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Con solo tres semanas de haber tomado el control del Infocoop mediante una intervención, el Gobierno frenó los procesos de cobro judicial que el Instituto había iniciado contra tres cooperativas vinculadas al dirigente de Liberación Nacional (PLN), Rodolfo Navas, pese a que la Auditoría Interna advirtió de que la suspensión incumplía con los requisitos de ley.
Además, pasó por alto la ejecución de la garantía a una cuarta empresa cooperativa relacionada con el mismo grupo.
La acción benefició a cooperativas que tenían hasta 344 días de morosidad en el pago de los préstamos que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) les concedió con fondos públicos. Entre las cuatro, la deuda ascendía a ¢2.915 millones.
Sin embargo, desde que los cobros se frenaron, el monto adeudado subió a ¢3.280 millones por los intereses no pagados.
Con esta decisión, las empresas vinculadas a Rodolfo Navas se salvaron de perder las propiedades puestas en garantía.
Las acciones de cobro judicial contra las empresas empezaron el 14 de febrero de este año cuando la gerente interina de Financiamiento, Laura Hernández, le envió un oficio al entonces director ejecutivo del Infocoop, Rónald Fonseca.
En la carta, la gerencia de Financiamiento solicitó que se iniciara el proceso de ejecución de garantías contra las cooperativas Unicoop y La Catalina, ambas presididas por Rodolfo Navas, así como contra el Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos (Gecse), que fue presidido por Navas hasta el 2012.
En aquella misma época, se ordenaron acciones contra el Consorcio Hotelero CCH, del cual es socio el Centro de Estudios de Capacitación Cooperativa (Cenecoop), cuyo gerente es el mismo Rodolfo Navas.
Unicoop tenía dos créditos con el Infocoop, uno de ¢274 millones contraído en el 2012 y otro de ¢207 millones que data del 2015. El primero tenía 220 días de mora y, el segundo, 208 días.
La Catalina tenía un préstamo por ¢264 millones, concedido en el 2014, el cual tenía 206 días de atraso en febrero.
En cuanto al préstamo del Consorcio Hotelero, este era de ¢1.050 millones y, al día de hoy, tiene 254 días de atraso.
Respecto de Gecse, la solicitud de cobro judicial parecía más urgente, pues la gerencia de Financiamiento comunicó al director ejecutivo que esa cooperativa habría tomado el acuerdo de promover la venta o el alquiler de las propiedades que figuraban en el fideicomiso de garantía que respaldaba sus préstamos. Añadió que la empresa tomó esa decisión sin el consentimiento o aprobación del Instituto, acreedor de ese patrimonio.
"Esto atentaría contra la recuperación de los fondos dados en operaciones de crédito mediante la ejecución de garantía", alertó.
Para ese momento, Gecse tenía 344 días de atraso y debía ¢1.120 millones. Hoy, suma más de 550 días de mora.
Con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva, el 22 de febrero, la gerente de Financiamiento solicitó a la fiduciaria Fiacoocique proceder con la ejecución del fideicomiso de garantía de Gecse.
En marzo de este año, también se notificó a la gerencia de La Catalina que se daría inicio al proceso de remate de las propiedades que estaban respondiendo por el préstamo.
Sin embargo, el 28 de febrero el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, decretó la intervención del Infocoop con el argumento de que había irregularidades en la administración de la cartera crediticia y un riesgo de pérdidas por más de ¢9.000 millones.
Solís colocó una Junta Interventora de siete miembros que sustituyó a la Junta Directiva. El 7 de marzo, esta Junta Interventora, presidida por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, designó a Gustavo Fernández como el director ejecutivo interino en lugar de Rónald Fonseca.
Dos semanas después de su nombramiento, el 22 de marzo, el nuevo director ejecutivo ordenó la suspensión de los cobros judiciales a La Catalina y, el día 27, a Unicoop. En los mismos días, lo hizo con CCH. Previamente, La Catalina había enviado una nota.
La administración tramitó la solicitud de suspensión de los procesos de cobro judicial en pocos días pese al contexto de reacomodo que vivía el Infocoop en ese momento. Así consta en un oficio que el auditor general, Guillermo Calderón le dirigió a Gustavo Fernández el 18 de abril.
En esa nota, Calderón le advirtió al director ejecutivo interino de que ni La Catalina ni Unicoop cumplían alguno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Cobro del Infocoop para frenar un cobro judicial: cancelar la totalidad de las deudas con intereses corrientes y moratorios, normalizar la situación de sus operaciones o formalizar un arreglo de pago.
La ejecución de Gecse también quedó en suspenso.
Este diario solicitó en tres ocasiones una entrevista sobre el tema con Gustavo Fernández, una de ellas por escrito, vía correo electrónico, y dos telefónicas, a través de su oficina de prensa y directamente con su secretaria, pero ninguna de ellas prosperó.
Rodolfo Navas tampoco quiso hablar.
Guillermo Calderón, auditor interno del Infocoop, confirmó que su despacho abrió una investigación por estos casos contra la Dirección Ejecutiva del Infocoop.
Tanto las propiedades de Unicoop como las de CCH y de La Catalina están en un fideicomiso en Finacio.
El viernes pasado, casi ocho meses después de la primera advertencia interna en el Infocoop, Finacio sacó a primer remate la propiedad que albergua el Hotel del Sur Country Club & Casino, en Pérez Zeledón.
Este hotel pertenece al Consorcio Hotelero CCH.
Según el edicto, el monto base del remate es de ¢2.500 millones y la propiedad es la garantía del fideicomiso Cenecoop/Finacio/Infocoop. El terreno tiene 28.107 metros cuadrados y el edificio 7.071.
Además, Finacio sacó a remate una propiedad de 580.529 metros cuadrados, ubicada en Matina de Limón, como parte del fideicomiso de garantía La Catalina/Finacio/Infocoop, en el que La Catalina es el deudor. También, aparece como fideicomitente secundario la firma Inversiones Arroyo de Cedro. La base del remate es de ¢316 millones.
Cooperativas reincidentes en morosidad
Las cooperativas vinculadas con Rodolfo Navas tienen un historial de morosidad con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, según el acta de la Junta Interventora de esta entidad del 28 de julio.
Ese día, el actual gerente interino de Financiamiento, Alejandro Jiménez, afirmó a los directores del Infocoop que La Catalina y Unicoop son deudores reincidentes en la cartera crediticia en mora, con un amplio historial de readecuaciones de las operaciones, antecedente que consideró como "delicado".
"Eso es como un vicio (las readecuaciones), se le refundía o se le readecuaba pasado el periodo de gracia que se le daba siempre y en ese mismo momento volvían a pedir readecuación y refundición, entonces nunca se atendieron la deuda en 3 o 4 años", se lee en su intervención en esa sesión.
No obstante, la Junta Interventora no tomó ninguna decisión determinante sobre el caso y se limitó a acordar solicitarle a la administración del Infocoop que le informara sobre el proceso de las gestiones de cobro a estas cooperativas.
Incluso a finales de julio pasado la Junta Interventora pidió a la Gerencia de Financiamiento un informe sobre el estado de las deudas de Gecse y de sus cooperativas hermanas. Durante la sesión número 25 de la junta, según consta en el acta, el director Elías Calderón recomendó instruir a la administración para que reactivara el cobro judicial contra Gecse, Unicoop y La Catalina.
El empresario y exdiputado Rodolfo Navas tiene una larga trayectoria dentro del PLN. Recientemente, en abril, fue parte del equipo de precampaña de José María Figueres a quien le colaboró en la que organización de la logística del día de la convención liberacionista que se realizó el 2 de abril. Hoy Navas no forma parte de la campaña del candidato presidencial verdiblanco, Antonio Álvarez Desanti.
En el movimiento cooperativo Navas ya cuenta con tres décadas de desarrollar proyectos empresariales. En la actualidad es el gerente general del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L.). El dirigente cooperativista se rehusó a ser entrevistado por La Nación para este reportaje.
