Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, declaró que el aumento en las cuotas del Estado para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS tendrá un “impacto devastador” en las finanzas públicas.
Acosta se refirió de esta forma al aporte que el Gobierno debe hacer en favor de las pensiones de los trabajadores. El artículo 73 de la Constitución Política instauró un modelo tripartito de financiamiento para el IVM e indica que es “un sistema de contribución forzosa de Estado, patronos y trabajadores”.
Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Ejecutivo acumula un impago de más de ¢600.000 millones en las cuotas para las pensiones de este régimen. El Ministerio de Hacienda cumple tres años consecutivos de presupuestar menos de lo necesario para pagar las contribuciones. Este año, por ejemplo, abrió un nuevo hueco de ¢71.000 millones.
No obstante, Nogui Acosta alega que el Gobierno no está en capacidad de cubrir estas obligaciones y que la situación empeorará con los aumentos fijados por la CCSS para los próximos años. En el 2019, la Caja aprobó cuatro incrementos escalonados para los aportes de trabajadores, patronos y Estado, con el fin de atenuar la crisis financiera del IVM.
Actualmente, la cuota estatal es equivalente al 1,57% de cada salario y así se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2025. Luego, subirá a un 1,75% en enero del 2026 y, finalmente, a un 1,91% en enero del 2029.
“Vamos a pagar el 1,91% de la planilla como aporte a la CCSS y eso tiene un impacto devastador en las finanzas públicas, porque es un pago que tenemos que hacer como Estado”, expresó el ministro de Hacienda ante los diputados, el 7 de febrero, al ser cuestionado por la alta morosidad del Poder Ejecutivo con la CCSS.
Acosta criticó que la Junta Directiva de la CCSS decidiera incrementar la contribución estatal sin tomar en consideración la capacidad del Estado para afrontar una mayor erogación.
En el 2016, en una primera instancia, la Junta Directiva de la CCSS subió el aporte estatal de un 0,58% a un 1,24%.
Tres años después, en junio del 2019, la Directiva tomó un nuevo acuerdo con los ajustes escalonados para las tres partes. La medida busca subir de un 10,16% a un 12,16% el porcentaje de cotización tripartito por cada salario.
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La cuota de los empleadores alcanzará el 5,75% en el 2029 y la obrera, el 4,50%.
Ante los diputados, el ministro Acosta cuestionó el uso que hace la CCSS de los recursos que gira el Estado y criticó que, en caso de que la entidad afronte algún tipo de problema, el Gobierno también deba inyectarle fondos para solventar la situación.
“Nosotros vamos a tener otro problema más grave ahí y tendremos que discutir cómo vamos a financiar eso”, señaló.
El auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez, advirtió a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, de que la deuda del Estado con la entidad aumentó un 21% en solo un año, entre agosto del 2022 y agosto del 2023, por lo que instó a agilizar la firma de un acuerdo de pago con el Ministerio de Hacienda.
Con base en información de la Dirección Financiero Contable de la CCSS, el auditor señaló que la deuda pasó en ese periodo de ¢2,76 billones a ¢3,3 billones, lo que también incluye las obligaciones del Seguro de Salud.
En diciembre, la CCSS y Hacienda alcanzaron un acuerdo de pago por ¢51.000 millones, pero este no incluyó fondos para el IVM.
Acosta: No hay recursos para financiar Estado social de derecho
Los diputados de la Comisión de Hacendarios cuestionaron a Acosta por el poco avance del gobierno en el pago de la deuda con la CCSS y la disminución en el presupuesto destinado a la inversión social, particularmente los recortes al financiamiento de las becas Avancemos.
El jerarca respondió que “hoy el sistema tributario” no permite financiar el Estado social de derecho que estableció el país, debido a la insuficiencia de los recursos para cubrir todas las necesidades. Alegó que el alto endeudamiento demanda mucho pago en intereses y amortizaciones a los acreedores.
“La única manera de acelerar esto es tratar de reducir la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) lo más rápido posible, y eso vamos a tener que hacerlo sacrificándonos un tiempo para asegurar un mejor futuro o, eventualmente, deberíamos hacer algún ajuste que permitiera hacer más justo el sistema tributario”, argumentó.
El miércoles de la semana anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, respaldó esa posición de Nogui Acosta.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la diputada liberacionista Paulina Ramírez, le respondió al jerarca que el gobierno hizo “sobrestimaciones de la deuda” y que, si bien esto puede favorecer los datos macroeconómicos, no ocurre lo mismo con el “costo social” que se estaría generando debido a esta práctica.
“Creo que estamos fallando con nuestro contrato social, estamos fallándoles a los costarricenses y estamos llevando nuestras finanzas más allá de lo establecido y de las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Para qué correr tanto, mientras el país se nos está yendo de las manos?”, fustigó la congresista.
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