El Poder Ejecutivo descartó darle su apoyo a un proyecto impulsado por los diputados para permitir que las personas jubiladas puedan retirar la totalidad del dinero de la pensión complementaria.
Este miércoles, 42 legisladores de todas las fracciones enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para pedirle que convoque la iniciativa como parte de las medidas para aliviar las adversidades económicas generadas por la pandemia de covid-19.
“Lo que la ciudadanía requiere en este momento es contar con liquidez para afrontar la situación tan compleja que vivimos”, dice la carta que los congresistas enviaron al mandatario.
No obstante, este jueves el gobierno informó de que ese plan no se tomará, en cuenta al considerar que crearía un riesgo a largo plazo para los adultos mayores.
“En este momento, el Consejo Económico no apoya esta medida, ni tampoco el gobierno de la República”, afirmó en conferencia de prensa Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del Consejo Económico.
La petición de convocar el proyecto de ley 21.309 la firman legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano y Frente Amplio, así como el bloque de fabricistas independientes.
La propuesta del diputado Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), es que los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que hayan adquirido o adquieran el derecho a la pensión antes del 18 de febrero del 2023 puedan retirar todo el dinero que les corresponde en un solo tracto.
Dicha posibilidad la tendrían los beneficiarios cuyo monto mensual del ROP esté, o vaya a estar, por debajo de los ¢27.400.
La meta de Restauración es que también puedan retirar el dinero del ROP los familiares de los trabajadores que fallecieron y no llegaron a recibir la pensión.
Dicha agrupación incluso anunció que ya se conformó una mesa de trabajo de diputados para discutir la propuesta.
No obstante, Garrido explicó que el Poder Ejecutivo se opone a la propuesta porque el retiro anticipado de los recursos dejaría desprotegidas a las personas durante su vejez.
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"Es muy importante lanzar el mensaje a las personas de que necesitamos garantizar la mayor protección para nuestra edad adulta mayor; cuando seamos personas en situación de vejez vamos a requerir mayores ingresos para sobrellevar una vejez más plena.
“En este momento, lo que tendríamos es un pico en los ingresos y eso no beneficia a nadie, porque cuando más vayamos a necesitar esa suma de protección social no va a estar disponible”, manifestó la jerarca.
Desde el 1.° de diciembre y hasta el próximo 30 de abril, el control de la agenda legislativa la lleva el Poder Ejecutivo, por lo que el avance de cualquier iniciativa depende de que Casa Presidencial la convoque.