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En la inspección final de la construcción del tramo central de la vía a San Carlos, el Conavi notó que parte de la maquinaria exonerada de impuestos para esta obra había desaparecido de la zona de construcción.
Así lo expone el informe de cierre técnico del proyecto Sifón-La Abundancia, el cual estaba a cargo de la constructora Sánchez Carvajal.
El documento emitido por la gerencia de Construcción de Vías y Puentes señala, en el apartado de “otros hallazgos sin cuantificar”, la ausencia de cinco de los 16 equipos que recibieron el beneficio fiscal.
Se trata de una excavadora, una compactadora y tres chompipas.
Los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tampoco encontraron en el taller 30 moldes para la construcción de barandas tipo “New Jersey”.
Estos elementos fueron adquiridos por la constructora sin cobro de impuestos gracias a la ley que le dio vida a la obra. Sin embargo, una vez finalizado el proyecto, los tributos deben ponerse al día o los equipos tienen que ser sacados del país.
Por ello, la gerencia de Construcción de Vías y Puentes recomendó a la administración del Conavi “iniciar con los trámites que permitan concluir si los hechos reportados como otros posibles hallazgos realmente han causado un daño y perjuicio a la administración”.
“De ser así, proceder con la cuantificación económica formal y los trámites para que sean compensados a la administración”, continúa el informe.
El responsable de la constructora, Carlos Sánchez, afirmó que no se podía referir a los aparentes hallazgos debido a que no conoce el informe de cierre técnico del Conavi.
Estos hallazgos son adicionales a los aparentes sobrepagos por $65 millones que el informe reveló en la construcción de esta carretera, por obras que no se realizaron o que no cumplieron con las especificaciones técnicas.
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Este informe, del cual La Nación tiene copia, fue declarado confidencial por el Conavi y sobre él no hay quien se refiera ni en el Consejo ni en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
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A la fecha, se desconoce si se cuantificaron las supuestas pérdidas para el Estado o si se tomaron acciones administrativas para detectar responsables.
La semana pasada, tras varias consultas de este medio, el Conavi informó de que el auditor Reynaldo Vargas interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en la construcción de la carretera.
Desde febrero del 2020, hace 18 meses, la Junta Directiva conoció de estas aparentes anomalías.
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El ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, le encomendó al auditor una investigación para iniciar con los procesos administrativos o judiciales que correspondieran, desde julio del 2020.
Al principio, esta obra estuvo a cargo de la constructora taiwanesa Taiwán RSEA Engineering, la cual se retiró en el 2008 por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán.
Entonces, el proyecto fue cedido a la compañía Sánchez Carvajal, la cual operaba como subcontratista de los taiwaneses.
La firma costarricense se encargó de la obra hasta el finiquito del contrato en agosto del 2018.
