EscucharEl dinero siempre falta, pero nunca ha faltado tanto como en estos momentos para mejorar la seguridad ciudadana.
Este es el punto de partida de los principales candidatos presidenciales participantes en las elecciones del 2010.
Los aspirantes están de acuerdo en que hay que contratar más policías, pagarles más, darles más recursos, capacitarlos, ayudar al Poder Judicial y a las comunidades organizadas.
Laura Chinchilla promete sumarle ¢57.000 millones a Seguridad cada año. Para ello, su equipo propuso crear un impuesto sobre la actividad de empresas de juegos de azar, una idea que en las tiendas verdiblancas genera sonrisas pícaras, por ser este un sector aliado del Movimiento Libertario en la última década.
Otto Guevara, candidato libertario, propuso algo más agresivo: quitar a todas las empresas públicas las ganancias de uno o dos años y crear un “fondo nacional de seguridad”. En la lista está el ICE, el INS, Racsa y todos los bancos estatales, dijo el candidato a La Nación .
El candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, propone un aumento mayor al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una suma cercana a los ¢80.000 millones, aunque podría llegar a ¢240.000 millones.
¿De dónde los sacará? Para el PAC, los ingresos fiscales aumentarán merced a varios nuevos impuestos, a una depuración de los métodos de recaudación y a un fuerte recorte de gastos públicos.
En el programa de gobierno del PUSC, Luis Fishman aduce que “los recursos en seguridad son una inversión, no un gasto”. “Debe hacerse una inversión razonable en seguridad”, pero no se indica con precisión cómo pagará la duplicación del número de miembros de la policía.
Las cifras oficiales indican que el presupuesto para la seguridad pasó de ¢62.000 millones en el 2006 a ¢123.000 millones para invertirse durante el 2010.
