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A lo largo de ocho meses y con diversas excusas, el gobierno de Luis Guillermo Solís se negó a cobrar la contribución solidaria que exige la ley a 325 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, lo que le provoca al Estado una pérdida de casi ¢1.800 millones anuales.
Se trata de jubilados que reciben entre ¢3,8 millones y ¢11,2 millones al mes de fondos del Presupuesto Nacional.
Ellos deben aportar al Estado entre un 25% y un 75% del monto que exceda los ¢3,8 millones, según la ley 7531 de 1995 (Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio). Mientras más reciben, mayor porcentaje deben dar.
Entre esos pensionados, está, por ejemplo, la antropóloga de 66 años, Margarita Bolaños, expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien laboraba como educadora en la Universidad de Costa Rica (UCR).
En agosto del 2017, el entonces diputado, Ottón Solís Fallas, alertó a la administración Solís Rivera de que 325 pensionados no estaban pagando la contribución solidaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda aplicar la ley y buscar los mecanismos para recuperar los montos no pagados durante los últimos 23 años.
Sin embargo, fue hasta abril del 2018, en el ocaso del mandato de Luis Guillermo Solís y después de echar mano de múltiples alegatos, que Hacienda accedió a reconocer que Ottón Solís tenía razón.
La situación dio un giro cuando, el 8 de mayo, asumió el gobierno del presidente Carlos Alvarado, quien, en menos de un mes, tomó la decisión de cobrarles la contribución solidaria a estos pensionados de lujo y recuperar lo que no se pagó a lo largo de las últimas décadas.
Para ello, a solicitud del ministro de Trabajo, Steven Núñez, el Consejo de Gobierno le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR, que funge como abogado del Estado) llevar los casos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a fin de que se pueda rebajar la contribución solidaria a estas pensiones y cobrar el dinero no percibido.
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Intercambio de notas
El 20 de noviembre del 2017, el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, le respondió en un oficio a Ottón Solís que su cartera no había rebajado la contribución solidaria “en atención al principio de legalidad”.
También, le argumentó que la exoneración del pago de la contribución solidaria no era producto de la mala aplicación de las normas, sino en atención de "mandatos vinculantes a partir de resoluciones de jueces judiciales y administrativos".
Fallas le enfatizó a Ottón Solís que su petición no era viable porque se trataba de personas exoneradas mediante "actos declarativos de derechos subjetivos, revestidos de presunción de legalidad".
Según informó el Ministerio de Trabajo, cuando la ley se aprobó en 1995, estas 325 personas comenzaron a interponer recursos ante la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) alegando que el aporte solidario les parecía abusivo, por lo que solicitaron ser exoneradas.
Luego de que la DNP les rechazó los recursos, los pensionados elevaron sus reclamos ante los Tribunales de Trabajo y ante el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, donde les aplicaron el beneficio.
En enero del 2018, Ottón Solís contestó al titular de Hacienda: "El Ministerio de Hacienda no solo no es proactivo (a partir de la nueva jurisprudencia) para acometer sus funciones irrenunciables en el manejo de las finanzas públicas, sino que podría estar incurriendo en un incumplimiento de deberes y permitiendo que se siga cometiendo un posible delito contra el erario".
El entonces diputado argumentó que existen suficientes fundamentos legales para aplicar el cobro, como normativa y jurisprudencia de la Sala Segunda y jurisprudencia constitucional según la cual no existe una inmunidad tributaria indefinida, ya que el Estado tiene la potestad de modificar o suprimir beneficios concedidos "sin que ello se constituya en un acto arbitrario", le recalcó.
Entonces, el 16 de enero de este año, el ministro Fallas le solicitó criterio a la Dirección Legal del Ministerio de Hacienda. Y, el día 18, le envió un nuevo oficio al legislador en el que le manifestó que la administración de Luis Guillermo Solís y él compartían la preocupación en relación con el gasto público.
Ese mismo mes, el ministro de Hacienda accedió a solicitar a la Procuraduría un criterio jurídico para determinar si su cartera podía iniciar acciones legales para retener la contribución solidaria a los pensionados y explorar cómo cobrarles los montos que dejaron de pagar durante dos décadas.
La Procuraduría se pronunció en marzo pasado y fue, en abril de este año, que Fallas reconoció que la solicitud de Ottón Solís sí se podía ejecutar. En los oficios C-042-2018 y OJ-028-2018, la PGR consideró que ese grupo de jubilados del Magisterio Nacional no se encontraba exento de la contribución especial.
Consultado por este medio, Helio Fallas dijo que Hacienda fue diligente ante las solicitudes de Ottón Solís, pero que había sentencias que cumplir y que la burocracia del ministerio, en la recepción y contestación de oficios, sumó varios meses al proceso.
Sostuvo que la administración Solís nunca tuvo la intención de alargar el trámite, pues era la más interesada en que se cobrara la contribución solidaria. El exministro agregó que nunca recibió una llamada o presiones para frenar el rebajo, “a pesar de que tiene conocidos” entre las personas que estaban recibiendo la exoneración.
La expresidenta del PAC, Margarita Bolaños, dijo al respecto: "Yo soy una de esas personas y sí estoy de acuerdo con pagar ese impuesto, sí apoyo que quiten esa exoneración. Me pensioné en el 2009, ocho años después del tiempo legal. Para entonces, quienes se pensionaban siete años después, tenían derecho de solicitar la exoneración de ese impuesto. Entiendo que la Jupema lo hacía de oficio".
Ahora, con la instrucción del gobierno de Alvarado, la Procuraduría acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar la lesividad de las exoneraciones, a fin de aplicar los rebajos y recuperar lo perdido.
Si la gestión prospera, al pensionado que recibe ¢11,2 millones se la hará una deducción del 65% sobre el excedente, por lo cual su ingreso bajará a ¢5 millones. El mismo porcentaje se le aplicará a una pensión de ¢9,5 millones, que se reduciría a ¢4,8 millones. En el caso de un pensionado que obtiene ¢4,8 millones, el porcentaje que se le aplicaría sería del 35%, por lo cual el ingreso disminuiría a ¢3,2 millones.
Esos montos sobrepasan los máximos de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la CCSS, que llegan a ¢1.550.000 sin postergación y a ¢2,2 millones con postergación.
