Los jueces emplazaron al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, a que presente pruebas y denuncie las supuestas sentencias negociadas en los tribunales, según lo sugirió en conferencia de prensa el mandatario. De lo contrario, exigen que se retracte “tal cual lo haría una persona de honor”.
Chaves aseguró este viernes 31 de marzo, desde Casa Presidencial que, producto de negociaciones, los jueces pueden emitir con discreción condenas carcelarias diferentes por el mismo delito. Ello, añadió, permite a los sentenciados evitar la cárcel cuando la pena es menor a los tres años.
El mandatario también especuló que, “por coincidencia”, el Tribunal Penal de Hacienda condenó al exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez Chaverri, con pena de cárcel de dos años y ocho meses como responsable del delito de tráfico de influencias.
Ese tiempo de condena le permite al exlegislador acogerse a la ejecución condicional de la pena, lo que significa que no tendrá que purgar la condena en prisión, siempre y cuando no cometa nuevos delitos en el plazo de tres años.
“Qué raro porque menos de tres no se sirve la pena en la cárcel. Mmm, yo no estoy diciendo nada, pero me lo pregunto”, insinuó el mandatario.
Ante esas declaraciones, los jueces agremiados al Sindicato de la Judicatura (Sindijud) determinaron emplazar al mandatario “para que de manera directa y concreta aporte las pruebas que le permiten afirmar el caso por él aludido”.
Los jueces también instaron a Chaves a que, ante la inseguridad en que se encuentra el país, se ocupe con eficiencia de los asuntos del Gobierno. Evitar la comisión de delitos corresponde al Poder Ejecutivo, no al judicial, alegaron.
“Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera expresa, sobre las repetidas e irrespetuosas injerencias del Presidente de la República en asuntos concretos de competencia del Poder Judicial”, añadió el gremio.
Jorge Steve Fernández, secretario general adjunto de Sindijud, aclaró que los jueces de la República no tienen competencia legal para negociar sentencias. La única vía para negociar penas se llama procedimiento especial abreviado, en la que participan el Ministerio Público, el imputado y su defensa, nadie más, ni siquiera un juez, explicó Fernández.
En todo caso, agregó el vocero de Sindijud, como funcionario público el presidente debió denunciar el caso ante los tribunales si conoce, en el ejercicio de sus funciones, la comisión de un delito por parte de los juzgadores.
“Está en la obligación de denunciar para que se investigue a estas personas. Si un funcionario no hace eso el que comete el delito es uno, porque sería un incumplimiento de deberes”, señaló Fernández.
De lo contrario, el sindicalista dijo que no se puede aceptar que se ataquen constantemente a jueces sin que se aporten las pruebas que respalden esas aseveraciones. “Lamentablemente se hace un daño muy grande a los juzgadores, inicialmente, pero también a todo el Poder Judicial, porque ante la ciudadanía esa imagen se va socavando poco a poco y sin fundamento alguno”, criticó Fernández.
Ataques seguidos
En el pronunciamiento, Sindijud se queja de que, desde que asumió la Presidencia, Chaves no ha dejado de atacar al Poder Judicial, con la clara intención de debilitar la institucionalidad republicana que juró defender.
Los jueces dicen que, “haciendo uso del lenguaje chabacano que le caracteriza, impropio de un estadista”, el presidente optó por propalar un “chisme, profiriendo una clara ofensa al honor y el decoro de los jueces que intervinieron en el juzgamiento de aquel ciudadano, realizando una nueva e irrespetuosa intervención en asuntos que no corresponden a sus funciones, sino a otro Poder de la República”.
De hecho, los jueces llaman a respetar la independencia de poderes como corresponde en un Estado democrático. Al Poder Legislativo, explican, le corresponde establecer cuáles hechos deben ser considerados delitos y cuáles penas imponer; al Poder Ejecutivo, le compete la prevención del delito para brindar seguridad a los ciudadanos; y el Poder Judicial debe juzgar a quienes cometen esas faltas.
“Cada vez que se ha puesto en evidencia durante su mandato, el fracaso en las políticas de prevención del delito, traducidas en el incremento de la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos, el Presidente de la República intenta eludir su responsabilidad, culpando al Poder Judicial”, ripostaron los jueces.
Chaves se refirió al caso del exdiputado Víquez al enumerar hechos que, según él, están mal abordados por el sistema de justicia y que, mediante reformas de ley, impulsará corregir.
En primera instancia admitió que el país sufre una guerra entre bandas criminales que elevan la inseguridad. Una de sus reformas, agregó, sería el tratamiento a los menores de 18 años que cometen delitos.
“A un chiquillo de 17 años le dan una AK-47 y mata a un niño de 8 años que está durmiendo en Paso Ancho; accidentalmente en ese caso y lo tratan como un menor. ‘Ay, la justicia restaurativa’. Bueno, vamos a tener que poner orden”, indicó.
Luego habló del control de armas y siguió con el caso del exdiputado de Liberación Nacional (PLN). Chaves continuó con el ajuste que hizo vía decreto sobre la ejecución de la pena. “Cuando alguien tiene una pena de 12 años de prisión y servía un año (en la cárcel), el Ministerio de Justicia y Paz podía emitir una orden para que salga al año. Vaya, eso lo acabamos y me atacan de que soy etcétera”, señaló.
El mandatario finalizó aseverando que un alto porcentaje de los asesinatos en el país lo cometen personas que están en libertad condicional.
