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“¿Que ha habido asesinatos? Sí. ¿Que esos son lamentables? Sí. Y también sí, los estamos combatiendo”.
Con esas palabras, el presidente Luis Guillermo Solís reafirmó su postura de que la seguridad pública no se ha salido de las manos del Estado.
“No es que estamos ignorando los alcances del delito, pero pintar a Costa Rica como un país caótico, en donde no hay ley y en donde impera, en las calles, la ley de la selva, me parece una exageración y una barbaridad”, enfatizó el mandatario.
Como ejemplo de las acciones desarrolladas por el Gobierno para combatir la violencia en las calles, este martes Solís presentó 67 motocicletas y tres patrullas que serán utilizadas por la Fuerza Pública para la vigilancia.
“Le pedí al señor ministro que, en lo posible, ubique este equipo en las zonas donde más violencia ha habido en las últimas semanas. Eso para constatar que hay presencia policial, porque sabemos que la dinámica de estos grupos cambia rápidamente”, señaló.
Algunos de esos lugares serán Desamparados, Pavas, Liberia, Pérez Zeledón y Garabito.
"Nunca ha habido en mis declaraciones subestimación ni de la gravedad ni de la cantidad de víctimas. Y lo que he dicho también es que no vive Costa Rica en el Lejano Oeste. Este es un país de derecho. Este es un país de leyes. Este es un país donde la Policía y el Estado garantizan la seguridad de las y los costarricenses.
"Es un país donde la Fuerza Pública hace su trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos (...). La situación es tan seria para generar una política articulada de todos los órganos del Estado, para ameritar una inversión de ¢1.400 millones en capacitación y entrenamiento de nuestras fuerzas de seguridad, precisamente para seguir manteniendo esa seguridad que impera. Costa Rica sigue siendo un país de leyes. Tenemos que dar cuenta de que la situación en las calles está bajo control de la Fuerza Pública", continuó el presidente.
Grave. “El país debe sentirse consternado por la pérdida de vidas y por la forma en que el crimen organizado y los sicarios operan en las calles de San José y en otras partes del país”, agregó Solís.
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El presidente se refiere, por ejemplo, al alza en los homicidios relacionados con el narcotráfico. Según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el 2012, cada mes se cometían seis asesinatos relacionados al narco. Sin embargo, durante la primera mitad de este año, cada mes murieron 17 personas por la misma causa.
Además de la compra de equipamiento, Solís recordó que, en reunión con los poderes legislativo y judicial, se acordó tomar medidas para coordinar la acción de los cuerpos encargados de resguardar la seguridad del país.
Dos de esas medidas serán la presentación de varios proyectos de ley y la capacitación de los oficiales de la Fuerza Pública, según informó.
Caso en Incopesca
Luego de las declaraciones del presidente, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, informó de que el Consejo de Gobierno decidió ampliar la investigación sobre Anita Mc Donald, miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
A la directora se le investiga luego de conocerse que autentificó la firma del sospechoso de narcotráfico, Gilberth Bell Fernández, conocido como Macho Coca, en el formulario que presentó para solicitar un permiso de operación veterinario para un muelle ilegal en Portete, Limón.
Dicha construcción se encuentra bajo investigación, ya que las autoridades confirmaron que se encuentra ligada al narcotráfico.
Mc Donald también fue quien recomendó a Bell para integrar la Comisión Asesora de Incopesca en Limón.
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Alfaro indicó que a la investigación se agregaron pruebas documentales aportadas por la prensa, y que la pesquisa tomará al menos dos semanas más.
“No podemos suspenderla. Podríamos removerla, según las facultades que tenemos, pero hasta que no tengamos un proceso debidamente llevado hasta el final, no podemos tomar una decisión”, explicó.
