El presidente Luis Guillermo Solís reconoció que cinco de los ocho acuerdos negociados por su Gobierno con el bloque sindical Patria Justa se pactaron antes de la huelga de este lunes.
Ante consultas de La Nación , el mandatario detalló que fue el jueves anterior cuando se concertó la mayoría de los aspectos incluidos en el documento firmado, ayer a las 12:35 a. m ., luego de la débil movilización de empleados del sector público en las calles de San José.
Según Solís, fue la semana pasada cuando se dispuso revisar el dictamen del Ministerio de Trabajo, el cual declara que las convenciones colectivas de los sindicatos no son eternas y por ende, se pueden renegociar los beneficios laborales.
Agregó que también se acordó “utilizar las herramientas legales pertinentes para recurrir” la resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que impide financiar privilegios salariales con las tarifas que se cobran a los usuarios.
Sobre ese tema, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, mostró la preocupación del Poder Ejecutivo, en una misiva enviada a la Aresep, el pasado 23 de octubre . En dicha nota, cuestionó que por esa razón se le negara a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) una solicitud para incrementar el precio de los combustibles.
Recope incluyó en el costo de las gasolinas un rubro de ¢5.000 millones para gastos asociados al fondo de ahorro y préstamos, el servicio de restaurantes, la compra de útiles y materiales para recepciones y las becas para los hijos de los empleados.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, recalcó que si dicha Autoridad no aprueba el alza en las tarifas, el Gobierno deberá financiar esos gastos con deuda pública.
Posteriormente, el presidente agregó que por ley, la refinería debe cumplir con la convención pactada con su sindicato.
“La tesitura en la que se encuentra Recope, que no le ha temblado el pulso para abrir y denunciar esas convenciones y renegociarlas, es que tiene una obligación de ley para seguir respetándolas y una resolución de un órgano que también tiene competencias y le impone obligaciones a la institución diciendo lo contrario y, sobre eso, el Gobierno se pronuncia también expresando su gran preocupación porque, al final de cuentas, también estamos hablando de personas, no solamente de entidades anónimas”, declaró el mandatario.
Tras conocer el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, la Aresep reiteró que no cederá y mantendrá su postura .
Impulso legislativo. El tercer compromiso pactado con anterioridad es el que establece que el Ejecutivo convocará, durante el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa– el cual se inicia el 1.° de diciembre–, el Proyecto de Ley de Salario Mínimo Vital, aunque Solís aclaró que el llamamiento no significa un apoyo suyo al plan.
Esa iniciativa, presentada por el Frente Amplio, propone que cada cinco años, el Consejo Nacional de Salarios calcule un monto mínimo de sueldo que deberá tomarse en cuenta en la siguiente fijación salarial, de modo que ningún pago mínimo pueda ser inferior a esa suma.
El Gobierno y los sindicatos previamente también habían acordado incorporar a Patria Justa en el diálogo liderado por la Defensoría de los Habitantes en relación con la actividad portuaria en Limón y Moín, debido a la incursión de la firma APM Terminals en la construcción de un megapuerto para contenedores.
El último punto es la reafirmación de la promesa de incluir, en el presupuesto extraordinario para el próximo año, una partida de ¢500 millones para la compra de equipo de montacargas para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El mandatario, incluso, dijo que él le planteó a Albino Vargas, líder de Patria Justa, abrir el diálogo desde el mediodía del lunes, para ponerle fin a la protesta.
Lo nuevo. Los únicos aspectos negociados la tarde y noche del lunes fueron la propuesta de promover la apertura de una mesa de diálogo entre Patria Justa y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en aras de que el bloque sindical dialogue y negocie sobre las decisiones financieras que ahí se tomen, así como la cláusula de término de la huelga, en donde se hace el llamado a los empleados públicos para volver a sus labores y los exhorta a abstenerse de nuevas protestas.
Tampoco estaba pactado el compromiso de iniciar los procedimientos para la presentación en el Congreso del convenio 184 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la seguridad y a la salud en la agricultura.
En cuanto al primero de esos tres aspectos, los directivos de la CCSS están divididos sobre la conveniencia de que el Gobierno pida abrir un diálogo con los sindicatos.