Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa acogieron, este martes, una tercera versión para el proyecto de reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Este nuevo texto permitiría a los trabajadores retirar la totalidad del dinero de la pensión complementaria, en un solo desembolso, durante unos tres años que se terminarían en febrero del 2023.
El plan original del diputado Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, era permitir el retiro total del ROP en forma definitiva, pero diversas instituciones advirtieron de que esa medida debilitaría el sistema de pensiones y desprotegería a la población adulta mayor.
Una segunda versión limitaba la posibilidad del retiro total hasta el 31 de diciembre del 2035.
Ahora, el permiso se abriría por poco más de tres años.
¿Por que hasta febrero del 2023? La respuesta no está un criterio técnico. Cruickshank afirmó que ese fue el plazo posible, con el que la fracción del PAC estaría de acuerdo y el presidente Carlos Alvarado no vetaría el proyecto.
“Yo personalmente no le veo ningún criterio técnico, digamos que fue producto de una negociación política. No sé quién fue la fuente genuina de esa fecha", afirmó el restauracionista.
El nuevo texto, además, plantea un cambio en los procesos sucesorios, con la opción de que los pensionados definan a sus beneficiarios ante la operadora de pensiones respectiva, y que en caso de que no lo hagan, prevalezcan los que ordena el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Además, luego de recomendaciones hechas por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el nuevo texto permitiría que los pensionados con una enfermedad terminal debidamente certificada por médicos de la CCSS puedan retirar la totalidad de sus ahorros.
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Por otra parte, la nueva versión del proyecto cambia la edad de referencia para calcular el monto que recibe mensualmente cada pensionado. Actualmente, se prevé la posibilidad de que las personas vivan hasta 115 años.
La nueva redacción del expediente establece que la edad de referencia sería la fijada en la tabla de mortalidad vigente, con el objetivo de aumentar el monto que cada afiliado percibe por mes.
En el texto sustitutivo, asimismo, se mantiene que los beneficiarios cuya pensión del ROP les resulte menor al 20% de la pensión mínima del IVM, que es de ¢136.865, puedan retirar todos sus fondos en un solo acto, es decir, la podrían retirar si el monto mensual es menor a ¢27.400.
La moción recibió los votos de Wagner Jiménez, de Liberación Nacional (PLN); Laura Guido y Welmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC); María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN), y el independiente fabricista Harllan Hoepelman.
Aunque el proponente, Eduardo Cruickshank, promovió la presentación del texto sustitutivo, finalmente votó en contra de que se acogiera, como único diputado que votó negativo.
Según el jefe del PRN, la idea del nuevo texto es viabilizar el proyecto, que ha recibido una buena cantidad de criterios en contra, sin destruir al sistema y “haciendo una importante inyección de capital al mercado”.
“Bajo esa óptica, han venido trabajando personas de diferentes operadoras, el superintendente (de Pensiones, Álvaro Ramos) y algunas otras personas que conocen muy bien el ROP. Se ha buscado un texto amigable con todo el mundo y se llegó a esta base”, acotó.
Cruickshank alegó que, a pesar de presentar la versión sustituta del plan, él lo votó en contra por un asunto de coherencia. Básicamente, el jefe restauracionista mantiene el criterio de que se debería permitir el retiro total de los ahorros para quienes se pensionen hasta en el 2035.
Además, Cruickshank quería que de una vez se votara el dictamen en la Comisión de Hacendarios, pero eso no lo aceptaron los demás legisladores, quienes aprobaron varias consultas a la nueva versión de la iniciativa legal.
La oficialista Laura Guido, por su parte, votó a favor de acoger la nueva base de discusión, aunque enfatizó que no está totalmente de acuerdo con todos sus detalles, en particular el permiso para retirar todo el ROP durante los próximos cuatro años.
“Es una nueva base para debate y genera mayores puntos de encuentro. Aunque no avalo todos los extremos, lo suscribí en el ánimo de contribuir en el diálogo político”, dijo la congresista.
Por su parte, el liberacionista Wagner Jiménez sintonizó con Guido, en cuanto a que la nueva versión del plan “será el documento original para ampliar la discusión”.
“También lo apoyé porque, en paralelo, aprobamos realizar las consultas obligatorias que, para mi votación final, serán vinculantes”, indicó.
Ahora, la nueva redacción del proyecto se consultará al Banco Central de Costa Rica (BCCR), a los bancos Nacional y de Costa Rica, a la CCSS, a la Supén, a las operadoras de pensiones individualmente y a la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).