La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sostiene los salarios de 161 empleados de más en su planilla.
De acuerdo con la nueva estructura de la empresa estatal, aprobada durante la administración anterior, la entidad portuaria debía estar funcionando con 275 empleados para alcanzar su equilibrio financiero.
No obstante, actualmente la institución todavía tiene en su planilla a un total de 436 trabajadores, 161 más de los que podría soportar con sus propios ingresos.
En cinco meses de la nueva administración, liderada por la presidenta ejecutiva, Sussy Wing, Japdeva ha reducido el personal en 32 funcionarios.
Durante este Gobierno, el ritmo promedio de reducción de planilla ha sido de 6,4 empleados al mes y los recursos del último rescate financiero, destinados para sostener la operación, están por acabarse.
Durante una comparecencia ante la Comisión Especial de Limón de la Asamblea Legislativa, el pasado jueves, Wing aseguró que el remanente de dinero se usará para cubrir aguinaldos y salario escolar.
De ahí en adelante, el rumbo de la empresa estatal es un misterio que el Gobierno sigue sin aclarar.
La entidad portuaria limonense tiene una segunda cuenta en la cual resguarda los fondos para costear las liquidaciones pendientes. Por ley, esos fondos solo pueden usarse para cubrir extremos laborales.
Sin embargo, hasta el momento, ni el Gobierno ni Japdeva han informado sobre el estado de ese fondo, o si alcanzará para cesar a la totalidad de empleados en lista de salida.
La Nación consultó al respecto a Sussy Wing, pero la jerarca no ha dado entrevista a este medio ni tampoco ha respondido consultas por escrito.
Ingresos portuarios se van en salarios, dice jerarca
Durante su comparecencia, Wing aseguró que un 97% de los ingresos actuales de la institución se destina al pago de remuneraciones.
“Los principales gastos de Japdeva al 2021 son salarios y cargas sociales, que equivalen a un 97% de sus ingresos; un 2% se destina al mantenimiento y un 1% para el resto de la operación. Por esta razón, no hay dinero para mejoras, para inversión, para modernización. Eso es lo que ha estado ocurriendo”, aseguró la jerarca.
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De acuerdo con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el martes 4 de octubre sostuvo una reunión con el primer vicepresidente, Stephan Brunner, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y la jerarca de Japdeva, para discutir la crisis de la entidad portuaria.
“Di instrucciones. Vuelven en diez días para ver qué hacemos. Hemos pateado el tarro por años”, declaró el mandatario en conferencia posterior al Consejo de Gobierno del miércoles.
Chaves, quien aseguró que el estado de la empresa estatal encaja en la definición de quiebra, también dijo que la mayoría de empleados de Japdeva no son estibadores u operadores portuarios, sino que pertenecen al área administrativa.
Para concluir con los recortes en la institución pública, alegó Wing ante los diputados, se necesita “tener los criterios técnicos” y aseguró que las “personas se han cesado con criterios técnicos”.
“Tengo que continuar con el mandato que se me dio, que es la ley de transformación que me dice que tengo que hacer lo que tengo que hacer para mantener la institución”, expresó la jerarca. Wing también dijo que el presidente Chaves le ordenó terminar con ese proceso.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el Gobierno no piensa otorgar nuevos rescates a Japdeva. Por lo tanto, urgió a las autoridades de esa institución a apresurar la reestructuración.
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¿Cómo ha se ha desarrollado el proceso de reestructuración?
En octubre de 2019, cuando estalló la crisis en la institución, los diputados de la anterior Asamblea Legislativa aprobaron un plan de rescate por un total de ¢49.000 millones.
El programa incluía traslados voluntarios de trabajadores a otras instituciones públicas, un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años, con el propósito de reducir drásticamente la planilla. También, se ofrecieron bonos de hasta ocho salarios adicionales a quienes aceptaban salir de la entidad portuaria.
En los primeros cuatro meses de vigencia de la reestructuración, Japdeva prescindió de 700 funcionarios, de los poco más de 1.200 que tenía al inicio del proceso.
No obstante, el Juzgado de Trabajo de Limón embargó las cuentas donde estaba el dinero de las liquidaciones de los empleados, por un proceso judicial entablado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
El embargo solicitado por el sindicato se mantuvo por seis meses, frenó los recortes de personal y, por lo tanto, provocó que la institución consumiera parte de los recursos disponibles en el pago de salarios.
Ante esa nueva situación adversa, los diputados acordaron, en octubre de 2021, inyectar más recursos para que Japdeva pudiera sostener su operación y terminara de pagar los recortes de personal.
En mayo anterior, con el cambio de gobierno, la anterior administración reportó un avance del 70% en el proceso de transformación de la institución.
