El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para los cinco implicados en el caso del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
De esta forma, el empresario Allan Pacheco Dent, la regente forestal de apellidos Camacho Calvo, los dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de apellidos Campbel Lindo y Salas Rojas, y la administradora del Refugio, de apellidos Cruz Torres, quedaron sin ninguna limitación mientras avanzan las pesquisas.
A ellos se les investiga por los delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en la obtención de las autorizaciones para tala en esa área protegida del Caribe Sur.
La decisión fue tomada por el juez penal Félix Castellón Ruiz, responsable de resolver la petición planteada el 24 de julio por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que siguen la causa bajo el expediente 24-0003-1851-PE.
“De conformidad con el artículo 239 inciso a, del Código Procesal Penal, por ausencia de elementos de convicción suficientes que permitan establecer que los hechos investigados sean dolosos, se rechaza la solicitud de medidas cautelares”, indica la resolución.
Esa norma hace referencia a la existencia de elementos para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.
Como parte de su razonamiento, el juez Castellón Ruiz agregó que, a efectos de sancionar en sede penal conductas como las investigadas, más allá de determinarse una eventual ilegalidad de actos administrativos emitidos, el solo cuestionamiento de ilegalidad, no configura una conducta delictiva.
Esa conducta delictiva, agregó Castellón Ruiz, debe superar filtros como ser típica, antijurídica y culpable. Esas circunstancias, al menos en este momento, no se cumplen en su criterio.
El Ministerio Público confirmó que apelará la decisión del Juzgado Penal.
“Las Fiscalías se encuentran trabajando en la apelación, la cual será presentada al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que se programe una nueva audiencia, en la que el Ministerio Público reiterará su petición”, indicó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
Personal del OIJ y la Fiscalía Adjunta Ambiental allanó el 17 de julio el centro operativo del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur. Fotografía: Cortesía de chat vecinal.
Algunas de las medidas rechazadas por caso Gandoca‐Manzanillo
Los cinco imputados habían sido detenidos el 17 de julio y posteriormente dejados en libertad.
Entre las medidas cautelares solicitadas estaban la suspensión de los permisos otorgados por el Sinac para tala en dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, que estarían dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en el Caribe Sur. También pidió la suspensión de la ejecución de estos permisos.
También se pidió ordenar al Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac, suspender y archivar todas las autorizaciones de aprovechamiento de productos forestales pendientes de visto bueno para la finca en cuestión.
Asimismo, se solicitó la anotación ante el Registro Público de la Propiedad de las fincas vinculadas con la investigación para asegurar su recuperación a favor del Estado.
