El magistrado Jesús Ramírez renunció el viernes a la presidencia de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
La renuncia se produjo tres días después de una polémica audiencia, dirigida por él, en la que el máximo tribunal penal del país declaró primero sin lugar, y luego inadmisibles, dos recursos de los abogados del presidente Carlos Alvarado en el caso de la UPAD, sin haber escuchado los alegatos de las partes: los de la defensa y los de la Fiscalía General.
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Ramírez le presentó una nota a sus compañeros de Tribunal en la que renuncia a la presidencia, pero continúa como magistrado, informó la Corte.
En enero del 2020, el había sido electo presidente de la Sala III por un periodo de cuatro años, puesto que ejercía de forma interina desde el 2018.
El mismo viernes, los altos jueces eligieron, por unanimidad, a la magistrada Patricia Solano como la nueva presidenta de la Sala de Casación Penal.
La audiencia del martes, en la Sala III, tenía por objetivo discutir dos gestiones por actividades procesales defectuosas presentadas por los abogados del mandatario, quienes argumentaron que la Fiscalía se extralimitó en el allanamiento a Casa Presidencial, el 28 de febrero, al secuestrar información relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública, junto con datos de terceros ajenos al proceso.
Sin embargo, al comienzo de la vista, Ramírez declaró a los presentes que se declaraban sin lugar las actividades procesales defectuosas, sin que las partes hubiesen expuesto sus argumentos.
“La actividad procesal para interponer esas..., sobre la prueba tanto pericial como testimonial, no es este el momento procesal. En cuanto a la apertura de la prueba, ustedes van a estar presentes y la señora fiscala y, si ustedes consideran que se está extralimitando la apertura de documentos que no proceden, es ahí donde ustedes hagan valer sus derechos”, dijo Jesús Ramírez.
En el video de la sesión, se escucha que alguien le habla al oído y se suspende la sesión por cinco minutos.
En la reanudación de la audiencia, la defensa de Alvarado consideró que se violaron los derechos constitucionales del mandatario, al tiempo que cuestionó si los magistrados de la Sala de Casación Penal tenían una decisión tomada de antemano.
John Brenes, defensor de Felly Salas, exjefa de despacho del presidente, recusó a Jesús Ramírez.
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Sin embargo, la fiscala general, Emilia Navas, recusó a los cinco magistrados al argumentar que existió una “corresponsabilidad de los otros cuatro señores magistrados y magistrada que intentaron enmendar de una forma muy informal” la decisión que Ramírez anunció al principio.
“Si yo soy responsable como miembro de la Sala de Casación Penal y si sé que un compañero no estaba en condiciones ni de dirigir esta audiencia, mi responsabilidad es decir ‘don Jesús sepárese, inhíbase, que venga otra persona”, dijo Navas.
Los otros magistrados presentes eran Álvaro Burgos, Sandra Zúñiga, Gerardo Alfaro y Jorge Desanti Henderson.
Navas calificó la audiencia como una “falta de seriedad” y dijo que no permitiría que, por una situación como la ocurrida, se trajeran abajo el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en el futuro alegando la nulidad del proceso.
En este caso, se investiga si una oficina de Casa Presidencial accedió a datos confidenciales de los habitantes resguardados en las instituciones públicas.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) le solicitó a la Corte Plena abrir una investigación sobre lo ocurrido en la sesión de la Sala III.
“Se ha puesto de manifiesto la negligencia en la conducción de la audiencia convocada para conocer de las actividades procesales defectuosas presentadas por los acusados”, argumentó la Acojud.
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