Aunque este martes fue aprobada en el Congreso, en segundo debate, la ley para bloquear la señal celular en las cárceles, su implementación está aún muy lejana.
El transitorio de la norma indica que la misma entrará a regir nueve meses después de que se redacte su propio reglamento.
El Ministerio de Justicia es la institución encargada de elaborar este reglamento, junto a una comisión de trabajo integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y las operadoras telefónicas.
Este grupo también deberá evaluar la tecnología disponible en el mercado para evitar que los vecinos cercanos a cárceles sean afectados por la nueva ley de bloqueo de la señal celular.
Asimismo, consultará con las poblaciones aledañas a los centros penitenciarios, y en caso de ser necesario, elaborará una lista con los datos de los afectados por el bloqueo para que accedan a la señal celular con normalidad, explicó el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi.
“Tenemos claridad que hay un mandato por parte de los señores y señoras diputadas de evitar la afectación a los vecinos de los centros penales urbanos. Es importante manifestarle a la población que la gran mayoría de los centros no cuentan con población que viva cerca de los mismos”, agregó.
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El objetivo principal de la ley es evitar las estafas telefónicas, delito que entre julio del 2017 y julio del 2018 le costó ¢2.741 millones a las víctimas, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Incluso, existe un amplio negocio por el que las bandas pagan entre ¢80.000 y ¢400.000 a particulares y hasta funcionarios de Justicia para que ingresen móviles a los centros penitenciarios.
Al entrar a regir esta legislación, que reforma la Ley General de Telecomunicaciones, las operadoras serán las responsables de impedir el funcionamiento de la señal en las prisiones.
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De incumplir con este mandato, serán penalizadas con una infracción leve, y en caso de repetirse recibirán una sanción grave e incluso muy grave, que es castigada con una multa de entre 0,5% y hasta un 1% de los ingresos brutos del operador obtenidos durante el período fiscal anterior.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) criticó fuertemente la ley en un comunicado enviado este miércoles, al asegurar que “contraviene reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo mismo que principios elementales de justicia, lógica y conveniencia”.
Según Infocom, la ley tiene graves vacíos legales y técnicos que dificultarán su aplicación.
“No es posible garantizar un 100% de bloqueo de señal celular y tampoco puede garantizarse en un 100%, como lo establece el texto, la no afectación a los vecinos, comercios y transeúntes de las comunidades aledañas a los centros penitenciarios”, agregó el comunicado.
“Es lamentable que, aunque un grupo de legisladores mostró interés y voluntad para mejorar la redacción del proyecto, la mayoría de los señores diputados no hayan hecho caso omiso a los criterios técnicos de las entidades expertas en la materia”, declaró la directora ejecutiva de Infocom, Ana Lucía Ramírez.
El proyecto fue aprobado con 49 votos a favor y solo dos en contra, de los socialcristianos María Vita Monge y Erwen Masís. Este último reclamó que no hayan sido aceptadas las mociones hechas por su partido, que pretendían limitar los daños a terceros y que no fuera afectado el servicio 9-1-1 .
“Si un proyecto de ley puede ser depurado y consensuado para mejorarlo, para garantizar que su impacto cumpla el objetivo que tiene, ¿por qué no hacerlo? Nosotros hemos presentado cinco puntos para mejorar este proyecto y no han sido aceptados, no entiendo por qué, si realmente no causan más que beneficio”, indicó Masís.
El también socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca, votó a favor del proyecto, pero aseveró que “cuando haya afectación de terceros, entonces ahí van a venir reclamos serios y tenemos que responsabilizarnos. No podemos entregarle a las operadoras una responsabilidad en la que también debe contribuir el Ministerio de Justicia”.