Negándose a atender preguntas, Castro apareció en un video junto al propio Wálter Muñoz, a quien la CCSS reclama la devolución de salarios indebidos, mostrándole apoyo

Por: Rebeca Madrigal 12 enero

El candidato presidencial Juan Diego Castro acuerpó este viernes al aspirante a diputado y presidente del PIN, Wálter Muñoz, a quien la CCSS demandará por ¢23 millones que le giró en salarios sin que él llegara a laborar, según concluyó una investigación de esta entidad pública.

Juan Diego Castro y Wálter Muñoz aparecieron juntos en un video en Facebook, sin contestar las preguntas de la prensa.
Juan Diego Castro y Wálter Muñoz aparecieron juntos en un video en Facebook, sin contestar las preguntas de la prensa.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) confirmó que intentará cobrar nuevamente los salarios indebidos que recibió Muñoz, aspirante a legislador en el primer lugar de la papeleta, por San José, del Partido Integración Nacional (PIN).

"El caso se encuentra asignado a un profesional de la Dirección de Gestión Judicial y está prácticamente listo para interponer", afirmó Gustavo Camacho, abogado de Gestión Judicial de la CCSS.

En el 2007, un órgano disciplinario interno concluyó sobre el nombramiento de Wálter Muñoz como asesor de la Presidencia Ejecutiva: “Muñoz no cumplió con su jornada laboral de ocho horas diarias y 44 horas semanales, pues de manera improcedente se le cancelaron a este profesional pagos que no le correspondían, siendo así que no se desempeñó como asesor de la Presidencia, tampoco contaba con un espacio físico dentro de la Presidencia y nadie del personal acreditado en la Presidencia sabía de la existencia del doctor Muñoz”.

Luuego de dar a conocer el caso, este viernes, La Nación solicitó una entrevista con Juan Diego Castro para conocer su posición sobre el tema. La petición se le hizo tanto al candidato como a su sección de prensa alrededor del mediodía.

Sin embargo, negándose a atender preguntas, Castro apareció junto al propio Wálter Muñoz en un video transmitido en la red social Facebook, cerca de las 3:30 p. m., mostrando apoyo al candidato.

Su encargado de prensa, Roberto Acosta, indicó que Castro se referiría al asunto solo a través de esa transmisión.

En los siete minutos del video, ambos intentan desacreditar a este medio, sin ahondar en las conclusiones de la investigación de la CCSS.

Muñoz se limitó a decir que no existe causa judicial en su contra por este caso.

"Señores de La Nación, esto apenas empieza, empieza porque ustedes saben que las autoridades que dirigen este medio de comunicación tuvieron la oportunidad... porque yo les presenté los documentos y aún así lo sacaron", dijo Muñoz en la transmisión.

El político José Miguel Corrales, a quien Juan Diego Castro colocaría como ministro de la Presidencia, también aseguró este viernes que la intención de la CCSS de cobrarle salarios indebidos a Muñoz, “parece un ardid político electoral” y que, en ese caso, la Caja “hace muy mal”.

Los hechos por los que la Caja investigó a Muñoz ocurrieron entre mayo de 2002 y julio de 2004, cuando el entonces presidente ejecutivo de la institución, Eliseo Vargas, lo nombró como asesor de su despacho.

Ambos acababan de salir de la Asamblea Legislativa, en donde fueron diputados durante el periodo 1998-2002.

La investigación interna determinó en el 2007 que, aunque la plaza de Muñoz como médico en el hospital Calderón Guardia fue trasladada a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, el funcionario no se presentaba a trabajar. Además, realizó viajes al exterior con el pretexto de que ocupaba ese puesto.

En el 2009, la Junta Directiva de la CCSS dio por prescrita la responsabilidad disciplinaria (por el tiempo que había pasado), pero ordenó cobrar los salarios e intereses tanto a Muñoz como a Eliseo Vargas.

La Caja presentó una denuncia penal por presunto peculado, pero la Fiscalía solicitó un sobreseimiento en favor de Muñoz por considerar que él no tuvo bajo su cargo la administración de recursos públicos.

En el 2012, entonces, la CCSS presentó una primera acción de cobro judicial. En el 2015, un juzgado, la declaró inadmisible porque la CCSS incumplió con una prevención dictada por el juez. Ahora, la entidad sostiene que, de nuevo, "está realizando las gestiones cobratorias correspondientes".