Decenas de funcionarios de Recope, CNFL, Japdeva y el INS renunciaron o se jubilaron luego de que la Sala IV bajó el tope de cesantía de 20 a 12 años y declaró inconstitucional que se pague esta indemnización en casos de renuncia.
Tras las resoluciones de los magistrados, estas instituciones reportan 162 desvinculaciones, algo anormal en el movimiento de personal.
Aunque los fallos todavía no aplican para estas entidades, la Sala IV tiene bajo estudio impugnaciones a sus convenciones colectivas, en donde se establecen beneficios laborales idénticos a los que fueron declarados insconstitucionales.
Antes de que el Tribunal resuelva, muchos están aprovechando para renunciar y exigir al Estado el pago de los 20 años. Si una persona gana ¢3 millones, por ejemplo, se lleva ¢60 millones.
Solo el INS debió desembolsar casi ¢1.670 millones por la salida de 46 personas, para un promedio de ¢36 millones por cada una.
El 18 de mayo, los magistrados declararon improcedente un artículo de la convención colectiva del Sinart, el cual permitía a los funcionarios cobrar las prestaciones si renunciaban a sus cargos, aunque la legislación laboral solo exige pagarlas cuando el empleado es despedido o cuando se pensiona.
Luego, el 5 de junio, analizando la convención de Bancrédito, la Sala declaró irracional y desproporcionado que el Estado pague cesantías hasta de 20 años (el equivalente a 20 salarios) y estableció, como tope aceptable, un 50% más de los ocho años establecidos en el Código de Trabajo.
Al menos 26 instituciones pagan más de 12 años, entre las que están precisamente Recope (20 años), CNFL (20 años), Japdeva (20 años) y el INS (15 años).
Estas cuatro entidades, a su vez, están entre las que pagan la indemnización a los empleados que renuncian, es decir, cumplen las dos condiciones que la Sala IV declaró inconstitucionales. Así lo disponen las convenciones colectivas de estas entidades.
LEA MÁS: Sala IV pone tope de 12 años a pago de cesantía en el sector público
Voceros de las entidades señalaron que, además de renuncias, varias salidas corresponden a personas que estarían por jubilarse o que ya tenían el derecho a hacerlo, pero que se mantenían laborando.
Donde hubo más salidas fue en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Solo en lo que va de junio, se desvincularon 51 personas, 38 por renuncia, 11 por jubilación y dos por jubilación anticipada. En mayo, en cambio, solo habían salido cuatro funcionarios.
"Ha habido un movimiento importante de personal, dado que, por la edad de la población, hay un porcentaje alto de funcionarios que se acogen a la jubilación en tiempo o anticipadamente, así como renuncias; en el mes de junio, se ha presentado una aceleración de estos procesos", respondió la institución, a través del departamento de prensa.
En el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS), la entidad informó de que, de las 46 salidas de las últimas dos semanas, 32 obedecieron a renuncias y 14 a jubilaciones o adelantos de ese derecho.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) reportó 49 salidas a este miércoles, de acuerdo con una respuesta escrita de Oscar Hernández, director de la Dirección de Administración y Finanzas.
En la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), las salidas reportadas desde el primer fallo del 18 de mayo hasta este miércoles son 16, según confirmó el departamento de Prensa.
No fue posible obtener una entrevista en estos dos últimos casos para ampliar sobre las razones de las salidas.
En Bancrédito, entidad que aún tiene 185 empleados y sobre la cual uno de los fallos sí tiene efecto, no se reportan salidas extraordinarias, confirmó Marco Hernández, interventor de la institución financiera.
En la Junta de Protección Social (JPS), que también paga hasta 20 años de cesantía por convención colectiva, se reportan solo siete salidas por jubilación, pero estaban previstas, según el departamento de Talento Humano.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) enviará una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para entender el alcance de los fallos constitucionales en las poco más de 70 convenciones colectivas vigentes.