Josué Bravo. 25 marzo
Firma decreto. En la foto, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, el presidente de la República, Carlos Alvarado; y el presidente ejecutivo de Incopesca, Moisé Mug. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia.
Firma decreto. En la foto, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, el presidente de la República, Carlos Alvarado; y el presidente ejecutivo de Incopesca, Moisé Mug. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia.

El gobierno propone restringir la pesca de atún a los llamados barcos atuneros cerqueros internacionales, mediante una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura que establece eliminar licencias gratuitas, aumentar zonas marítimas donde naves extranjeras no puedan pescar y el abordaje de un observador científico que vigile por el cumplimiento de la normativa.

Así lo informó Moisés Mug, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca), al explicar los alcances que tiene una reforma a los artículos 49, 53, 55, 60 y adición de un nuevo artículo 60 bis en el capítulo sobre Pesca de Atún de la Ley de Pesca.

La reforma, enviada de inmediato a la Asamblea Legislativa por el presidente Carlos Alvarado y convocada, además, en el periodo de sesiones extraordinarias, plantea eliminar licencias gratuitas, dado que en la actualidad la legislación permite otorgar una concesión sin costos cuando los barcos dejan 300 toneladas métricas de atún a la industria nacional.

Solo el año pasado, de 12 concesiones que se otorgaron, ocho fueron gratuitas, según Mug.

Además, el proyecto dicta que el costo de las nuevas licencias sean fijadas de acuerdo con el precio del atún en el mercado internacional. Mug dijo que en la actualidad, el promedio de una concesión ronda los $27.000 y con la nueva metodología planteada por la reforma, duplicaría ese valor.

Así mismo, el proyecto amplía el límite de captura de atún para flotas internacionales, la cual pasa de 45 a 60 millas náuticas desde la costa.

Esto con la finalidad de que flotas nacionales con poco alcance de pesca, tengan mayores espacios para la captura de atún.

De igual modo, la reforma obliga a flotas internacionales a que el atún atrapado con licencia en aguas costarricenses, debe ser desembarcado en territorio nacional para aprovechamiento de la industria.

También establece que los barcos atuneros cerqueros nacionales o extranjeros, no podrán ejercer actividades en las áreas marinas en las que esté vedada la pesca o en las definidas por el Estado.

Y por último, la reforma establece la obligatoriedad de los buques lleven un observador científico a bordo, para que vigile el cumplimiento de los términos de las licencias.

Gobierno emite decreto

Adicional a esta propuesta de cambios a la legislación actual, el presidente Carlos Alvarado emitió un decreto que de momento refuerza la metodología para calcular el precio de las licencias, la cual fue elaborada con ayuda del Banco Central y tendrá como parámetro de fijación de costo los precios internacionales del atún.

El decreto también regula el número de licencias a otorgar, tomando como parámetros cuánto puede pescar un barco y con ello establecer límites de capturas en aguas nacionales.

Estima número de licencia estimar en función de cuanto atún puede pescar un barco pesquero y con ello establecer límites de captura total en aguas costarricenses, así como por los niveles de la población del atún en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico costarricense.

Además, instaura un proceso de subasta pública para la entrega de esas licencias, con el fin de garantizar transparencia y efectividad en su distribución.

El gobierno asegura que con estos cambios propuestos, tanto en la reforma a la legislación como el decreto, se busca recuperar el control de la riqueza atunera, generar recursos que ayuden a mejorar las pesquerías y contribuir con el desarrollo sostenible de la pesca en Costa Rica.

Mug dijo además, que los cambios procuran reactivación económica y generación de empleo local, dado que la actividad pasaría de generar unos $30.000.000 o $40.000.000 millones anuales a unos $100.000 000 anuales.