EscucharEn al menos tres ocasiones, el candidato Juan Diego Castro afirmó en redes sociales que Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), recibiría una pensión de lujo del Poder Judicial gracias a una moción presentada por una diputada liberacionista en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, su aseveración resultó falsa.
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A las 6:33 p. m. del viernes 5 de enero, el aspirante del Partido Integración Nacional (PIN) publicó un mensaje en Twitter con la fotografía de un documento y el siguiente texto: “Moción presentada por diputada del PLN por la que Antonio Sobrado recibiría una pensión de lujo de ¢10 millones al mes”.
Castro basó su afirmación en una propuesta de la legisladora verdiblancia Maureen Fallas, la cual fue aprobada dentro del proyecto para reformar las pensiones del Poder Judicial.
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Esta moción pretende que se respeten los derechos adquiridos de los magistrados del TSE y del director del Registro Civil para que pueden jubilarse con el régimen de pensiones de la Corte, según el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Castro interpretó que, gracias a tal modificación, el jerarca del Tribunal podría pensionarse bajo ese régimen, que hoy permite jubilarse con el 100% del salario promedio de los últimos 24 meses. Sobrado tiene un sueldo de ¢9,9 millones.
Sin embargo, dicho artículo es claro en decir que, para que estos altos funcionarios del Tribunal puedan acogerse al régimen de pensiones de la Corte, tienen que haber trabajado durante más de cinco años como “abogados funcionarios judiciales”.
En el caso de Sobrado, resulta que él nunca ha trabajado para el Poder Judicial, por lo que no calificaría, de ninguna manera, para este beneficio ni ahora ni con la reforma que fue aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa y que está pendiente de revisión en la Sala IV.
Una semana después, el propio presidente electoral indicó que nunca ha cotizado para el régimen de la Corte. “Los medios de comunicación lo han aclarado. Yo soy cotizante desde hace décadas para el sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el IVM, bajo las reglas que nos obligan a la mayoría de los costarricenses”, aseveró.
De hecho, ninguno de los otros cuatro magistrados activos del TSE calificaría para acogerse al régimen judicial. Ni Luis Diego Brenes ni Zetty María Bou Valverde han trabajado para la Corte, mientras que Eugenia María Zamora Chaverri lo hizo durante siete meses y Max Esquivel Faerrón, durante dos años.
La reforma a las pensiones judiciales, a la que Castro hizo referencia, pretende cerrar un déficit de ¢5,3 billones en el sistema, reduciendo el monto que se otorga a los pensionados, aumentando la edad, imponiendo un tope de ¢4 millones y exigiendo aportes solidarios a los jubilados actuales que superen los ¢4 millones.
Tras varios intentos de consultarle sobre este tema, Castro indicó este martes 16 de enero a La Nación que tiene investigado el asunto pero que no se iba a referir de momento. Así lo señaló después de participar en un debate con otros candidatos presidenciales en el Edificio Cooperativo.
Luego, manifestó: "Es muy interesante, porque aquí, ustedes, los señores de La Nación, le dan siempre vuelta a la verdad. ¿El punto es si yo puedo probar o no que es (la moción de la diputada) para Antonio? Ya lo voy a probar. Por lo menos, sí me satisface que, si era para él, se le echó a perder y no va a ser así".
