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El excandidato presidencial Johnny Araya se juega este sábado su último cartucho de posibilidades de permanecer en el Partido Liberación Nacional (PLN).
La convocatoria de la Asamblea Nacional liberacionista, en el edificio Cooperativo (Montes de Oca), podría ser la jornada de despedida de Araya si queda validado el castigo que le dictaron en diciembre por haberse retirada de la campaña presidencial pasada, el 5 de marzo de 2014.
Araya, quien mantiene abierta la intención de retornar al puesto de alcalde de San José, depende de que los asambleístas voten a favor de una moción que congelaría ese castigo. Propone que la Sala Constitucional resuelva un recurso contra los artículos que sirvieron al Tribunal de Ética del PLN para sancionar al excandidato.
El problema para Araya es que hay un sector amplio opuesto a otorgarle ese “indulto”, como lo llama un grupo cercano a José María Figueres, jerarca del PLN y posible aspirante presidencial para el 2018, si logra superar sectores que lo adversan y lo cuestionan.
Figueres reiteró ayer su posición. Repite que debe aplicarse la inhabilitación a Johnny Araya Monge porque así lo decidieron internamente en el PLN y así lo ratificó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Araya ha ido perdiendo las oportunidades y este sábado llega su último chance con más fe que aritmética. “Tengo la esperanza de que haya sensibilidad por mis derechos fundamentales”, dijo el exaspirante, pues aduce que el PLN le está violando el derecho de participación política.
Dice contar con el apoyo de un grupo de diputados (quienes llegaron a sus cargos en el 2014 con el apoyo del entonces candidato presidencial) y otros miembros del máximo órgano de decisión del PLN.
A todos ellos les podrá ver la cara. La votación no es secreta y para la expulsión bastará con que una mayoría de asambleístas rechace la moción.
En frente estará el presidente Figueres, atento a cada movimiento, aferrado a la tesis de que echar atrás el castigo contra Araya sería “un error gravísimo”.
“Querer priorizar posiciones personales por encima del Partido es una vieja forma de hacer política, de la cual la gente está harta”, contestó ayer al mediodía José María Figueres.
Tal como se plantea, la jornada de hoy representa un hito para el Partido que aún no supera la derrota histórica del 2014 ni las peleas internas y los reproches entre tendencias. “Canibalismo”, le ha llamado, por ejemplo, el actual diputado verdiblanco Rolando González Ulloa.
Parte de esos conflictos rodean la sanción contra Araya, quien denunció ser perseguido por un grupo afín al exministro Rodrigo Arias. Araya cuestionó la validez de la expulsión por cuatro años determinada por el Tribunal de Ética, el 9 de diciembre del 2014. El motivo fue haberse retirado de la segunda ronda de la contienda electoral, presidencial que ganó el Partido Acción Ciudadana (PAC) con Luis Guillermo Solís, el 6 de abril de ese año.
Araya apeló ante el Partido y ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero no tuvo frutos. También acudió a la Sala Constitucional con un recurso de amparo y tampoco le sirvió. Después, una mujer impugnó también ante la Sala IV los artículos del Código de Ética que sirvieron para sancionar a Johnny Araya.
Esa impugnación está en estudio y Johnny Araya quiere que se suspenda su expulsión hasta que los magistrados constitucionales la resuelvan. En eso consiste la moción que se votará este sábado y que podría significar el game over para el excandidato.
