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Diputados califican de 'barbaridad' el acuerdo del Gobierno con los sindicatos

Actualizado el 27 de octubre de 2015 a las 10:28 am

Califican de un “paso hacia atrás” el ataque hacia la decisión de Aresep de no incluir los beneficios laborales de Recope en los precios de los combustibles

Consideran que el Ejecutivo violenta la autonomía de la CCSS al obligarla a negociar con Patria Justa las reformas urgentes para evitar descalabro

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Diputados califican de 'barbaridad' el acuerdo del Gobierno con los sindicatos

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Diputados de cuatro fracciones lamentaron el acuerdo firmado por el Gobierno con el colectivo sindical Patria Justa, pues estiman que lo pactado atenta contra los consumidores de combustibles y contra la autonomía de la CCSS, en momentos en que a la entidad le urge para tomar decisiones para resolver su delicada situación financiera.

Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional (PLN), dijo estar “espantado” con lo que Zapote cedió a los sindicatos de Patria Justa, luego de una huelga “imperceptible”.

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El legislador consideró una “barbaridad” que el Ejecutivo se comprometa a atacar la decisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de no cargar a los consumidores de combustibles el costo de las convenciones coletivas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Para Álvarez Desanti, esa decisión era una “gran conquista “en defensa de los consumidores, pero el Gobierno asume el papel de “abanderado” en contra de la medida. “Se sacrifica a los consumidores, sobre todo a los de escasos recursos en beneficio de unos pocos líderes sindicales”, dijo.

Con él coincidió Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC). “Es un paso atrás”, declaró Solís, quien también opinó que, ante la debilidad del movimiento, lo que correspondía era dejar que la huelga se evaporara sin pactar tal negociación, que le causó sorpresa.

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"Se sacrifica a los consumidores, sobre todo a los de escasos recursos en beneficio de unos pocos líderes sindicales". Antonio Álvarez, diputado del PLN

Solís enfatizó que la decisión de la Aresep obligaba a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a revisar los excesos en los beneficios laborales otorgados en la convención colectiva, pues ya no podían ser incluidos en la contabilidad que se carga a las tarifas.

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, machacó en que el acuerdo entrega más allá de lo que debería después de “una huelga que no tenía mayor futuro”.

“Les da (a los sindicalistas) prerrogativas que son innecesarias. Deja abierta la posibilidad de que movimientos tan ralitos puedan terminar obteniendo concesiones de Gobierno, lo que es inconveniente”, apuntó Redondo, quien lamentó el intento del Gobierno por defender la convención colectiva de Recope y el que se cargue a los usuarios y consumidores los costos de la convención.

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Gerardo Vargas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), estimó que el acuerdo “fue un buen arreglo entre socios”. En su criterio, el Gobierno y los sindicatos han sido aliados y lo que sorprende es que necesitaran de un intento de huelga, amenazando la libertad de tránsito, para consensuar propuestas que, de antemano, compartían.

Afrenta a la CCSS

Los legisladores también consideraron inaceptable la obligación que se le impuso a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el acuerdo, de negociar con Patria Justa las reformas para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones y el pago de incapacidades.

Solís sostuvo que la decisión es muy “grave”, pues los sindicatos se quieren convertir en patrones.

“Una cosa es el diálogo, informar y consultar. Otra es obligar a la consulta. La Caja es de todos los costarricenses y muy poquitos costarricenses están sindicalizados. Es antidemocrático, no hay representatividad. Los sindicatos ya tienen representación en la junta directiva de la Caja. Si no les gusta, que la cambien”, afirmó el diputado del PAC, al tiempo que sostuvo que la intención de Patria Justa es frenar las decisiones que urgen para evitar el descalabro financiero de la CCSS.

Álvarez agregó que el acuerdo es una afrenta a la autonomía de la Caja, pues prácticamente se le otorga a los sindicatos derecho de veto sobre las decisiones adminitrativas.

CONSULTE AQUÍ: el acuerdo completo entre Gobierno y sindicalistas

“Me parece gravísimo supeditar cualquier estudio a lo que los sindicatos decidan. Hay un problema de legalidad”, agregó.

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(Graciela Solís)

"Una cosa es el diálogo, informar y consultar. Otra es obligar a la consulta. La Caja es de todos los costarricenses y muy poquitos costarricenses están sindicalizados. Es antidemocrático, no hay representatividad". Ottón Solís, diputado del PAC

Empleo

El Gobierno también se comprometió a convocar el proyecto de ley de salario mínimo vital, que impulsan los sindicatos. Al respecto, Álvarez Desanti dijo que la iniciativa es un contrasentido en la intención de contener el costo de los salarios del sector público, pues más bien podría implicar incrementos de costos tanto para el sector privado como el público.

Además, el Gobierno ya había planteado la creación de una comisión mixta para estudiar cómo contener los sueldos y, ahora, de manera conjunta con sindicatos, incluye otro texto que va en otro sentido.

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Para Solís, en cambio, el compromiso de convocar ese proyecto de Patria Justa no conlleva mayor consecuencia, pues Zapote no promete su apoyo en el texto del acuerdo.

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Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

Editor de Política

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

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