Según investigación interna de la Seguridad Social, Wálter Muñoz recibió ¢23 millones entre el 2002 y el 2004 como asesor de la Presidencia Ejecutiva sin haber llegado a laborar.

Por: Aarón Sequeira 12 enero
José Miguel Corrales sería el ministro de la Presidencia de Juan Diego Castro. Foto: Marcela Bertozzi.
José Miguel Corrales sería el ministro de la Presidencia de Juan Diego Castro. Foto: Marcela Bertozzi.

El político José Miguel Corrales, a quien Juan Diego Castro colocaría como ministro de la Presidencia, aseguró que la intención de la CCSS de cobrarle salarios indebidos a Walter Muñoz, candidato a diputado del PIN, “parece un ardid político electoral” y que, en ese caso, la Caja “hace muy mal”.

Así reaccionó luego de que, este viernes, La Nación informara de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) insiste en cobrarle a Muñoz porque, según una investigación interna, él recibió ¢23 millones entre el 2002 y el 2004 como asesor de la Presidencia Ejecutiva sin haber llegado a laborar.

Según Corrales, la intención de la Caja podría ser “una maniobra político electoral”, a tres semanas de las elecciones, en contra del candidato que ocupa el primer lugar en la papeleta de diputados, por San José, del Partido Integración Nacional (PIN), de Juan Diego Castro.

El exdiputado evitó pedir la renuncia de Muñoz pese a que él lo hizo en dos ocasiones, ambas en 1998, cuando era candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN). En aquella ocasión hizo la solicitud a los aspirantes a diputado Carlos Roverssi y Julián Watson. Al primero por haber accedido a una beca del Ministerio de Trabajo cuando era viceministro de esa cartera y al segundo por no informar de que tenía un proceso penal pendiente.

El también exdiputado del PLN afirmó que, antes de aventurarse a decir si Wálter Muñoz debe renunciar a su aspiración, hay que sopesar tres aspectos: primero, ¿por qué un juzgado declaró inadmisible una gestión de cobro judicial de la CCSS contra Muñoz?; segundo, la indiferencia de la Caja para hacer frente al caso; y, tercero, el hecho de que el cobro se haga tan cerca de las elecciones.

La investigación interna que encontró a Muñoz responsable de haber cobrado salarios indebidos data del 2007. Funcionarios de la Presidencia Ejecutiva relataron que nunca lo vieron.

En el 2009, la Junta Directiva de la CCSS dio por prescrita la responsabilidad disciplinaria (por el tiempo que había pasado), pero ordenó cobrar los salarios e intereses tanto a Muñoz como a Eliseo Vargas, expresidente de la institución que nombró como asesor al hoy candidato del PIN.

La Caja presentó una denuncia penal por presunto peculado, pero la Fiscalía solicitó un sobreseimiento en favor de Muñoz por considerar que él no tuvo bajo su cargo la administración de recursos públicos.

En el 2012, entonces, presentó una primera acción de cobro judicial. En el 2015, un juzgado, la declaró inadmisible porque la CCSS incumplió con una prevención dictada por el juez. Ahora, la entidad sostiene que el caso se encuentra asignado a un profesional de la Dirección de Gestión Judicial y "prácticamente listo para interponer" de nuevo.

Corrales, quien se unió a la campaña de Juan Diego Castro en los últimos días, afirmó que Walter Muñoz debería rendir cuentas ante la Asamblea Nacional partidaria como presidente del PIN y como candidato a diputado.

Corrales no es asambleísta ni miembro de ningún órgano de ese partido. Se unió a Castro por cercanía con él.

“Para eso el partido tiene un órgano, que es la Asamblea, ante la cual debe dar explicaciones”, añadió José Miguel Corrales.

‘Si debe, tiene que pagar’

Aunque Corrales opina que hay algo de “ardid político electoral” en el cobro que la CCSS reactivó este 8 de enero, también considera que, si Walter Muñoz debe ese dinero, tiene que pagarlo.

“Le repito, si él debe tiene que pagar. No solo él, cualquier persona tiene que honrar sus deudas. Si ya hay un proceso pendiente, lo propio sería que haya sentencia, a ver qué es lo que dice”, comentó el excongresista.

Añadió que, parte del asunto es por qué la Caja “sale con eso, ¿por qué no lo hace con anterioridad?, ¿qué los movió para tener casi ocho o nueve años de inacción y, faltando dos semanas para el proceso electoral, y siendo este muchacho el primer lugar por San José, activan el juicio?”.

“Si hay una sentencia que le obliga a pagar y no paga, por supuesto que tiene que dejar el cargo de diputado. El principal cargo de un gobernante es educar y si el presidente roba, la gente dice, por qué yo no voy a robar”, comentó el excandidato presidencial.

En caso de que no haya razón en el cobro y su reactivación, Corrales insistió en que sería lamentable que la Caja “se esté prestando para esos juegos electorales”.