Natasha Cambronero. 11 octubre, 2016
El canciller Manuel González durante su comparecencia en el Plenario legislativo, el pasado 29 de setiembre.
El canciller Manuel González durante su comparecencia en el Plenario legislativo, el pasado 29 de setiembre.

El gobierno de Luis Guillermo Solís firmó una "declaratoria de reserva" sobre 12 memorandos confeccionados por la embajada de Costa Rica en Brasilia y relacionados con la crisis política en Brasil, para evitar que sean divulgados a la opinión pública.

Se trata de informes que tenían como objetivo alimentar de información a la diplomacia costarricense, pero que la Cancillería considera que contienen "asuntos que pueden comprometer las relaciones bilaterales" con ese país suramericano.

Esos documentos fueron requeridos por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, quien también presentó, el miércoles 4 de octubre, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en aras de que los magistrados obligaran a revelar su contenido.

El legislador del PLN hizo pública la exigencia el 29 de setiembre en el Congreso, durante la comparecencia del canciller González, luego de que el jerarca se rehusara a explicar las razones del desaire que el presidente Solís le hizo a su homólogo brasileño Michel Temer en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el pasado 20 de setiembre.

Ese día, Solís y el resto de delegación costarricense abandonaron la sala de sesiones de la ONU en el momento en que se anunció que Temer iba a emitir su discurso. También salieron las delegaciones de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Sin embargo, ahora, con este decreto, el cual fue firmado por el presidente Solís y el canciller Manuel González, el 3 de octubre pasado, y que entró en vigencia hoy martes —luego de su publicación en el diario digital La Gaceta—, el Poder Ejecutivo pretende que nadie pueda tener acceso a los memorandos.

"La declaratoria de reserva sobre los referidos documentos implica que no habrá acceso a ellos por parte de ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera y los destinatarios a quienes se dirigen o a quienes les fueron copiados dichos informes por parte del Embajador de Costa Rica ante la República Federativa del Brasil, deberán guardar estricta confidencialidad en relación con los mismos", reza el decreto N.° 39944-RREE.

Ahí también se establece que la reserva se mantendrá hasta que el canciller considere que el asunto que tratan esos informes "no compromete las relaciones exteriores de la República".

El Gobierno emite esa declaratoria en atención al artículo 140, incisos 1, 6, 12 y 16 de la Constitución Política, y con base en dos dictámenes de la Procuraduría General de la República, donde se estable que constituyen secreto de Estado los asuntos relacionados a la seguridad, la defensa nacional y las relaciones exteriores del país.

"Las materias dichas competen al Poder Ejecutivo, por lo que corresponde a este Poder declarar qué determinados hechos, informaciones o documentos son atinentes a la seguridad externa e interna de la República, la defensa nacional o las relaciones exteriores y que por ello su revelación perjudicaría los intereses estatales y el orden público", señala uno de los dos dictámenes, el C-239-95, del 21 de noviembre de 1995.

"En este caso se hizo este análisis (de la diferente jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República) y se determinó que efectivamente podría existir elementos en esos informes que comprometieran las relaciones bilaterales con Brasil y sobre la base de eso se ejerció la facultad del Poder Ejecutivo", explicó la directora jurídica de la Cancillería, Natalia Córdoba.

Sorpresa. El diputado Rolando González se mostró asombrado con la decisión de Zapote de decretar reserva sobre esos memorandos, él asegura que el canciller nunca mencionó la firma del decreto.

Alega el legislador que el titular de Relaciones Exteriores no incluyó el decreto en una nota que le remitió, el mismo 3 de octubre, en la que le niega el acceso a esos 12 memorandos y le facilita otros siete, que fueron enviados a San José entre el 11 de abril y el 12 de setiembre de este año, con la aprobación del embajador Jairo Valverde.

"No salgo del asombro, este es el Gobierno del ocultamiento de la información (…). Intentan acallar mi solicitud, ahora le corresponderá a la Sala IV dirimir este asunto, ojalá que los magistrados se inclinen por el interés colectivo y no por las ocurrencias del Poder Ejecutivo", dijo el diputado liberacionista.

Incluso, Rolando González presentó hoy en la tarde otro recurso de amparo, esta vez contra la declaratoria de reserva, en el que pide a los magistrados declarar que no es un instrumento juridicamente válido para limitar su acceso a los 12 memorandos.

En su criterio, es decreto perjudica y violenta su "derecho al acceso a los departamentos administrativos con el propósito de informarme sobre temas públicos".

Los siete memorandos que sí son públicos contienen reportes de hechos acontecidos en torno al juicio político (impeachment) contra la ahora expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, que a su vez deparó en la asunción de Temer al poder.

Además, aparece un informe sobre cómo la prensa brasileña reportó el desaire de Solís en la ONU. En ese documento de dos páginas se citan reportajes de los medios de comunicación Estadão, Brasil 247, Correo Braziliense y Folha Sao Paulo.