Las causas penales que tengan víctimas o testigos bajo protección de las autoridades, debido a los riesgos de que sufran atentados, tendrían máxima prioridad en el sistema judicial costarricense.
Así lo propone una de las seis iniciativas de ley impulsadas por los jerarcas de los supremos poderes para combatir el crimen organizado, la legitimación de capitales y la corrupción.
Se trata de una reforma al Código Procesal Penal que otorga prioridad a todas aquellas diligencias o pericias judiciales en los casos penales a los que se le haya otorgado protección a personas.
De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta, esta iniciativa pretende garantizar el derecho de justicia pronta y cumplida a las personas que viven con temores por sus denuncias, así como evitar la revictimización en el proceso.
“En la actualidad esa población debe esperar por meses y años para que se realice una diligencia judicial, en la cual deben participar, a pesar de existir una situación de riesgo en su perjuicio, lo cual constituye una revictimización, no solo por tener que vivir diariamente las circunstancias del delito, sino porque deben revivirlas cuando son llamados a estrados judiciales.
“No puede desligarse emocionalmente y seguir adelante con su vida, tratando de retomar su cotidianidad, cuál es su derecho como personas”, señala el texto.
Asimismo, el proyecto de ley establece plazos máximos para que los jueces resuelvan las solicitudes de allanamientos a casas de habitación, negocios u oficinas de personas investigadas en denuncias penales en casos de delincuencia organizada. Actualmente la legislación no impone límites.
La iniciativa propone que el plazo máximo sea de hasta cinco días hábiles en casos ordinarios, y de hasta 10 días hábiles para casos por criminalidad organizada.
“La ausencia de este control ha generado la prolongación en el tiempo de gestiones con consecuencias adversas para la investigación, tales como la pérdida o destrucción de prueba, fuga de información, fuga de personas investigadas, entre otras; circunstancia que va en detrimento de la garantía de acceso a la justicia y del principio de justicia pronta y cumplida.
“Para administrar el riesgo que representa la prolongación en la toma de la decisión por parte del juzgador, se considera necesario establecer plazos razonables para la resolución de la solicitud de allanamiento, tomando en consideración los tipos de procesos, sean asuntos complejos, de delincuencia organizada”, señala la exposición de motivos.
Entre las otras propuestas impulsadas por los supremos poderes se encuentra una iniciativa que permitiría el uso como prueba de las escuchas telefónicas, previamente ordenadas por un juez, para sancionar en las instituciones públicas a empleados públicos corruptos.
También acordaron impulsar una reforma al sistema de financiamiento de partidos políticos que, entre otras cosas, introduce el retiro anticipado del 50% de los fondos de deuda política para financiar las campañas electorales municipales. Actualmente esa figura no existe.
El Estado aboga por evitar la revictimización en proyecto de ley para agilizar los procesos judiciales en aquellos casos donde haya víctimas o testigos bajo protección. Foto: Shutterstock.
