A pesar del débil respaldo que dieron los trabajadores del sector público a la huelga convocada por el colectivo Patria Justa, el Gobierno aceptó la madrugada de este martes el grueso de las demandas planteadas por las organizaciones que promovieron el movimiento.
Luego de diez horas de reunión, en Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo firmó a las 12:35 a. m. un acuerdo en el que se comprometió a impulsar proyectos de interés sindical en el Congreso y a recurrir una resolución que impide financiar la convención colectiva de Recope con tarifas de combustibles.
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También accedió a abrirle a los gremios un espacio en la discusión de temas sensibles como incapacidades y pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como a no aplicar represalias o sanciones contra los trabajadores que apoyaron el movimiento.
Diputados de cuatro fracciones lamentaron, la mañana de este martes, el acuerdo pues estiman que lo pactado atenta contra los consumidores de combustibles y contra la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en momentos en que a la entidad le urge para tomar decisiones para resolver su delicada situación financiera.
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El Pacto. Entre los acuerdos de esta madrugada, la administración Solís indica que usará "las herramientas legales pertinentes para recurrir" una reciente resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual impide financiar gastos de convención colectiva con ingresos por tarifas.
Dicha entidad rechazó parte de una solicitud planteada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que pretendía cubrir con un aumento en los combustibles una serie de gastos que no tienen relación con la prestación de servicios.
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Entre esos rubros figuraban ¢5.000 millones por gastos de la convención colectiva como el fondo de ahorro, préstamos, servicio de restaurantes, útiles y materiales para recepciones, becas para hijos de los trabajadores, entre otros.
Desde el 23 de octubre el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, le había remitido a la Aresep una carta en la que detallaba supuestos riesgos de excluir costos de operación de la Refinería de la fórmula para calcular tarifas de combustibles.
CARTA de Sergio Alfaro a la Aresep.
Por otra parte, el Gobierno anunció que el próximo 1.° de noviembre convocará el proyecto de ley de salario mínimo vital al periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa propone que, cada cinco años, el Consejo Nacional de Salarios calcule un monto mínimo de sueldo que deberá tomarse en cuenta en la siguiente fijación salarial, de modo que ningún salario mínimo pueda ser inferior a esa suma.
Por otra parte, el Gobierno ofreció incluir a Patria Justa en una mesa de "diálogo social y negociación" con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y organizaciones sociales y productivas sobre la "situación actual y futura" del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El Ejecutivo plantea que en ese foro se puedan establecer "en forma transparente" mecanismos para sentar responsabilidades y diversas situaciones que tienen que ver con la estabilidad financiera actual y futura del IVM, previo a que se tomen "decisiones paramétricas" sobre dicho fondo.
La mesa también analizaría el reglamento de incapacidades y su tramitación, así como temas de salud ocupacional de los trabajadores de la CCSS.
El acuerdo también compromete al Gobierno a revisar un dictamente del Ministerio de Trabajo que replantea la forma de renegociar las convenciones colectivas de las instituciones, donde se fijan los beneficios laborales.
Ese dictamen concluyó que los efectos de las convenciones colectivas cesan en el momento en que estas son denunciadas, cuando se acerca su fecha de vencimiento. Agrega que estos acuerdos laborales no son eternos, pues tiene tiempos de duración. Entonces, si las partes están renegociando, es posible mantener la vigencia de la convención de manera temporal pero, si las negociaciones cesan, la extensión será de un mes a partir de la finalización de las conversaciones.
Además, establece que los derechos pactados en una convención pueden ser reducidos en la siguiente, pues sus beneficios no recaen sobre relaciones individuales entre el patrono y el empleado, donde los derechos son irrenunciables, sino sobre el colectivo.
Otros acuerdos suscritos por el Gobierno con Patria Justa son:
* Incorporar al colectivo Patria Justa al proceso de diálogo sobre la modernización de la actividad portuaria en Limón y Moín y sobre el fortalecimiento de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
* Incluir en un presupuesto extraordinario en trámite los recursos necesarios para la compra de equipo montacargas para Japdeva.
Por su parte, en el octavo punto del acuerdo, Patria Justa levanta la huelga "llamando a la incorporación inmediata de labores; y se exhorta a abstenecerse de convocar a nuevos movimientos similares, en la medida que se continúen desarrollando espacios que promuevan el efectivo cumplimiento de los puntos aquí convenidos".
Débil apoyo. A pesar de que fue promovida como una "huelga histórica", el apoyo a la protesta organizada por el colectivo sindical Patria Justa, tuvo una débil convocatoria.
El colectivo agrupa a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y a los sindicatos de Recope, ICE, Japdeva y los municipios.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reportó que solo 1.053 de sus 15.041 empleados se sumaron al movimiento, lo cual representa el 7% de la planilla de esa entidad.
También se informó de que solo 25 de las 140 agencias del ICE suspendieron servicios.
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Por su parte, José Aponte, gerente de puertos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), sostuvo que los muelles de Moín y Limón no fueron afectados por la huelga.
“En Moín, en la mañana teníamos un buque que se descargó y se despachó; y en la tarde, el otro buque también. En Limón, no estaba programada carga ni descarga. Tenemos que determinar si se rebaja o no el salario de los que se unieron a la protesta”, explicó Aponte.
En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se informó de que solo 745 funcionarios se sumaron a la huelga, el 1,3% de su personal.
La institución reportó 86 cirugías suspendidas en tres hospitales y cero afectación en las citas.
El mayor apoyo al llamado sindical se dio en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
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La gerenta general de la institución, Gabriela Montes de Oca, indicó que el 85% de los 1.500 trabajadores de la institución se sumaron a la huelga.
Los principales servicios afectados fueron la importación de combustibles por el cierre de Moín, la operación de poliducto y la distribución de combustibles.
Sin embargo, la Fuerza Pública tomó los planteles de Recope y también los puertos del Caribe. Colaboró Manuel Avendaño.