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En una extensión del acuerdo del 1.º de mayo que llevó al PAC a dejarse la Presidencia del Congreso, ayer, el oficialismo anunció un plan para aceptar las huelgas en servicios públicos.
La iniciativa es impulsada también por las fracciones del Frente Amplio y el PUSC.
El proyecto de ley 19.306 define cuáles son los servicios públicos esenciales y establece los parámetros para que los trabajadores se vayan a huelga.
Así, el acuerdo dice que los trabajadores de servicios de Policía, agua, electricidad, teléfono, salud, emergencias, control de tráfico aéreo y de puertos pueden ir a huelga si cumplen con un plan para la continuidad de las labores o si, de no haber un sindicato, el llamado a huelga sea avalado por un 30% de los empleados.
Quedan fuera de la definición de servicios públicos esenciales el de educación, el transporte público remunerado de personas, el aseo de vías y la recolección de basura.
Revivir veto. Con esa iniciativa, los tres partidos pretenden revivir la ley que vetó Laura Chinchilla en octubre del 2012 (acuerdo legislativo 9.076). Se trata de la Ley de Reforma Procesal Laboral, que agiliza los juicios laborales al introducir la oralidad.
Según Emilia Molina, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), la intención es votar dicha ley, que, a su juicio, aclara la Reforma Procesal Laboral, para que el presidente Luis Guillermo Solís levante el veto.
“Se incorpora una definición clara y precisa sobre los servicios básicos esenciales, y establece un marco de referencia moderno sobre las huelgas”, dijo Rafael Ortiz, jefe de la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
El jefe del Frente Amplio (FA), Gerardo Vargas, cree que este acuerdo rescata el derecho a huelga en Costa Rica, “una deuda pendiente desde hace muchos años”.
Además de la vía para llamar a huelga, el proyecto de ley establece 24 horas de plazo para que los trabajadores se reintegren a funciones, y no 48 como estaba en la ley vetada.
También, se incluyen en la iniciativa varios elementos relativos a la operatividad de los procesos laborales, una vez que se establezca la oralidad como norma.
Con lupa. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez, indicó que apenas conocieron la iniciativa este lunes por la tarde.
Según Jiménez, él le había pedido dos días de tiempo al presidente del Congreso, el oficialista Henry Mora, para estudiarlo con lupa.
Sin embargo, el verdiblanco reclamó que se presentara el plan y se anunciara antes de que Liberación elaborara su criterio.
En las filas verdiblancas está, precisamente, la diputada y exministra de Trabajo Sandra Piszk, quien acuerpó el veto de la Reforma Procesal Laboral.
“Vamos a analizarlo con mucho detenimiento, porque no podemos privar de los servicios esenciales a las personas”, dijo Piszk.
La diputada añadió que el PLN prefiere separar en dos proyectos la oralidad de los juicios y el permiso de huelga, para que avancen según la viabilidad política que pueda tener cada una de esas discusiones.
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Rónald Jiménez, se mostró preocupado: “Es inaceptable que se mantengan las razones principales por las que el proyecto original fue vetado, específicamente huelgas en servicios esenciales”.
