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El Ministerio de Educación Pública (MEP) urge a la Asamblea Legislativa aprobar ¢16.368 millones adicionales para culminar siete obras de infraestructura que quedaron a medio construir desde el año pasado.
Así lo demandaron este miércoles la ministra de esa cartera Giselle Cruz, y su viceministro Administrativo, Steven González, ante los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios.
En dicho foro se tramita el cuarto presupuesto extraordinario de la República del 2021 que contiene recursos para el MEP.
Según argumentaron ambos jerarcas, el Ministerio requiere de los ¢16.368 millones para terminar la construcción de cuatro centros educativos y tres canchas multiusos.
Estas obras eran parte de los 103 proyectos que se pretendían levantar con un fideicomiso educativo por $167,5 millones financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al cierre del programa, el 31 de diciembre del año pasado, se levantaron 48 obras; otro número igual no se construyó y quedaron inconclusas las siete restantes.
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Los trabajos que se requiere terminar se encuentran en la Escuela Azul, en Turrialba, y el Liceo Rural Santa Rosa, en Oreamuno, ambos en la provincia de Cartago.
Asimismo, el dinero serviría para continuar con la edificación de la Escuela La Hermosa, en Pérez Zeledón, y la Unidad Pedagógica Sotero González, en Desamparados, San José.
En cuanto a las tres canchas multiusos, una se encuentra en el CTP Santa Lucía, de Paraíso, Cartago; y otra en el CTP 27 de Abril, de Santa Cruz, Guanacaste.
La tercera cancha que se requiere culminar es la del CTP Hojancha, en Nicoya, Guanacaste.
Lo invertido en obras inconclusas asciende a ¢9.681 millones.
En imágenes expuestas por los jerarcas, se observa que falta casi toda la construcción del Liceo Rural Santa Rosa porque solo se lograron terminar las bases.
Mientras, en la Unidad Pedagógica Sotero González se pbservan maleza, charcos y estructuras de hierro tiradas sobre el suelo. La obras inconclusas se ven deterioradas.
La ministra Cruz le respondió a la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de Hacendarios, que “se requiere ese dinero para terminar” esas construcciones.
“Cuando recibimos el fideicomiso en 2019 hicimos los procesos para poder avanzar”, añadió.
Por su parte, el viceministro González alegó que esas obra no se pudieron terminar porque las empresas constructoras las abandonaron sin terminar.
“Y ahora, requerimos contratar nuevas empresas que las puedan terminar”, señaló.
Distribución de dinero
De acuerdo con el cuarto presupuesto extraordinario 2021 en discusión, esos recursos se financiarían con deuda interna del Gobierno.
De aprobarse esta partida extraordinaria, el MEP tendrá que transferir el dinero al Banco Nacional, entidad encargada del fideicomiso.
Los fondos se utilizarían para la contratación de una nueva unidad ejecutora y de una empresa de supervisión e inspección de obras.
También, serviría para contratar especialistas en costos e ingeniería; pago de servicios públicos, custodia, vigilancia, limpieza y chapea, entre otros.
A marzo anterior, el MEP gastaba cerca de ¢19 millones en seguridad privada para custodiar esas obras inconclusas.
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Continuar con su desarrollo sería parte del cierre del fideicomiso, para lo cual se requiere de una autorización presupuestaria de ¢26.633 millones en total.
El requerimiento contempla el dinero para culminar las obras, y otra partida de ¢10.265 millones para pagar al BID por los gastos no elegibles.
Dichos gastos son ¢5.638 millones para pago de la inversión principal, amortizaciones e intereses del crédito; los restantes ¢4.626 millones van al pago de terrenos e inversiones de la infraestructura educativa culminada.
“Se refiere a las inversiones realizadas en las 48 obras que del todo no iniciaron”, argumentó González.
El Gobierno tiene hasta el 15 de julio para hacer el cierre del fideicomiso, insistió Cruz.
Diputados reaccionan
El requerimiento extraordinario de dineros para el MEP molestó a los diputados de Hacendarios.
“De nuevo hay falta de información y la falta de claridad en el manejo de los recursos presupuestarios”, se quejó la liberacionista Ana Lucía Delgado.
Delgado expresó dudas en avalar los ¢10.265 millones para el cierre del fideicomiso, los cuales se encuentran en la Caja Única del Estado.
En su opinión, este cambio de destino podría resultar atípico, pues, se tramita a través de una norma presupuestaria, cuando el fideicomiso se creó a través de una ley que definió las reglas de su manejo.
“De ser así, puede ocurrir una inconstitucionalidad”, advirtió.
También cuestionaron la solicitud de esos recursos la liberacionista Yorleny León, la socialcristiana María Inés Solís, el republicano Otto Roberto Vargas y el fabricista Harllan Hopelman.
En tanto, Laura Guido, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidió su aprobación.
La rojiamarilla advirtió que de no concluirse las obras se afectaría a 2.750 estudiantes y se perderían los ¢9.681 millones invertidos.
