la vaguedad de su aplicación.
“Es decir, no se determina si estos (incentivos) se darán por una única vez y si las personas que se benefician con estos pueden acceder en varias oportunidades o si es por una única vez. Esto lesiona el principio de seguridad y certeza jurídica”, alegan.
La iniciativa, también, carecería de estudios técnicos que expliquen los efectos en las finanzas públicas de los incentivos fiscales, entre otros alegatos.
El proyecto otorgaría la rectoría de la actividad al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y autoriza a las municipalidades a otorgar incentivos fiscales a personas físicas y jurídicas para que incorporen la actividad a su territorio.
Además, autoriza a varias empresas públicas para que investiguen, produzcan, comercialicen y exporten hidrógeno verde. Entre estas figuran el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y las cooperativas de electrificación rural.
La consulta ante la Sala IV la firman los legisladores del partido oficialista Manuel Morales Díaz, Daniel Vargas Quirós, Ada Acuña, Jorge Rojas, Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar.
A estos se sumaron Gilberto Campos, Luis Diego Vargas, Kattia Cambronero, Jorge Dengo y Johana Obando, del PLP. Eli Feinzaig, jefe de bancada de esta agrupación, agregaría su firma este martes, informó su despacho.
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