El Gobierno decretó que, en el 2024, pagará de forma retroactiva el aumento salarial que fue decretado para los empleados públicos, en el 2020, y que quedó congelado por motivo de la pandemia de la covid-19.
No obstante, el decreto añade que el incremento será pagado “siempre y cuando se cumplan las condiciones de la regla fiscal”.
La directriz del presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue publicada este jueves en el diario oficial La Gaceta.
En enero del 2020, el Gobierno aprobó un ajuste de ¢7.500 mensuales a todas las bases salariales del sector público, así como otros reconocimientos especiales a remuneraciones menores a los ¢750.000.
Luego, en abril de ese mismo año, el entonces presidente Carlos Alvarado emitió otro decreto para suspender el aumento en las instituciones que todavía no habían reconocido el ajuste a sus empleados.
El congelamiento se aplicó a unos 125.000 funcionarios pertenecientes al régimen de Servicio Civil, con excepción de los policías del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), quienes sí recibieron el aumento.
La decisión también fue firmada por Chaves porque, en ese momento, ejercía como ministro de Hacienda. De hecho, el hoy mandatario había consultado a la Procuraduría General de la República (PGR) si era viable revocar completamente el beneficio salarial.
La suspensión se fundamentó en la fuerte caída de ingresos tributarios por parte del Estado, así como en la necesidad de orientar los recursos disponibles para atender la emergencia sanitaria y ofrecer ayuda económica a las personas que se quedaron sin empleo.
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Nueva disposición por ‘derechos adquiridos’
Ahora, con base en el criterio de la Procuraduría, el gobierno de Rodrigo Chaves llama a las instituciones a revisar si aplicaron o no el ajuste a sus planillas.
Si no lo hicieron, deberán presupuestar todos los recursos para hacer el pago de forma retroactiva a sus trabajadores, en el plan de gastos del 2024.
La norma establece que el pago será reconocido a todos los empleados públicos “a quienes se les haya constituido derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas” mientras el decreto estuvo vigente.
Caso de jubilados
En cuanto a los funcionarios públicos jubilados después de la suspensión del ajuste salarial, el decreto establece que tendrán derecho a reclamar el dinero ante las instituciones donde laboraban. Asimismo, podrán solicitar que esos montos sean incluidos en el cálculo de sus prestaciones legales.
El Gobierno aún no ha informado acerca del monto necesario que deberá incluir en el Presupuesto Nacional de 2024 para cubrir los pagos retroactivos, producto de este decreto presidencial.
¿En qué incide la regla fiscal?
El decreto menciona que el pago del aumento dependerá de que se cumplan las condiciones de la regla fiscal. La Nación está buscando una precisión del Gobierno sobre esta condición.
La regla fiscal establece que, mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), las instituciones públicas no pueden otorgar incrementos por costo de vida.
Actualmente, la deuda supera el 60% del PIB y el Ministerio de Hacienda estima que no bajaría de ese rango sino hasta el 2028.
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