Dante Mossi Reyes, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), criticó la investigación del BCIE sobre la contratación de $405.000 que esta entidad financiera pagó para dar servicios de comunicación al gobierno de Rodrigo Chaves, en la que pudo haber “prácticas de fraude y colusión”.
“Quedo preocupado de cómo va esto. Pareciera que se escogió un culpable y se enfilarán las baterías contra el culpable, sin haber escuchado a todas las partes involucradas en esto, incluyendo las responsabilidades que haya dentro del Banco”, declaró Mossi a La Nación.
La investigación gira en torno a la contratación de la empresa RMC La Productora S. A., que proveyó producción audiovisual y escucha de redes sociales a la administración del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La polémica obedece a que el dueño de la compañía, Christian Bulgarelli, elaboró los términos de referencia del contrato, de manera que se adaptaran a las características de su firma. Luego, Casa Presidencial se los envió al BCIE y este abrió una licitación internacional que fue ganada por el mismo empresario.
El jueves 22 de febrero, el Banco anunció que encontró a Bulgarelli como el único responsable de aparentes “prácticas prohibidas de fraude y colusión”. El productor audiovisual cuestionó que no se haya investigado a los funcionarios públicos que participaron en la contratación, entre ellos el mandatario. La entidad financiera le dio 60 días para pronunciarse.
Para el expresidente del BCIE, haber señalado al dueño de la empresa sin haberle escuchado previamente podría constituir una violación al debido proceso, lo que podría resultar en la anulación de cualquier decisión.
El economista pidió a los integrantes del Directorio del BCIE tomar cartas en el asunto, en vista del “riesgo reputacional” que afronta el Banco ante los cuestionamientos sobre el manejo del $1 millón que donó al Gobierno de Costa Rica en su primer año de labores, así como la posterior investigación.
La contratación de Bulgarelli se financió con ese $1 millón.
Mossi calificó de inapropiado el comunicado en el que, públicamente, se le endilgan posibles responsabilidades a Bulgarelli y a nadie más. Además, lanzó un mensaje a la actual presidenta del BCIE, Gisela Sánchez.
“Ella ha dicho que va a defender la transparencia y gobernanza del BCIE; está comenzando mal; el Banco tiene que dar una mirada hacia adentro”, apuntó.
Luego de conocer los resultados de la investigación, Bulgarelli dijo que evaluaba llevar el tema a la Fiscalía General, “porque quien me investiga no está investigando al Gobierno”.
¿Fue instruido para actuar así?
Mossi explicó que la investigación del BCIE tendría que haber procurado aclarar diversas dudas y una de ellas es si Bulgarelli fue instruido para actuar de la manera en que lo hizo.
Asimismo, continuó, se debía identificar a la persona que entregó los términos de referencia a la entidad financiera, porque “el Banco no va a aceptar términos de referencia de ningún privado, sino del Gobierno”.
“El $1 millón se le otorga al Gobierno de Costa Rica, no a un sujeto privado”, agregó.
En criterio de Mossí, otros elementos de interés tienen que ver con la identificación de las personas responsables de supervisar la donación y autorizar la auditoría sobre la ejecución de los recursos.
El acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE contemplaba que $50.000 se tenían que dedicar a fiscalización de los proyectos financiados.
Mossi asegura que no tuvo conocimiento de los resultados del informe de auditoría, el cual es requisito para un segundo desembolso de $1 millón, que la administración Chaves Robles gestionó el año anterior, sin que el Poder Ejecutivo o la misma entidad financiera hayan informado sobre los distintos rubros a financiar.
Origen de la investigación
Dante Mossi solicitó al BCIE iniciar la investigación antes de que concluyera su nombramiento el 1.° de diciembre del 2023, luego que La Nación reveló que Bulgarelli redactó los requisitos de ese contrato.
Semanas después, Bulgarelli reconoció, en una entrevista con La Nación, haber elaborado los términos, pero alegó que lo hizo bajo la creencia de que se trataba de una contratación directa con el banco y que Casa Presidencial no le indicó que el proveedor sería asignado mediante una licitación pública.
Así lo reiteró el 15 de enero, bajo juramento, en una comparecencia ante los diputados que investigan los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el uso que el gobierno dio a la donación del BCIE.