El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descargó y copió en una computadora correos de toda índole del presidente de la República, Carlos Alvarado, los cuales contienen información de seguridad nacional, relaciones internacionales, salud pública y también sobre el caso UPAD.
Así lo afirma el abogado codefensor del mandatario, Rodolfo Brenes Vargas, quien califica de falta “gravísima” lo ocurrido, pues argumenta que se trata de información sensible y “de relevancia para la seguridad nacional”.
La queja la iba a plantear el martes en una audiencia ante los cinco magistrados de la Sala Tercera, la cual se convirtió en un caos por un error de procedimiento del presidente de ese foro, Jesús Ramírez Quirós.
Brenes alega que en el allanamiento que hizo el Ministerio Público a la Casa Presidencial, el 28 de febrero, la Fiscalía y agentes del OIJ secuestraron la computadora del mandatario y dos celulares.
En esos dispositivos se incluye “información de terceros que no son parte en el proceso”, así como datos sobre “seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública”.
Incluso, advierte que es “información que no está relacionada con el caso UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos)”, el cual investiga el Ministerio Público para determinar si desde esa oficina la Casa Presidencial accedió a datos confidenciales de ciudadanos que están en bases de datos de instituciones públicas.
“El habérsenos negado la posibilidad de exponer aquí (en Sala Tercera), y de traer a los testigos, impide a esta defensa poner en conocimiento de estos honorables magistrados y magistrada hechos gravísimos, como que el OIJ descargó los correos del señor presidente a una computadora a través de un software que no es forense, no es una herramienta forense”.
“Microsoft Outlook es una herramienta que se usa para editar correos, para borrar y suprimir, y con esa herramienta capturaron los correos. Después le hicieron un copy paste, lo extrajeron del disco duro y simplemente shift, delete, borraron la información, pero resulta ser que eso no es un borrado adecuado.
“Desde una perspectiva forense, debe hacerse lo que se conoce como una sanitización del disco duro. Hay información del señor presidente de la República que está en dos computadoras de oficiales del OIJ, que teóricamente podría ser restablecida y recuperada en cualquier momento”, afirma Brenes.
Tanto él como el otro abogado codefensor, Róger Guevara Vega, sostienen que la Fiscalía y el OIJ se extralimitaron en los secuestros de información en la Casa Presidencial y se llevaron la totalidad de los correos electrónicos del mandatario, sin discriminar cuáles contenidos eran pertinentes para la investigación de la UPAD y cuáles no.
“Todos sabemos que un presidente maneja información que es sensible, que es incluso secreto de Estado”, señala Brenes.
Agrega que planeaba llevar como testigo al jefe de Tecnologías de Información de Casa Presidencial, quien iba a exponer cómo funciona el almacenamiento de información en Zapote.
Según el abogado, el OIJ extrajo documentos de personas que trabajaron allí antes de que Alvarado fuera presidente, y que no tienen ningún vínculo con el tema que se encuentra bajo investigación penal.
La audiencia ante los cinco magistrados fue convocada exclusivamente para debatir el reclamo de los codefensores de Carlos Alvarado, quienes consideran lo ocurrido en el allanamiento como actividad procesal defectuosa.
Sin embargo, de entrada, sin escuchar a los dos abogados, el presidente de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, declaró “sin lugar” las acciones de los ambos juristas.
Luego, varió el criterio y dijo que eran “inadmisibles”, lo cual levantó reclamos tanto de los abogados del mandatario como de quienes acusan al considerar que Ramírez está en incapacidad de seguir conduciendo el proceso.
La fiscala general, Emilia Navas, lanzó una durísima crítica del manejo que hicieron Ramírez y los otros cuatro magistrados y demandó que se separen del caso y nombren otro tribunal. Alega que ella intenta evitar que, por un error como el que se dio en la audiencia, el proceso pueda ser declarado nulo.
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Las gestiones por actividades procesales defectuosas, presentadas por Brenes y Guevara en abril, alegan que el Ministerio Público extrajo información relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública de Costa Rica.
“La Fiscalía debía demostrar por qué procedía secuestrar la totalidad de la información. Si se mantiene lo resuelto, no va a haber manera de enmendar el vicio. ¿Por qué? Porque ya se va a haber vulnerado el derecho constitucional del señor presidente de la República y eso es irremediable”, reprocha Brenes.
El defensor de Alvarado dijo que la Fiscalía podría argumentar que solo va a incorporar al expediente la prueba pertinente para el caso de la UPAD, lo cual considera injustificable.
“Vean ustedes que, con ese razonamiento, yo puedo allanar a cualquiera y llevarme lo que me dé la gana, porque siempre a final de cuentas voy a discriminar y llevarme la información después”, reclama Brenes.
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“Siento que nos han hecho una tomadura de pelo cuando citan a una vista oral para escuchar los argumentos de esta defensa, que respetuosamente hemos planteado, en un proceso inédito donde se está investigando al señor presidente de la República, y viene a dictarse una resolución en la que ad portas se rechazan los recursos, que luego sin motivación se declara inadmisible, y donde nos dejan en un estado de total absoluta indefensión”, protestó el abogado.
Por su parte, las decisiones dictadas por los magistrados de la Sala III llevaron a Emilia Navas a decir que la sesión fue “una falta de seriedad”.
La jefa del Ministerio Público advirtió que no permitirá que, por errores de los magistrados, en el futuro alguien pueda “traerse abajo” la investigación penal de la UPAD. Por ello, exigió que los cinco altos jueces que participaron de la audiencia sean reemplazados por otros, y que los reclamos de la defensa del presidente se conozcan de nuevo, desde cero.
La Fiscalía aún no ha tenido acceso a la información que recabó el OIJ durante los allanamientos del 28 de febrero, debido a que para eso requiere la autorización de la Sala III, y antes de eso deben resolverse los reclamos de los abogados del presidente.