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No todas las instituciones públicas siguen al pie de la letras las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR), institución encargada de vigilar la Hacienda Pública por orden constitucional.
Mientras algunas entidades cumplen sus órdenes eficientemente, muchas están lejos de hacerlo, perjudicando los servicios que brindan a la ciudadanía.
Ocho municipalidades, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se sitúan entre las diez casillas con peor cumplimento.
Así lo demuestra el Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR), estudio donde la Contraloría evalúa el cumplimiento de decenas de instituciones públicas.
La CGR emitió este viernes la tercera edición del índice, creado para mostrar el grado de avance de las instituciones con respecto a la capacidad de concretar y mejorar las fallas detectadas por las auditorías del ente contralor.
El IDR es un instrumento que busca mejorar la gestión, rendición de cuentas y la transparencia de la Administración Pública.
Las calificaciones van del 0 al 100. Mientras más se acerque el número a 100, mejor es el cumplimiento. Para hacer la medición, se toman en cuenta tres factores: eficacia, eficiencia y gestión.
La calificación de la Municipalidad de Oreamuno fue de 23, convirtiéndola en la institución con la peor nota.
Según se desprende del análisis, la principal deficiencia de este gobierno local está en su poca eficacia, donde obtuvo solamente cinco puntos de 100 posibles. En eficiencia, la CGR le otorgó un 54, mientras que en la gestión, un 38.
Debido a esto, la CGR la clasificó como una institución con alta oportunidad de fortalecimiento, por lo que debe de subsanar las deficiencias identificadas por el ente contralor, así como a promover mejoras institucionales.
La municipalidades de Atenas y Dota comparten situaciones similares; cada una obtuvo una nota final de 24 y 25 respectivamente.
Por su parte, Judesur recibió un 38. Fue clasificada con un grado medio de fortalecimiento, es decir, que no está tan mal en su desempeño, pero no tampoco es lo deseado.
Otra de las instituciones que tiene un rango medio de eficiencia es el AyA. El Instituto ocupa el noveno peor puesto de cumplimiento, con un 47.
En eficacia , el AyA obtuvo una nota de 41, mientras que su eficiencia fue valorada con un 48. La excepción en sus notas altas fue un 77 en su capacidad de gestión.
La calificación promedio de las 128 instituciones medidas en el IDR 2020 fue de 76 puntos, dato que refleja una mejora con respecto al obtenido en promedio 2019, el cual fue de 70 puntos.
Para las evaluaciones, se consideraron los avances al 31 de julio de 2020, a partir de los informes de auditoría emitidos durante el período 2018-2019, correspondientes a 128 instituciones.
Instituciones más obedientes
Para la edición 2020 , alrededor del 70% de las instituciones obtuvieron calificaciones superiores a 70 puntos, lo cual según el IDR representa una mejora, pues se están considerando sus llamadas de atención.
De estas, solamente 30 obtuvieron una nota mayor de 90, de las cuales poseen poca o media necesidad fortalecimiento.
Con un puntaje de 100 se ubican en la lista de mayor eficiencia el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y Popular Valores Puesto de Bolsa S. A.
Le siguen instituciones como Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), Banco Central de Costa Rica (BCCR), Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) entre otras.
Susceptibilidad institucional
Ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país por la covid-19, la CGR se dio a la tarea de elaborar un instrumento de análisis del nivel de riesgo de las instituciones públicas.
Para esto, el IDR propone el concepto de susceptibilidad institucional, con el cual mide el grado de fragilidad interna de las instituciones para responder ante las amenazas y el posible impacto que generará la pandemia.
De ahí se indica que las municipalidades de Golfito y Upala, junto al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), son los más susceptibles al efecto de la pandemia.
Para ello, la CGR consideró los factores que afectan las áreas financiera, operativa, de recursos humanos y de tecnologías de información.
Este nivel de susceptibilidad se determinó con base en las brechas existentes en las instituciones públicas respecto a las buenas prácticas en la materia.
Según señala en informe, para muchas de las instituciones con alto puntaje de IDR, el riesgo a los impactos de la pandemia es menor.
“Se puede afirmar estadísticamente que el esfuerzo de las instituciones para adoptar mejoras en su gestión, a partir de las auditorías realizadas por la Contraloría General, ha favorecido en el fortalecimiento de su gestión, y con ello a facilitar la adaptación y aumentar la capacidad de respuesta ante un entorno cambiante”, señala la CGR.
Según el IDR, las tres instituciones menos susceptibles son la Municipalidad de Heredia, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y BN Valores Puesto de Bolsa S. A; con notas de 17 para el gobierno local y de 19 para las otras dos instituciones.
El informe del IDR se encuentra disponible en la página web de la CGR (www.cgr.go.cr).
