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Empresas incluyeron beneficios laborales en precios durante años

Aresep consintió distorsión tarifaria por convenciones

Actualizado el 26 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Entidad defiende papel al decir que hoy hay más controles y acceso a información

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Aresep consintió distorsión tarifaria por convenciones

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Edificio de Aresep en Escazú. El ente regulador rechazó por primera vez en el 2012 rubros de convención colectiva a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva). | LUIS NAVARRO.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) consintió por años distorsiones en los precios de servicios públicos al abstenerse de excluir rubros como convenciones colectivas, laa cuales decidió rechazar hasta hace poco.

La Aresep anunció, la semana anterior, que impulsa una política de “cero tolerancia” a gastos ajenos al costo de prestar un servicio público.

En línea con esa decisión, el ente regulador anunció que rechazará trasladar a los precios partidas como gastos en propaganda, convenciones colectivas y publicidad, entre otros.

La entidad empezó a ejercer ese escrutinio hasta hace poco, a pesar de que la propia ley que la creó en 1996 ( Ley N.° 7.593) la obliga a respetar el principio de servicio al costo en las tarifas de los servicios regulados.

Es decir, en dichas tarifas y precios solo se pueden incluir los costos necesarios para su prestación y mantenimiento.

Mario Mora, director de Energía de la Autoridad Reguladora, justificó que fue hasta en el año 2013, con la creación de las intendencias especializadas, que la entidad logró fortalecer su labor de fiscalización. Esto, añadió, les ha permitido tener acceso a información más detallada, aspecto determinante para hacer análisis técnicos más rigurosos.

La ley impone a la Aresep “regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo” de los servicios.

Eso contempla, dice la legislación, las inversiones, endeudamiento de las empresas reguladas, sus niveles de ingresos, costos y gastos efectuados y su rentabilidad o utilidad.

Aun así, fue este año cuando Aresep por primera vez rechazó a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) casi ¢5.000 millones de gastos de su convención y ¢4.000 millones de otros rubros.

El ente regulador impulsa esta política, luego de que, en agosto de 2013, el Tribunal Contencioso ratificara una sentencia del 2012 en la cual el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda falló a favor de que se excluyeran gastos de convención colectiva en tarifas portuarias.

Impacto al mercado. En el caso de Recope, por años esa empresa ha incluido gastos por convención en solicitudes de ajuste tarifario aprobadas por la Aresep.

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Esto es, la Aresep toleró una estructura de costos y gastos para empresas públicas reguladas con distorsiones que se trasladaron a los usuarios.

El propio regulador, Dennis Meléndez, admitió, en entrevista con este diario en enero, que, en el caso de Recope, no tenían “información correcta” o “suficiente” de esta para hacer una asignación más efectiva de costos.

Aresep tiene facultades suficientes para requerir la información veraz a Recope u otra empresa, aseguró Randall Madriz, especialista en derecho tributario y socio del bufete Pacheco Coto.

“En caso de que la misma no fuera brindada Aresep también tiene facultades de inspección y para iniciar los procedimientos correspondientes para revocar la concesión”, aseguró Madriz.

Se consultó a Mora si efectivamente la Aresep ha tolerado por años estas distorsiones. Sin negar o confirmar la supuesta falta, dijo que la entidad vela por que los servicios se brinden de acuerdo con el principio de servicio al costo.

“Para cumplir con esas competencias, el acceso a información confiable y detallada ha sido clave para promover mayor transparencia en la prestación de servicios regulados”, añadió.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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