El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, analiza en una audiencia preliminar si el exdiputado y presidente del PASE, Óscar López, debe ir a juicio por supuestamente realizar nombramientos fantasma en la Asamblea Legislativa.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) le atribuye un aparente peculado, delito que es sancionado con penas de tres a 12 años de prisión en el Código Penal.
Junto a él, y por los mismos hechos, también figuran como imputados otros tres exlegisladores del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE): Rita Chaves, Víctor Emilio Granados y Martín Monestel, quienes ocuparon un curul entre mayo del 2010 y abril del 2014.
La audiencia preliminar inició este lunes, pero se suspendió y se reiniciará el próximo miércoles. En principio, se prevé que esa etapa, la cual “es de carácter privada para personas que no forman parte del proceso penal”, se extienda hasta el próximo viernes. Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 12-000031-0033-PE y, en específico, la Fiscalía acusó dos actuaciones que, en su criterio, “son ilícitas” y que habrían ocasionado un perjuicio económico de ¢165 millones.
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La primera tiene que ver con la realización de “nombramientos ‘fantasma’ en plazas de asesores (puestos de confianza) a familiares o amigos de los imputados, quienes; sin embargo, no se presentaron a trabajar”.
Y la segunda se relaciona con “el uso de dos plazas de asesores para que trabajaran con el señor López, en momentos en que él no era diputado de la República”.
Esos hechos fueron descritos por el Ministerio Público en un correo enviado, a este medio, el 17 de mayo del 2018, día en que ese órgano anunció que acusaba penalmente a López, Chaves, Granados y Monestel.
En esta causa también figura como querellante, en representación del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR), entidad que presentó una acción civil resarcitoria en la que estimó el “daño material o directo” en ¢169,1 millones.
Al mismo tiempo, por concepto de daño social y con base en un peritaje presentado, reclama el pago de ¢329,4 millones, es decir, que en total demanda ¢498,5 millones. Así lo detalló la oficina de prensa de la PGR, en un correo electrónico, tras una consulta de este medio.
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Otra acusación en curso
Esta no es la única acusación que Óscar López y Rita Chaves enfrentan en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Allí también son investigados por una aparente estafa de ¢113 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones del 2010.
Según el Ministerio Público, López y Chaves habrían simulado contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al TSE y así acceder, de manera “fraudulenta”, a un monto mayor de la contribución estatal.
El PASE supuestamente facturó arrendamientos de carros que se ofrecieron de forma gratuita, o bien, por los cuales se canceló un monto inferior al consignado en los contratos.
La Fiscalía cuestiona decenas de contratos de ese tipo, que en apariencia, se suscribieron durante la campaña electoral del 2010 para movilizar militantes a las asambleas distritales de la agrupación, como parte del proceso de renovación de estructuras.
Además, por esos hechos, a Rita Chaves le atribuye un presunto delito de uso de documento falso y se acusa a una exregidora del PASE, de apellidos Montoya Calderón, por ser presuntamente coautora junto con López y Chaves, de la supuesta estafa en perjuicio del Estado.
