Escuchar
Un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) advirtió de un traslape de planos en una finca ubicada en la costa de Limón, en donde un grupo investigado por presunto narcotráfico pretendía levantar un hotel de $12 millones (¢7.440 millones).
Cuando la supuesta banda trató de registrar este terreno de 1,8 hectáreas a nombre de una sociedad anónima, de nombre Urbanizadora Acre de Heredia, el IGN encontró que el plano se traslapaba con propiedades estatales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El informe señaló que, “después de realizada la conciliación jurídica correspondiente, se determinó que la finca representada físicamente por el plano catastrado, de acuerdo con lo estipulado por la ley 2906, presenta traslapes con algunos planos catastrados relacionados con las fincas del estado parcelario en la zona de estudio”.
Así lo informó a La Nación el Registro Nacional.
La ley 2906 es la que declara zona de recreo y turismo una franja entre Portete y 12 Millas de Limón y le encarga su administración al ICT.
El 9 de julio del 2019, la sociedad Urbanizadora Acre de Heredia le presentó al Registro una escritura para inscribir a su nombre la finca 7-165796-0000, con plano catastrado L-0010186-1954, por una compra de un derecho de posesión registrada en ¢6 millones.
El representante público de esa empresa era Luis Guillermo Cartín Herrera, uno de los investigados en el caso de la banda desmantelada el pasado 25 de mayo, la cual habría invertido al menos $12 millones en bienes producto del tráfico de cocaína.
Cartín Herrera, quien falleció el 6 de mayo, promovía la construcción de un hotel de cinco estrellas en esa zona.
Desde el 27 de marzo del 2020, el Registro Nacional de la Propiedad había abierto una investigación, a través del Registro Inmobiliario, sobre el traslape de planos, según confirmó su oficina de prensa.
Ese procedimiento se menciona en una carta que el presidente de la República, Carlos Alvarado, le dirigió a la fiscala general, Emilia Navas, al relatarle gestiones que intentó realizar el diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en favor de Cartín Herrera.
Se trata del expediente administrativo 2020-242-RIM, según escrito del subdirector catastral, Marlon Aguilar Chaves.
La finca en cuestión aparece en el plano catastrado L-0010186-1954 y fue allanada por autoridades judiciales el 22 de marzo del 2019, precisamente bajo la sospecha de invasión de zona marítimo terrestre de parte de la empresa de Cartín Herrera.
Las intención de Cartín era construir el complejo hotelero Beitos Place, investigado por las autoridades judiciales como parte de la operación de la presunta banda.
El investigado argumentaba haber obtenido un derecho de posesión de la finca de manos de una persona de apellidos Sarquís Saeed y otra más obtenida de Michael Bell Montoya.
A raíz de incompatibilidades entre las propiedades de Cartín y terrenos del Estado en zona marítimo terrestre, bajo dominio del ICT, Luis Guillermo Cartín Herrera recurrió a diversas autoridades políticas, en particular al legislador socialcristiano Óscar Mauricio Cascante Cascante.
El congresista de la Unidad gestionó reuniones con la anterior ministra de Turismo, María Amalia Revelo; el exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y más recientemente, incluso ante el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Cuando el legislador del PUSC acudió al mandatario, el 2 de marzo pasado, este remitió la solicitud del congresista al actual ministro de Turismo, Gustavo Segura, quien respondió que había un proceso administrativo en el Registro, que precisamente investiga el traslape de planos.
Cascante pidió que el ICT emitiera una “no objeción” a la donación de un terreno en favor de la Municipalidad de Limón, pero el Instituto señaló que esta no procedía si había un traslape de planos entre lo que un privado decía donar y los terrenos estatales.
LEA MÁS: Óscar Cascante intercedió ante el presidente por proyecto hotelero de sospechosos de narco
El diputado, entonces, reclamó al presidente que la posición de Turismo no era suficiente y pidió acciones más contundentes. Esa petición, finalmente, fue ignorada por la Presidencia de la República, que dejó el asunto en las autoridades competentes.
Aunque el Registro Inmobiliario rechazó dar detalles sobre el procedimiento administrativo, por contener “información sensible de fincas y planos catastrados que son propiedad de particulares”, sí confirmó que no solo se investiga el traslape de planos y fincas, sino también afectación a zonas ABRE (áreas bajo regímenes especiales), que serían para el caso particular la zona marítimo terrestre y la zona portuaria de Moín.
Fiscalía espera informe de Registro Inmobiliario
Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que la investigación judicial sobre invasión a la zona marítimo terrestre, bajo la causa 19-000999-0063-PE, avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba.
La Fiscalía Adjunta de Limón indicó que están a la espera de recibir un informe del Registro Inmobiliario del Registro Nacional de la Propiedad en torno al traslape de terrenos.
Fue dentro de dicha causa judicial que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía Adjunta de Limón, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), de la Municipalidad limonense y del ICT llevaron a cabo un allanamiento en mayo del 2019.
Esas diligencias judiciales fueron causa para que Luis Cartín Herrera hiciera repetidos reclamos contra la exministra Revelo, pues la señaló como la generadora de dichas investigaciones e incluso la denunció penalmente.
