El Gobierno anunció este jueves cambios para cinco de los proyectos que forman parte de la agenda de ajuste fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La intención del Ejecutivo es facilitar la negociación política de las iniciativas de ley.
Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, afirmó que los nuevos textos responden a una solicitud expresa de las jefaturas de fracción del Congreso y que fueron consultados en reuniones técnicas con el FMI, con la intención de mantener los rendimientos esperados para equilibrar las finanzas públicas.
En el proyecto de renta global, por ejemplo, el Gobierno propone subir de ¢702.000 mensuales a ¢683.000 el monto a partir del cual los asalariados y los trabajadores independientes tendrán que pagar impuesto de renta.
En el caso del tributo a la lotería, ahora Zapote pide gravar con un 25% los premios superiores a ¢462.000, en vez de ¢225.000. Además, la nueva versión abre una puerta para cobrar el tributo a las loterías ilegales.
Casa Presidencial también propuso un cambio al plan para que 14 empresas estatales aporten parte de sus utilidades al pago de la deuda pública durante cuatro años.
El ajuste atenuaría el dinero que estas compañías aportarían, entre todas, en el primer año. El monto bajaría de un 0,20% del producto interno bruto (PIB), a un 0,15%, lo que implica una reducción de unos ¢18.000 millones.
En el plan sobre impuesto a casas de lujo, el Gobierno desistió de cobrar el tributo a las viviendas con construcciones de ¢108 millones adelante.
En la nueva versión, el Poder Ejecutivo plantea mantener el cobro del tributo a construcciones con un valor superior a los ¢133 millones, tal como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, Zapote mantiene la intención de cobrar una tarifa plana equivalente al 0,5% anual del valor de la propiedad, incluyendo construcción y lote, por año.
Con ello, se eliminaría la progresividad actual, en la que el impuesto crece de un 0,25% a un 0,55% conforme más valiosa sea la propiedad.
Los propietarios de viviendas valoradas entre ¢133 millones y ¢334 millones serán los más golpeados porcentualmente, pues el tributo se les duplicará.
Para un bien valorado en ¢183 millones, por ejemplo, el impuesto subirá de ¢457.000 a ¢915.000 anuales.
En otro proyecto, el Poder Ejecutivo procura evitar que los empleados públicos paguen impuesto de renta por el salario escolar, en los casos en los que las remuneraciones mensuales estén por debajo del monto a partir del cual se paga este tributo.
Así lo establece la nueva redacción del expediente 22.369, el cual eliminaría la exoneración fiscal de la que hoy gozan los funcionarios públicos en el salario escolar.
