La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) anunció, este miércoles, que dará sus 10 votos para la socialcristiana María Vita Monge, en la votación por la presidencia de la Asamblea Legislativa, que se celebra este 1.º de mayo.

En un extenso comunicado, los oficialistas afirmaron que, luego de analizar las candidaturas de Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), optaron por esta última.

A la diputada de Pérez Zeledón le atribuyen una “vocación de diálogo constructivo y el haber aportado siempre sus esfuerzos en procura del bien común y los intereses del país”.

Además, por segundo año consecutivo, el PAC descartó cualquier interés en ocupar un puesto en el Directorio legislativo. Así lo hizo un año antes, cuando pactó con Liberación y el Partido Restauración Nacional (PRN) para que el restauracionista Eduardo Cruickshank asumiera la presidencia del Congreso.

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El oficialismo reconoció que ya la verdiblanca Silvia Hernández tiene de su lado 42 votos, 13 más de los 29 necesarios para dejarse la presidencia parlamentaria; la oposición podrá distribuirse los puestos del Directorio.

El acuerdo que construye la liberacionista también implicaría quitarle al PAC todas las presidencias de comisiones que tiene actualmente, pues ella no ha negociado en ningún momento el apoyo del oficialismo para su propuesta.

En ese panorama, el PAC asegura que analizará cada uno de los candidatos a los puestos del Directorio, por separado, y que buscará negociar con los legisladores para presidir algunos de los fotos parlamentarios.

Vía telefónica, la jefa entrante del oficialismo, Laura Guido, respondió que las presidencias que intentarán sostener son las que actualmente ocupan, gracias a la negociación hecha un año atrás.

Víctor Morales Mora ha presidido, durante este año, la Comisión de Gobierno y Administración donde se tramitó el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, mientras que Guido ha estado al frente de las comisiones Plena Primera y Consultas de Constitucionalidad, así como en la secretaría de Hacendarios.

Mario Castillo es vicepresidente de la Plena Segunda, Luis Ramón Carranza es secretario en Económicos y presidente en la Comisión de Municipales; Paola Vega preside la Comisión de Ambiente y Catalina Montero la de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor. Nielsen Pérez ha sido presidenta en el foro sobre Derechos Humanos y en la Comisión de Mujer.

“Esta conversación no ha iniciado, empezará después de lo que pase el 1.º de mayo. El ánimo es sentarse con los diferentes actores. Nosotros queremos poner a disposición la experiencia al frente de esas comisiones”, dijo Guido.

No obstante, varios actores de la oposición enfatizaron que se reúnen alrededor de la candidatura de Silvia Hernández por la promesa de mantener el PAC a raya en las presidencias de esos foros.

A la fecha, le han asegurado su apoyo a la verdiblanca los 17 miembros del PLN, siete de Restauración Nacional (PRN), los seis miembros del bloque independiente Nueva República, siete del PUSC (este miércoles se sumó Erwen Masís al acuerdo de su fracción); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); así como los independientes Dragos Dolanescu, Zoila Volio e Ivonne Acuña.

Con esos votos, Hernández tiene ya de su parte 42 votos para la presidencia.

Clamor por la agenda del FMI

En su anuncio, el PAC también manifestó que su prioridad para la agenda legislativa será la ruta de la sostenibilidad de las finanzas públicas, la atención de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y el combate a las desigualdades sociales.

En ese sentido, plantearon la necesidad de colocar al centro de la agenda legislativa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los créditos de apoyo presupuestario para mejorar el perfil de la deuda, bajar su costo y liberar recursos para gasto social e inversión.

También plantearon la construcción de una sólida agenda de reactivación económica enfocada en la generación de empleos y el combate a las desigualdades, como prioridades de la cuarta y última legislatura.

En la lista, el oficialismo puso el plan de fondo de avales, la prohibición de la exploración y explotación petrolera, la atracción de inversiones fílmicas, además de las reformas a las normativa sobre datos personales y al sistema nacional de calidad, para consolidar mercados y adoptar las mejores prácticas internacionales en competitividad.

En la lista, también cuentan con el plan para la legalización del uso y producción del cannabis en todas sus variantes, la iniciativa de bonos verdes y la ley de derecho de utilidad ambiental (DUA).