Política

Gestión de ministra de Salud buscaba nulidad de vacunación obligatoria para niños

Jerarca Joselyn Chacón le dijo a la Procuraduría que el Ministerio de Salud estimaba ‘necesario y oportuno’ derogar tres decretos, uno de ellos relacionado con niños y adolescentes; ahora, afirma que eliminar la obligatoriedad de la vacuna para menores no es una opción.

Una gestión formal de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, buscaba eliminar el decreto que estableció la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 para los niños.

Así lo planteó Chacón en un oficio que envió a la Procuraduría General de la República el 5 de agosto, en el que afirmó que “el Ministerio de Salud estima necesario y oportuno derogar los tres decretos relacionados con la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 por razones técnico-jurídicas y no epidemiológicas”.

Una de las tres normas que pidió derogar es, precisamente, el decreto 43364-S, del 13 de diciembre del 2021, mediante el cual el Gobierno anterior declaró obligatoria la vacuna de covid-19 “para las personas menores de edad (niñez y adolescencia)”, con base en un criterio de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

Los otros dos decretos son los que establecieron la obligatoriedad de las vacunas para los funcionarios de la primera línea de atención de la pandemia y para los funcionarios públicos.

Bajo el argumento de que la CNVE tenía dos nombramientos vencidos, la ministra Chacón le dijo a la Procuraduría que “el Poder Ejecutivo en uso de su potestad reglamentaria, vía decreto ejecutivo, procede a derogar los decretos por falta de sustento técnico de parte de la Comisión Nacional de Vacunación por estar sus actuaciones y acuerdos viciados de nulidad desde que perdió su cuórum integral”.

No obstante, el abogado del Estado le respondió que los acuerdos de la Comisión no necesariamente son nulos porque el ordenamiento jurídico prevé la existencia del funcionario de hecho, una figura contemplada en la Ley General de Administración Pública que valida los acuerdos de órganos colegiados aun cuando uno de sus miembros tenga problemas con su investidura.

La Procuraduría le indicó a la jerarca que solo la CNVE puede decidir si procede la anulación de los decretos del 2021 por el hecho de que uno de sus miembros (el representante de Farmacoterapia de la CCSS, Hugo Marín) tenía el nombramiento vencido desde noviembre del 2020.

Le agregó que, si el órgano considera que procede la invalidación, se tornarán nulos todos los acuerdos que se hayan adoptado en el periodo.

Debido a que la CNVE se negó a eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19, el Gobierno busca cambiar la configuración de este órgano y, en ese marco, denunció que dos miembros tenían los nombramientos vencidos, uno desde noviembre del 2020 y otro desde febrero del 2022.

Actualmente, las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5, que circulan mayoritariamente en el territorio nacional y son consideradas supercontagiosas, mantienen al Hospital de Niños saturado de chiquitos con infecciones respiratorias agudas graves; un número importante de ellos con covid-19.

Consultada por La Nación, la ministra de Salud descartó el jueves pasado que ella, como integrante de la Comisión, vaya a promover la eliminación del carácter obligatorio de la vacuna contra la covid 19 para las personas menores de edad, pese a que lo planteó en la consulta enviada a la PGR.

Insistió en que buscará la vía para que los funcionarios públicos no sean obligados a inmunizarse o despedidos por no hacerlo.

“Los niños están bajo la custodia del Estado y por lo que estamos viendo en este momento, de niños internados, no es una opción quitar la obligatoriedad en niños”, señaló la jerarca.

Tras la respuesta de la Procuraduría, la ministra dijo que no se pueden derogar los decretos del Gobierno anterior hasta que la Comisión sesione de nuevo y que, en adelante, cualquier decisión en cuanto a la obligatoriedad de la vacunación le corresponderá a la CNVE.

“No podemos sacar los decretos a derogarlos hasta que no sesionemos (en la Comisión)”, indicó Chacón, quien afirmó que su posición es que la vacunación en menores se debe mantener.

Chacón aseguró que la consulta a la PGR se elevó debido a informes legales internos del Ministerio de Salud que concluían que los decretos de vacunación contra covid-19 eran inválidos y que se consultó por “seguridad”, por tratarse de un tema que ha traído “división” al país, lo cual lamentó.

Se prevé que la próxima semana se retomen las sesiones de la Comisión, según Chacón, quien informó que el Gobierno está a la espera de que la CCSS envíe los nombres de dos nuevos representantes (uno por el caso del nombramiento vencido y otro debido a una renuncia).

La vacunación obligatoria para menores de edad tiene un marco jurídico superior al decreto vigente, según lo ha respaldado la Sala Constitucional.

En febrero, por ejemplo, los magistrados constitucionales rechazaron el reclamo de los padres de un menor que fue vacunado contra la covid 19 en el Hospital San Vicente de Paul en Heredia, en donde un grupo antivacunas irrumpió para tratar de sacar al menor.

En ese fallo, la Sala Constitucional señaló que sobre estos casos prevalece el “interés superior” del menor.

El Tribunal se sustentó en el artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia que establece la obligación de vacunar a los niños “contra las enfermedades que las autoridades de salud determinen”.

La exministra de Salud, María del Rocío Sáenz, quien reglamentó la Ley Nacional de Vacunación en el 2005, afirmó que la vacunación que establezcan las autoridades de salud es obligatoria en los niños.

En mayo, el Gobierno emitió un decreto en el que instó a las entidades públicas a no sancionar a los funcionarios que rechacen la vacuna contra la covid-19.

Sin embargo, la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se negó a aplicar ese decreto al determinar que no derogaba los anteriores sobre la obligatoriedad.

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