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Si usted piensa quebrar el voto en las próximas elecciones (votar por partidos diferentes en las papeletas de diputados y presidente), quizás lo hagan cambiar de criterio los hallazgos del Programa Estado de la Nación (PEN) sobre productividad legislativa en el contexto del multipartidismo.
En su informe del 2017, el PEN recordó que darles fracciones pequeñas a los gobiernos de turno podría implicar un daño para el trámite legislativo, pues la ausencia de una mayoría parlamentaria del partido oficialista complica el proceso de discusión y aprobación de las leyes que envía el Poder Ejecutivo a los diputados.
Dicho panorama adverso en el terreno legislativo se viene repitiendo desde el 2002, cuando el entonces presidente, Abel Pacheco, fue el primero que tuvo que lidiar con un Parlamento mayoritariamente opositor.
Ese periodo constitucional representó un punto de quiebre en la historia democrática de Costa Rica, pues el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de Pacheco, obtuvo 19 curules, apenas dos más que Liberación Nacional (PLN) y cinco más que Acción Ciudadana (PAC), que hizo su incursión con fuerza para empezar a romper la hegemonía del bipartidismo, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República.
La diferencia fue abismal entre Pacheco y su antecesor, Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), también del PUSC. El economista contó con 27 escaños, lo cual le facilitó el trámite de sus propuestas de ley en el Congreso, pues solo necesitaba dos votos más para alcanzar la mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes).
El panorama para Rodríguez fue todavía más favorable, pues el bipartidismo, aunque ya daba muestras de desgaste, todavía permitía al PUSC obtener coyunturalmente el apoyo de la bancada del PLN.
Un periodo antes, el de 1994-1998, José María Figueres Olsen gobernó con una configuración del Congreso similar. Al liberacionista el electorado lo favoreció con 28 diputados, mientras que el PUSC obtuvo 25 y solo hubo tres bancadas minoritarias, la más grande, Fuerza Democrática, con dos legisladores.
"Antes del 2002 los partidos de gobierno solían tener altas proporciones de diputados, o incluso la mayoría en el Congreso, lo que, en principio, facilitaba el trámite y la aprobación de sus proyectos. Con la llegada del multipartidismo el tamaño de los bloques oficialistas se redujo y, por ende, se hizo más difícil la gestión de la agenda gubernamental", resumió el informe 2017 del PEN.
Cambio
De vuelta al presente, al presidente Luis Guillermo Solís es el primero que debió gobernar con una franca minoría en el Congreso, pues el PAC solo obtuvo 13 diputados en el 2014 y fue superado por las 18 curules que logró el PLN.
Las consecuencias de esa nueva configuración de una Asamblea Legislativa multipartidista saltan a la vista en el análisis del Estado de la Nación.
"Los datos de largo plazo analizados por el PEN muestran un descenso significativo de la participación del Ejecutivo en la agenda legislativa. En la época del bipartidismo, casi la mitad de las leyes aprobadas fue iniciativa de la Presidencia de la República (promedio anual de un 47%); pero con la consolidación del multipartidismo, la proporción se redujo a 32%", alerta la investigación.
El estudio determinó, además, que pese a que durante el último año el Gobierno de Solís mejoró la tasa de éxito de su agenda en el Congreso, al pasar de un 3% en el primer año a un 8% en el segundo y a un 14% en el tercero, el indicador sigue estando por debajo del promedio de la serie histórica.
Como parámetro para comparar la efectividad de la agenda legislativa oficialista, Laura Chinchilla (2010-2014) logró una tasa de éxito de sus proyectos de un 31% durante el primer año de su administración y un 22% durante la segunda y la tercera legislaturas.
Asimismo, el PEN identificó que la administración Solís Rivera, pese a ser la que tiene una tasa de éxito menor de su agenda de proyectos en el Congreso, es la que destaca dentro de los últimos seis gobiernos como la que más iniciativas ha sometido a discusión en la Asamblea.
Solís, durante el primer año de su gobierno, presentó a la corriente legislativa 315 proyectos de ley, 203 en el segundo y 284 en el tercero. El promedio de iniciativas convocadas por año es de 187 a partir de 1990. La agenda más reducida se presentó durante la primera legislatura del gobierno de Rafael Ángel Calderón, con 105 propuestas.
De los peores en Latinoamérica
La contraposición de resultados arrojó que Costa Rica fue, en el 2016, junto con México, la nación latinoamericana con el menor resultado en el índice de potencia institucional legislativa (IPIL), que mide las capacidades del Poder Ejecutivo para incidir en la agenda del Congreso, con base en 14 variables extraídas de la Constitución Política y los reglamentos.
Ese índice toma valores de o a 1, donde 1 indica que el Ejecutivo cuenta con amplias prerrogativas institucionales para influir sobre el Poder Legislativo. En Costa Rica, el IPIL es de tan solo 0,32.
De nuevo, el mandatario que más efectividad tuvo en la agenda legislativa a partir de 1990 fue Miguel Ángel Rodríguez, con un 48% de su agenda aprobada, mientra que el de menor influencia fue Abel Pacheco, con un 28%; en el caso de Solís, su éxito se estima en un 36% durante los tres primeros años de mandato.
La lectura que hace el PEN del incremento en el uso de las convocatorias y desconvocatorias de un mismo proyecto durante los periodos de sesiones extraordinarias del Congreso –controlados por el Poder Ejecutivo–, durante los últimos dos años, es que ese es un indicador de la dificultad que enfrenta el Ejecutivo para consolidar su agenda legislativa: cuanto mayor es el número de veces que un proyecto se somete a discusión, mayor es la negociación o el ajuste necesario en la estrategia que se requiere para impulsarlo.
