En la mesa de diálogo entre Gobierno y sectores, los sindicatos del sector público bloquearon una propuesta para reducir las cargas patronales que deben pagar los emprendimientos y las microempresas por el aseguramiento de los trabajadores.
El sector productivo propuso promover un trato diferenciado para estas empresas sin tocar las cuotas que financian a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El planteamiento, de hecho, hablaba de un trato diferenciado en lo correspondiente a “instituciones distintas de la CCSS”.
Actualmente, los patronos deben pagar un 26,5% de cargas patronales sobre el salario de cada trabajador.
De ese 26,5%, un 9,25% va a financiar al Seguro de Salud y Enfermedad de la CCSS y un 5,25% al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Ambos sistemas los administra la Caja.
Otro 3,75% es para financiar las pensiones complementarias de los trabajadores y el fondo de capitalización laboral.
El restante 8,25% va a otras instituciones: un 5% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), un 1,5% al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), un 1% al Instituto Nacional de Seguros (INS), un 0,5% al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y un 0,25% al Banco Popular.
El sector productivo propuso un trato diferenciado en cuanto a esta última parte, con el fin de mejorar la formalidad, la reactivación económica y la creación de empleo, así como generar nuevos ingresos a la propia CCSS con los nuevos aseguramientos.
No obstante, los sindicatos, liderados por el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), se opusieron de forma tajante en que se lograra un consenso inicial alrededor del tema.
Jorge Coronado, representante de ese grupo alegó que, entre otras razones, la redacción de la iniciativa “era muy abierta, no establecía ningún parámetro” y daría pie a una “afectación a instituciones emblemáticas del Estado”.
“En lugar de poner solo en la balanza el apoyo al emprendimiento y microempresas, ese apoyo, emprendimiento y microempresas nos podría, como país, salir muy caro en términos de golpear la institucionalidad pública encargada de la protección social”, aseveró el sindicalista.
La negativa se dio el viernes 13 de noviembre, en la sesión plenaria número 8 de ese foro de discusión, donde el Gobierno busca alternativas para atenuar la deuda pública y el déficit fiscal.
Mónica Segnini, representante del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica (CPC), precisó que de ninguna manera la iniciativa buscaba reducir la posibilidad de ingresos de la Caja, como lo insinuó Bussco.
Afirmó que el planteamiento debía “aterrizarse” para evitar que cotizantes actuales, ubicados en ese sector de negocios, se pasen a un nuevo régimen de aseguramiento más favorable, e insistió en que una de las principales razones del plan es fomentar la formalidad.
“Actualmente la informalidad ronda el 46%, lo que implica trabajadores sin seguridad social y empresas que no están aportando a la seguridad social. Lo que busca esta propuesta es reactivar la economía, reactivar el empleo y sostenerlo, dentro de lo que se nos pidió que hiciéramos aportes para generar ingresos. Ese es el espíritu”, explicó en la plenaria del diálogo.
Segnini pidió a las 51 organizaciones restantes, que asistieron ese día al foro, tomar en cuenta las preocupaciones sindicales.
Sin embargo, a la vez, clamó por que no se se cerrara la posibilidad de abrir un espacio, incluso, para que empresas o profesionales libres informales puedan ingresar al esquema de la Caja mediante un mecanismo que podría aprobar la Junta Directiva de la institución.
Secundó el plan Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC). Dijo que el plan estaba en la dirección correcta.
“Este año ha sido muy duro. Ha provocado muchas muertes muy lamentables, pero también ha provocado muertes jurídicas. Muchas empresas no han podido sobrevivir a los daños causados por esta crisis”, recordó.
Rosabal añadió que, en el país, hay “un montón de pequeñas empresas” que ahora no están en capacidad de trabajar en la formalidad: “Eso lo que provoca es que haya una gran cantidad de recursos que Hacienda no está percibiendo”.
Según expuso, al incentivar la formalidad, “la CCSS va a recibir más recursos, recursos que hoy en día no está recibiendo del todo”.
Agregó que, si bien ese trato especial no era la pomada canaria para resolver problemas de informalidad, era necesario disminuir cuotas patronales y generar exoneraciones de renta en los primeros años para esos negocios.
“Es muy importante que se generen las condiciones para que estas pequeñas y microempresas tengan incentivos para acceder a la formalidad. Deben existir condiciones diferenciadas. Esta propuesta va por esa línea. No es perjudicar a la Caja lo que busca”, explicó.
Por su parte, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, se sumó a la idea de “ir aportando hacia la formalización”, según lo expuso.
“Que pequeñas empresas, emprendimientos, puedan ir contribuyendo gradualmente. No se trata, de ninguna manera, de afectar a la Caja. Se trata de ir evolucionando y que vayamos avanzando hacia la formalización con algún grado de contribución de quienes hoy no tienen la capacidad de hacerlo, pero que pueden aportar algo”, expuso.
Pero Jorge Coronado, representante de Bussco, al reiterar su oposición a la iniciativa, reafirmó que desaprobaba partir “del principio de que estimular microempresas y emprendimientos es únicamente con el mecanismo de reducción de cargas patronales, por las implicaciones que eso tiene”.
“Además, no se dice ni cómo ni qué mecanismo y eso acentúa nuestra oposición a la propuesta”, agregó.
El plan del sector productivo tampoco había logrado consenso cuando se discutió en la mesa técnica, previo a su llegada al plenario del diálogo, precisamente, por la oposición de los sindicatos.
Incluso, la redacción llegó a la plenaria del viernes con un cúmulo de observaciones:
- “Se señala que la CCSS ya tiene un esquema de contribuciones diferenciadas para Pymes”.
- “Se señala la necesidad de conocer el impacto financiero en otras entidades como Fodesaf, así que no se precisan los alcances y datos que fundamenten su análisis”.
- “Señala que no hay impactos sobre las contribuciones actuales por tratarse de nuevas empresas que actualmente no están aportando a la Seguridad Social”.
- “Sugiere que se agregue a la propuesta un periodo de gracia para la incorporación al sistema tributario”.
- “Se propone crear un grupo de trabajo para tratar el tema en profundidad”.
Actualmente, la CCSS tiene un mecanismo para facilitar el aseguramiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En cuanto a las cuotas patronales, consiste en otorgar un pago escalonado en las cuotas del SEM de la Caja de la siguiente forma: en el primer año, el patrono paga un 4,25% y, progresivamente en cada año siguiente, ese porcentaje crecerá un 1 punto porcentual hasta llegar a un 7,25 % en el cuarto año. Al quinto año, se llega al 9,25% que pagan todos.
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La propuesta de los sectores productivos era trabajar sobre las otras cuotas, las que no tienen que ver con la CCSS.
Al final, en el diálogo, Coronado, tras hacer consultas a lo interno de su gremio, accedió a que se creara un grupo de trabajo que analice cuál debería ser la estrategia para “ir garantizando una formalización de microempresas y emprendimientos”.
“Esta propuesta es como para que avancemos, para que garanticemos que las reservas nuestras se mantengan, que no sean obstáculo. Creemos que, mientras logremos ir formalizando cada vez más a sectores productivos, eso redundará en una mejor protección social, en una mayor institucionalización, etcétera. Va a ayudarnos a evitar el fraude fiscal”, agregó.
La redacción final del acuerdo de la mesa de diálogo pidió conformar un grupo de trabajo mixto entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que ambos “analicen cuál debería ser la estrategia de formalización de emprendimientos y microempresas”.
Ese grupo deberá presentar un informe a más tardar en seis meses.
