El jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, presentó este martes un proyecto de ley para regular la producción y el consumo libre del cannabis en Costa Rica en todas sus formas.
La iniciativa, puesta en corriente legislativa bajo el número de expediente 22.482, busca sintonizar la legislación costarricense con lo hecho en Uruguay, México y Canadá, así como en 16 estados de Estados Unidos.
El texto regularía la producción, consumo y venta del cannabis y sus derivados, a través de un marco jurídico “necesario para la formalización de un nuevo mercado que genera oportunidades de negocio y trabajo”.
Según el jefe oficialista, en el mercado interno las ventas del cannabis y sus derivados podrían alcanzar los ¢100.000 millones anuales, o sea, un 0,32% del producto interno bruto (PIB).
Sánchez considera que la cifra superaría el peso que tienen en el PIB productos como el banano, la piña, el café molido, la caña de azúcar y los productos del tabaco.
El plan de los oficialistas establece una licencia gubernamental para producir cannabis y sus derivados, y otra para la industrialización y comercio.
La idea de Enrique Sánchez es que esas licencias las puedan recibir principalmente los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como las pymes inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
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Impuestos al cannabis
El proyecto del PAC establece que los usos autorizados del cannabis y sus derivados estén sometidos al impuesto al valor agregado (IVA), mientras que los licenciatarios se regirán por la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Adicionalmente, se crearía un impuesto específico del 30% al consumo de productos finales de cannabis y sus derivados, sean nacionales o importados. El gravamen no aplicaría para el cannabis y sus derivados cuando sean materia prima para otros productos.
El impuesto lo administraría la Dirección General de Tributación y no tendría el carácter de gasto deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.
De acuerdo con Enrique Sánchez, las experiencias de otros países enseñan que el consumo del cannabis es más peligroso si su comercialización se deja en la informalidad.
“La regulación del cannabis baja la criminalidad y rompe las redes del narcotráfico. Apostamos a convertir el mercado irregular del cannabis en uno que esté en manos de las familias productoras de Costa Rica”, dijo.
También, el plan establece la prohibición del fumado del cannabis en los mismos espacios donde se prohíbe el uso del tabaco, de acuerdo con la ley 9028, Ley general del control del tabaco y sus efectos nocivos para la salud.
Para el control de la producción de cannabis, la iniciativa busca crear mecanismos que impidan el uso de los dineros provenientes del lavado y asegurar la legitimidad de los capitales que financien el mercado.
Se crea un sistema de trazabilidad para identificar el origen ilícito de las plantas de cannabis, sus semillas, sus partes, sus productos y subproductos, extractos y derivados a lo largo de toda la cadena de valor, informó el PAC.
Críticas de la oposición
A raíz de la iniciativa del PAC, varios legisladores de la oposición criticaron el proyecto, principalmente porque existe un expediente de la independiente Zoila Volio, en trámite desde mayo del 2019, que el Poder Ejecutivo mantiene fuera de la agenda del Congreso el 1.º de diciembre del 2020.
La propuesta de Volio, que tuvo el apoyo de algunos miembros de la bancada del PAC, se centra en el permiso del consumo del cannabis para uso medicinal y terapéutico, así como del cáñamo para uso alimentario e industrial.
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La propuesta recibió dictamen favorable en la Comisión de Ambiente en noviembre del 2020, pese a la oposición de los ministros de Agricultura, Renato Alvarado, y de Seguridad, Michael Soto, así como los votos negativos de legisladores de Restauración Nacional.
“Hemos apoyado y avanzado con el proyecto de Zoila Volio, que regula el cannabis medicinal y el cáñamo, pero el gobierno del PAC no lo apoya ni lo convoca, a pesar de las múltiples solicitudes”, dijo María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Incluso, en enero del 2021, 14 legisladores pidieron a Carlos Alvarado convocar a la agenda legislativa el plan de Volio, lo cual Presidencia no ha hecho.
El liberacionista Roberto Thompson enfatizó que Zapote se opone y se niega a convocar el proyecto dictaminado para su avance en el plenario, bajo el alegato de que el país no está preparado.
“Su fracción, ahora, presenta un proyecto nuevo. ¿A cuál PAC le creemos?”, reclamó el verdiblanco.