Gobierno espera que 7.000 funcionarios se acojan a movilidad laboral con incentivo de 4 salarios extra

El Gobierno propuso abrir un programa de movilidad laboral en los ministerios, con el fin de prescindir de unas 7.000 plazas y de ahorrar unos ¢390.000 millones en cuatro años.

La propuesta es parte del plan que el país le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de estabilización de las finanzas públicas.

El objetivo del Ejecutivo es reducir el gasto público en remuneraciones y prescindir de aquellas plazas que no son indispensables.

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La iniciativa plantea que a los funcionarios que se acojan a la movilidad laboral se les entregan las prestaciones legales más una bonificación que se defina en el programa de movilidad.

Dicha bonificación no podrá superar cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses que hayan sido laborados.

La medida supone un salario promedio de ¢1,2 millones y el retiro de 7.000 personas, las cuales recibirán 11 meses de cesantía en promedio, más 1,5 meses adicionales de vacaciones y preaviso.

El primer año, la propuesta tendría un costo neto de 0,02% del producto interno bruto (PIB); lo que equivale a aproximadamente ¢7.000 millones.

A partir del segundo año, más bien se experimentaría un ahorro de 0,38% del PIB, unos ¢138.000 millones

En el tercer año, el ahorro será de un 0,37% del PIB, poco más de ¢129.000 millones; mientras que para el cuarto año se espera un 0.35% equivalente a ¢122.000 millones

Según detalla la propuesta, para que las personas se retiren se requiere de una inversión de ¢105.000 millones y se asume que el retiro se daría en el primer trimestre del 2021.

Se podrán acoger a este movilidad laboral los empleados nombrados en propiedad, que no hayan recibido sus prestaciones legales ni hayan sido despedidos por causa justa, y que estén en puestos que la administración determine como prescindibles.

Las plazas de quienes se acojan a la movilidad se eliminarían de la relación de puestos de la administración pública.

A los beneficiarios se les impondrá siete años fuera de la función pública, por lo que no podrán trabajar durante ese periodo en instituciones centralizadas, descentralizadas o en las empresas públicas.

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