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El Ministerio de Hacienda le impuso un embargo a la empresa autobusera Caribeños por una deuda de casi ¢529 millones originada en el supuesto impago del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 2009 y 2010.
El embargo recae sobre los pagos de alquileres que recibe la empresa Corporación de Terminales del Caribe CTC S. A. por locales que tiene en Limón y Guápiles, tal como lo permiten las nuevas disposiciones legales.
La medida fue impuesta el viernes anterior con autorización judicial y les fue notificada a inquilinos de la autobusera, por el departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, para que sigan depositando sus mensualidades en cuentas de Hacienda.
En el monto adeudado se incluye la obligación principal más sanciones y los intereses.
La medida es una acción del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Tributación que, en los últimos meses ha cobrado a otros contribuyentes deudas similares, para recuperar un monto cercano a los ¢1.293 millones.
A raíz de la acción llevada a cabo, la directora general de Hacienda, Priscilla Piedra, explicó que el embargo se hace luego de que los inquilinos son notificados por el Departamento de Cobro Judicial, por la potestad que les otorgó la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Esa potestad les permite embargar cuentas bancarias, alquileres, taquillas, comisiones, productos y materias primas en aduanas, o cualquier crédito a favor de los deudores del impuesto.
Para llegar a esta fase, la Dirección General de Tributación ya había pasado por todos los procedimientos administrativos que les correspondía.
No obstante, no se había logrado un acuerdo con la empresa deudora de ese impuesto y se tuvo que llegar a esta última instancia.
Además del embargo sobre los alquileres de la empresa, también Hacienda solicitó desde mayo un embargo sobre cuentas bancarias de Caribeños, ante el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José.
Piedra explicó que esta acción se encuentra aún en trámite.
Según el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, en junio se logró recuperar otras deudas tributarias gracias al embargo de, por ejemplo, materias primas a nivel de aduanas, a una empresa que al final canceló más de ¢1.725 millones por el incumplimiento del pago de renta de los periodos 2006 y 2007.
Además, Aduanas remató dos excavadoras que estaban en condición de abandono de una empresa que también debe impuestos. Eso permitió recuperar ¢18 millones.
Para escribir este artículo, se intentó contactar a algún vocero de la empresas Caribeños.
Sin embargo, el lunes se intentó conversar con algún encargado en el bufete Solaño Zúñiga, sede de las oficinas dentrales de la Corporación de Terminales del Caribe.
La secretaria redirigió la llamada en dos ocasiones y no hubo respuesta. Este martes, hubo respuesta y de esa oficina remitieron a otra, donde informaron que el encargado era Carlos Alberto Ramírez, apoderado general de la compañía.
Aunque se intentó tener respuesta con él, tampoco hubo éxito y, aunque se le dejaron los datos para que devolviera la llamada, al cierre de este artículo no se había tenido una respuesta.
