Por: Natasha Cambronero.   12 diciembre, 2017
El candidato presidencial del PIN, Juan Diego Castro, durante la presentación de su plan de gobierno. Foto: Jeffrey Zamora
El candidato presidencial del PIN, Juan Diego Castro, durante la presentación de su plan de gobierno. Foto: Jeffrey Zamora

El candidato presidencial del PIN, Juan Diego Castro, propuso perdonar el pago de cuotas de la CCSS a las empresas que contraten personal que no haya concluido la secundaria, con el compromiso de que los trabajadores saquen el bachillerato y programas de capacitación en un plazo máximo de dos años.

Mientras tanto, las contribuciones obrero-patronales de esos trabajadores serían cubiertas mediante un recargo al Presupuesto Nacional del Gobierno central.

Esa es una de las soluciones al desempleo que el candidato del Partido Integración Nacional (PIN) incluyó en su plan de gobierno, denominado "Costa Rica, el país azul. Perspectivas para la reconstrucción nacional", y que presentó la tarde de este martes.

"Se hará una exención del pago de las contribuciones a la CCSS para las empresas que contraten trabajadores con bajos niveles de capacitación (secundaria incompleta), sujeto a que los trabajadores completen la secundaria y programas de capacitación técnica durante un tiempo razonable (no más de 24 meses)", señala ese documento de 53 páginas.

El abogado penalista no especificó qué implicaciones tendría esta medida en las finanzas del Gobierno, el cual cerrará este año con un déficit fiscal equivalente al 6,1% del producto interno bruo (PIB) y el otro año, con un 6,8%.

Baja en electricidad por más empleos

Para combatir el desempleo, que a finales del setiembre estaba en una tasa del 9,4%, Castro también plantea reducir la tarifa eléctrica industrial en un 10%, si los empresarios se comprometen a crear 100.000 nuevos puestos de trabajo.

El programa no especifica la forma en que se reducirían las tarifas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y demás distribuidoras eléctricas.

Juan Diego Castro presentó su plan de gobierno en una antigua casa en Barrio Amón, que ahora funciona como su sede de campaña. Lo hizo en compañía de su esposa Sara Castellón, de sus candidatos a vicepresidentes y varios de sus aspirantes a diputados.

Entre los presentes, sobresalió la presencia del empresario hotelero sancarleño, Alberto Rodríguez Baldí, a quien Laura Chinchilla demandó por difamación en el 2013, cuando todavía era presidenta de la República.

Él le aseguró a La Nación que llegó por invitación de Castro, pero que todavía no sabe si va a votar por él, pues también analiza la opción de votar por Rodolfo Piza, el candidato de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En su plan de gobierno, Juan Diego Castro propuso establecer penas de cárcel para las personas portadoras de armas ilegales. Sin embargo, ese tipo de sanciones ya constan en el artículo 88 de la Ley de Armas y Explosivos que entró en vigencia en agosto de 1995 cuando él era ministro de Seguridad.

Otras propuestas

A continuación otras de las principales propuestas de Juan Diego Castro, quien asegura que arrasará en las elecciones del 4 de febrero entrante; quien promete mano dura contra la corrupción y acabar con las recetas utilizadas por los partidos añejos, donde incluyó al PUSC, Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC).

-Sustituiría el Ministerio de Trabajo por un Ministerio de Productividad

-Reformaría el Servicio Civil para convertirlo en la Secretaría Técnica de Empleo Público

-Fusionaría los ministerios de Seguridad Público, Gobernación y Justicia

-Fusionaría el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

LEA TAMBIÉN

-Crearía la Agencia Estatal Anticorrupción dentro de la Procuraduría General de la República

-Transformaría el tributo de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) donde se tasen no solo bienes, sino también servicios, como de abogacía o gimnasios, manteniendo la tasa impositiva en un 13%

-Crearía la renta global para que las personas tributen por todos los ingresos que reciben

-Crearía la renta mundial, con una tasa del 0% para los ingresos obtenidos en el exterior

-En vez del sistema escalonado para calcular el impuesto de renta a las empresas, crearía una tasa única sobre las utilidades netas

-En el MOPT, eliminaría los consejos de Vialidad (Conavi), Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo de Transporte Público (CTP) y Concesiones (CNC)

-Daría carácter de obligatoriedad a las recomendaciones técnicas de la Lanamme

-Crearía de una Policía Nacional de Seguridad que sea articulada por los tres poderes de la República

-Crearía un programa de control de delincuentes identificados por las autoridades del centro de San José, con el objetivo de impedir la movilización y reubicación de dichos delincuentes

-Reduciría la listas de espera en la CCSS contratando médicos privados o jubilados por servicios profesionales

-Crearía un régimen de pensiones unificado, tomando como base el IVM

-Crearía de un sistema de base de datos públicos en que la ciudadanía pueda conocer el estado de las denuncias tramitadas en el sector público

-Unificaría la Fuerza Pública y las policías de Tránsito, Migratoria y Penitenciaria en un solo cuerpo policial denominado PoliCR

-Integraría los servicios de salud del INS con los de la CCSS

-Daría incentivos para la adquisición del seguro voluntario para trabajadores informales y la población migrante indocumentada

Directrices en un eventual gobierno suyo para el 8 de mayo

-Instruiría al Ministerio de Hacienda para que no gire ni una sola partida de viajes al exterior

-Encomendaría a la oficina de la Primera Dama junto con un grupo de funcionarios la realización de un inventario sobre los activos del Gobierno

-Instruiría al Ministerio de Hacienda para que revise los alquileres de edificios que realiza el Estado para determinar si los costos son acorde con los precios del mercado

-Impulsaría la Ciudad Gobierno

-Revisaría los gastos en publicidad

-Revisaría la forma en qué se escogen a los especialistas médicos en relación con las carencias en la CCSS

-Revisaría los procesos de expropiaciones para determinar el estado actual y el porqué no se han concluido