Luego de que los diputados rechazaron la idea del Gobierno de gravar los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias en un proyecto de ley presentado en diciembre, el Poder Ejecutivo reintrodujo su intención de cobrarles impuesto a estas jubilaciones en el plan de Ley de Renta Global Dual.
Esta iniciativa consiste en una reforma general a la Ley de Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de aumentar la recaudación de ingresos públicos.
En su artículo 15, el proyecto establece que el dinero que reciban los beneficiarios de las pensiones complementarias, tanto las obligatorias como las voluntarias, serían considerados una renta del trabajo que debe pagar impuesto de renta.
Añade que así ocurriría en cualquiera de las modalidades para devengar el ahorro de la jubilación: rentas temporales o vitalicias, programadas o permanentes.
Esto significa que quienes reciban una pensión del ROP o una voluntaria deberán incluirlas en el cálculo de sus ingresos anuales para determinar su impuesto de renta, el cual se cobraría a partir de los ¢8,2 millones anuales.
Actualmente, tanto las pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), como las voluntarias y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) están exentos del pago de impuestos.
Así lo estableció la Ley de Protección al Trabajador, del año 2000, como una forma de fomentar el ahorro para la vejez, en momentos en que el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está en problemas financieros.
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La exención actual se extiende a todas las etapas del proceso de una pensión: no tributan ni las cotizaciones, ni los rendimientos, ni el disfrute como tal de la jubilación.
Incluso, en el 2015, el Congreso emitió una interpretación auténtica para dejar en claro que las prestaciones o los beneficios de las pensiones complementarias, obligatorias y voluntarias, “estarán exentos de toda clase de tributos”.
La interpretación fue emitida ante un intento de Tributación por gravar las pensiones voluntarias en el 2014, hecho que produjo un retiro masivo de pensiones voluntarias.
Ahora, al tiempo que el proyecto de renta global (expediente 22.383) establece que estas jubilaciones serán consideras ingreso gravable, el proyecto de ley prevé derogar todas las exenciones existentes del impuesto de renta.
La materia de pensiones fue tocada de nuevo en renta global después de que, en el proyecto de eliminación de exoneraciones, el Gobierno pretendió imponer un tributo del 7,5% a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias.
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El ex superintendente de Pensiones, Édgar Robles, y la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) estiman que, si con el impuesto a los rendimientos las pensiones complementarias iban a reducirse en un 18,4%, con la renta global bajarían hasta un 26,5%.
“Cada retiro se considerará un ingreso ordinario, aunque sea el fruto del ahorro de 20 o más años”, argumentó Robles.
Danilo Ugalde, director ejecutivo de ACOP, calificó la idea como “un duro castigo para los trabajadores formales, el cual atenta contra su derecho a contar con el mínimo de seguridad económica que le garantice una vejez digna”.
En el esquema de renta global, el contribuyente debe sumar todos sus ingresos para calcular su impuesto de renta, a diferencia del sistema actual, en el que el impuesto se paga sobre cada ingreso por separado, sea salario o ingresos generados por cuenta propia.
Hoy, las pensiones básicas sí deben pagar impuesto de renta. Estas son las jubilaciones del IVM, del Poder Judicial o de alguno de los regímenes de Gobierno.
Como las complementarias están exentas, los pensionados solo pagan impuesto si su pensión básica supera los ¢842.200.
Con renta global, pasarían dos cosas. La primera es que el umbral para pagar renta bajaría a ¢683.000 y la segunda es que la persona deberá sumar la pensión básica más la complementaria y, si excede ese monto, tendrá que pagar.
Muerte del régimen voluntario
A diferencia del ROP y del FCL, el cotizante de una pensión voluntaria puede retirar su dinero en cualquier momento.
Por ello, Édgar Robles estima que renta global incentivaría a los afiliados a retirar la totalidad de esos recursos antes de que les sean gravados.
“El mensaje del gobierno está claro: retire el ahorro rápido o pague impuestos. El resultado es obvio, este producto de ahorro desaparecerá del mercado”, vaticina Robles.
El mismo criterio expone el presidente de ACOP: “Sería un desestímulo al ahorro previsional, que significará condenar a muerte ese sistema, puesto que ninguna persona, por sentido común, estaría dispuesta a mantener dicho ahorro, que es el fruto de un gran esfuerzo de muchos años para la vejez”.
La Asociación advierte que, actualmente, cerca del 70% de los fondos de pensiones voluntarias se encuentran invertidos en títulos del Ministerio de Hacienda.
Por lo tanto, las liquidaciones anticipadas de esos títulos también representarán una pérdida de valor que impactará el bolsillo de los afiliados.
En ese panorama, ACOP insta al Gobierno a evitar “las graves implicaciones sociales y económicas que tendría el proyecto para los jubilados actuales y futuros, en la etapa más vulnerable de sus vidas, sobre todo cuando se anuncia que la futura pensión del IVM se tendrá que reducir en un 23%, para que sea sostenible en el tiempo”.
“Los proyectos de ley que cargan con impuestos el ahorro previsional de los trabajadores formales reducen el estímulo de mantenerse dentro de la formalidad y, por el contrario, promueven la vuelta al trabajo informal, con la consecuente precarización de los trabajadores, la imposibilidad de que accedan a una pensión en el futuro y la reducción de la recaudación tributaria para el Estado, pues en la informalidad no se paga ningún tipo de impuestos”, añadió la Asociación.
Tributación modificará texto
Carlos Vargas, director de Tributación del Ministerio de Hacienda, afirmó que el Gobierno modificará el texto de ley para dejar claro que las exoneraciones se mantienen. Sin embargo, él estima que la exoneración seguiría vigente porque está en la Ley de Protección al Trabajador, que es una ley especial.
“Ahora, dado que como parece desprenderse de diversas consultas, existen algunas dudas y el Ministerio no pretende generar polémica en torno a un tema en el cual está de acuerdo en que se mantenga, no se tiene objeción alguna en incorporar expresamente un inciso en el artículo 8 del proyecto (exoneraciones) para dejar aclarado el punto y que expresamente se indique que se encuentran exentas”, dijo Vargas.
Impacto en el ROP
Con la recién aprobada reforma al ROP, quienes se pensionaron antes del 31 de diciembre del 2020 podrán retirar su pensión complementaria en cuatro tractos iguales, cada nueve meses. Es decir, el 25% del dinero en cada ocasión.
Al respecto, ACOP dijo lo siguiente: “Al hacerlo en tractos del 25%, (el dinero) quedará afectado por dicho impuesto, igual suerte tendrán las personas que hagan su retiro en 30 meses como lo permitió dicha ley. Es otras palabras, se estará anulando el beneficio creado por esta nueva legislación”.
“Incluir el ROP en la renta global está tan mal diseñado que pagarían más impuestos quienes son más pobres”, agregó Robles.
Él puso el ejemplo de una mujer que se pensione a los 65 años y que podría retirar el ROP completo si el monto ahorrado a lo largo de su vida laboral es inferior a ¢5,1 millones.
Durante su vida la laboral, ella nunca pagó el tributo sobre la renta porque ganaba el salario mínimo y, según la ley actual, está exento todo ingreso bruto menor a los ¢840.000.
Sin embargo, con renta global, la mujer podría tener que pagar renta al recibir el ROP si, junto con otros ingresos, supera el umbral anual planteado en el proyecto.
Otro proyecto sobre pensiones
Aparte del Proyecto de Ley Renta Global Dual, un proyecto de la diputada liberacionista, Yorleny León, busca que una persona que tenga más de una pensión solo pueda disfrutar de una exoneración.
Se trata del expediente 22.261, Ley para la adecuada recaudación del impuesto de renta en las personas multipensionadas.
Según la verdiblanca, su iniciativa “va desde la perspectiva de la eficiencia tributaria y fue presentada hace meses, cuando en este país no se vislumbraba un proyecto de renta global”.
Agregó: “La experiencia de otros países lo que nos indica es que quienes recurren a pensiones complementarias voluntarias son personas con mejores niveles de ingresos”.
Según la diputada, este lunes solicitó a ACOP datos para verificar si en Costa Rica se cumple ese parámetro.
La idea, dijo, es evidenciar cómo se componen los fondos de pensión voluntarios.
“Lo más relevante es la identificación por deciles de la población y los años de acumulación promedio sin impuestos que llevan dichos planes de pensiones. Esa información será fundamental para analizar si las pensiones complementarias voluntarias deben o no mantenerse en el proyecto de ley”, añadió.
Además, recalcó que sería favorable el avance de su proyecto de ley, en vista de que la iniciativa de renta global del Ejecutivo “ha despertado diversas preocupaciones”.
El proyecto de ley de renta global del Gobierno forma parte del ajuste fiscal acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para equilibrar las finanzas públicas.