La ministra de Vivienda, Irene Campos, les propuso a los diputados, este lunes, un borrador de proyecto para establecer diversas moratorias y arreglos de pago en materia de alquileres, tanto de vivienda como comerciales, por causa de la crisis del coronavirus.
Campos le entregó el borrador a la mesa de trabajo sobre arrendamientos, con el fin de atenuar las obligaciones de quienes perdieron o vieron reducidos sus ingresos por la emergencia nacional.
El proyecto plantea que el arrendador y el arrendatario deben negociar un arreglo de pago, en caso de que el segundo tenga una reducción significativa de sus ingresos.
El plazo para el arreglo tendría una vigencia de seis meses y tendría diferentes condiciones.
Si el arrendatario perdió su empleo o se le suspendió el contrato laboral, ambas partes tendrían que firmar un contrato para establecer una moratoria total del pago por un máximo de seis meses y de forma excepcional.
En cambio, si los ingresos de la familia arrendataria se redujeron en un 50%, el pago del alquiler se tendrá que reducir a la mitad del monto original y, si los ingresos de la familia se redujeran en menos de un 50%, el monto del arrendamiento deberá ser negociado entre las partes.
Para los arrendamientos comerciales, la moratoria total del arrendamiento se autorizará si el arrendatario tuvo que cerrar el local por una orden sanitaria.
Si no existe orden sanitaria, pero el local redujo sus ingresos en un 50%, el pago del arrendamiento también se reducirá a la mitad.
En el caso de que los ingresos hayan disminuido menos de un 50%, el pago del arrendamiento deberá ser acordado entre las partes.
Reintegro del dinero a los dueños
En caso de moratoria, el borrador propone que las cuotas no pagadas durante los seis meses que aplique la ley deberán entregarse a más tardar en enero del 2021.
En el caso de que por seis meses solo se haya cancelado el 50%, los arrendatarios tendrán que pagar a más tardar en octubre de este año y, si fuera un monto menor el que se dejó de pagar, se tendría que cancelar en julio.
Además, la iniciativa ordena la suspensión de los aumentos en todos los contratos de alquiler durante este año, así como la ejecución de los desahucios.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 18,7% de la población vive en viviendas alquiladas: 950.000 personas de los cinco millones de habitantes.
En el país, se registran casi 300.000 viviendas de alquiler, dentro de un total de casi 1,6 millones de casas de habitación.
El porcentaje de familias que vive en alquiler es mucho mayor en la zona urbana que en la rural: 22% frente a un 10,6%.
Requisitos para arreglos de pago
Para que los arrendatarios de viviendas puedan negociar con los dueños de los inmuebles que alquilan, deberán presentar una certificación del patrono sobre la reducción de la jornada, la suspensión del contrato o el despido.
Si son trabajadores independientes, deberán aportar una declaración del impuesto al valor agregado (IVA) donde se demuestre la reducción de los ingresos y, si fueran trabajadores informales, deberán presentar a sus arrendadores una declaración jurada autenticada por un notario.
En el caso de que un arrendatario de un local comercial necesite negociar con su arrendador, deberá entregarle la orden sanitaria de cierre del inmueble o un comparativo entre las declaraciones del IVA de febrero y la de marzo de este año.
Mesa de diputados
El diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que la nueva versión del proyecto recoge “insumos muy necesarios para alcanzar los balances entre propietarios e inquilinos”.
Entre ellos, destacó que se autorice los acuerdos privados entre las partes, aunque alegó que se deben afinar muchos aspectos de forma y fondo.
Para eso, Jiménez explicó que los diputados se reunirán este miércoles, de forma virtual, en la mesa de trabajo parlamentaria, para analizar la propuesta junto con la ministra Campos.
“A mí me satisface encontrar un artículo donde se esclarece el artículo original de mi propuesta para suspender los desahucios administrativos y judiciales en viviendas y locales comerciales, producto de la crisis sanitaria y financiera a que nos tiene sometidos el covid-19”, indicó el verdiblanco.
Por su parte, Ivonne Acuña, del bloque de independientes Nueva República, aseguró que le complace que el beneficio sea exclusivo para personas físicas o jurídicas afectadas por la emergencia nacional del coronavirus, además de que se introduzca el arreglo de pago entre arrendador y arrendatario.
Sin embargo, la fabricista señaló que tratará de que se consideren varias observaciones suyas en el plan, como la de que se tenga que recurrir a un notario público cuando sean trabajadores independientes, porque no todas las familias podrían acceder a eso.
También, dijo que podría no ser necesario que la moratoria se extienda tanto como seis meses, así como la necesidad de tomar en consideración la afectación a los arrendadores, que también tienen compromisos de pago de servicios públicos, préstamos y servicios municipales.
“Estoy segura de que muchas de las observaciones serán escuchadas”, indicó.