El exmagistrado penal José Manuel Arroyo, uno de los tres garantes éticos del gobierno de Carlos Alvarado, aseguró ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos que él descarta que los nombramientos de la canciller Epsy Campbell sean un caso de corrupción.

De hecho, Arroyo ratificó su criterio al avalar que las designaciones de tres directores de la Cancillería se hayan hecho con base en el criterio de la Dirección Jurídica.

Incluso, el exmagistrado diferenció el escándalo por los nombramientos de Campbell de los “casos de corrupción graves que el país ha ventilado en los últimos 20 años”.

“Primero, hay que tener conciencia de que la corrupción es un problema muy serio y que combatir los hechos de corrupción es importante material para que la democracia no se nos vaya al basurero, como en países cercanos”, dijo el exjuez.

Apuntó que, precisamente por eso, tienen que distinguirse como país, sobre todo en el Congreso, los “verdaderos hechos de corrupción” de aquellos “que parecen, pero pueden ubicarse en otro ámbito de corrección”.

Eso sería porque, a criterio de Arroyo, no hay dolo o culpa grave en “errores” como el que se le atribuye a la canciller Campbell.

Añadió que ha sido una práctica constante, desde el año 2000, que se hagan nombramientos de direcciones en Cancillería como puestos de confianza, según el argumento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Arroyo alegó, ante los legisladores que vigilan el uso de los fondos públicos, que el criterio de la Procuraduría General de la República es solamente una interpretación y, más bien, dijo que sería un “craso error” que así lo sostenga el ente abogado del Estado.

“En el fondo hay una diferencia de criterios entre la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el emitido por la Procuraduría General a solicitud de la diputada Karine Niño”, apuntó el garante ético, quien enfatizó que esa opinión no es vinculante.

Para quedarse del lado que ya él había avalado antes, Arroyo argumentó que, en cuestiones de Derecho, no se trata de blanco y negro, en el que haya una verdad absoluta y todo lo demás sea una mentira absoluta, este es “el reino de las probabilidades, lleno de grises”.

Consultado sobre si la vicepresidenta Epsy Campbell debe renunciar a sus funciones como canciller, José Manuel Arroyo aseguró que, para él, “no se justifica”, porque cree que ella “se atuvo a un criterio jurídico estricto” y no ve abuso ni irregularidad en sus decisiones.

“Actuó hasta donde pude percibir, de buena fe. Si hubiera sido de otra manera, se lo digo”, le respondió el exmagistrado al presidente de Gasto Público, Jonathan Prendas.

Aunque también compareció el ex viceministro administrativo Jorge Gutiérrez Espeleta, recién salido de la Cancillería, los diputados casi no le hicieron consultas, salvo Prendas, quien le preguntó si había salido por diferencias con Campbell.

Gutiérrez negó una salida conflictiva y ratificó que se dio por mutuo acuerdo, aunque dejó ver que sí había diferencia de criterios entre él y la vicepresidenta.

Garante defiende nombramientos de confianza

A diferencia de lo que ha pregonado con frecuencia el Partido Acción Ciudadana (PAC), sobre la necesidad de que los nombramientos se hagan por concurso y en cotejo de los atestados de los postulantes, Arroyo aseguro que sería un “craso error” que no se puedan hacer nombramientos de confianza.

Apuntó que si el criterio de la Procuraduría solicitado por la Presidencia de la República amarra a la canciller actual y los futuros a no poder hacer nombramientos de directores de forma discrecional, como designaciones de confianza, sería un error.

“Ojalá ese dictamen diga que son puestos de confianza, porque no se entiende cómo un ministro no pueda nombrar en direcciones de política exterior a alguien de su confianza”, comentó.

Añadió que espera que se fije el abecé de ese tipo de nombramientos, para decirles a estos jerarcas si en estricta legalidad tendrían que nombrar a alguien con estatus de embajador siempre, “pero, ¿mañana qué?”.

“Cualquiera que llegue a ser ministro, tiene que contar con un ámbito como lo cuenta un ministro de Estado, el presidente de la Corte y los más altos cargos que suponen un ámbito de reacción”, dijo.

El ‘silencio’ de los garantes éticos

Arroyo no solo fue consultado sobre los nombramientos de Campbell, sino también sobre lo que dos diputados, Prendas y Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), consideran silencio cómplice de los garantes éticos hacia el Gobierno.

“La preocupación que he tenido es si, cuando ustedes asumieron como garantes, se les explicó cuál era su función”, dijo la liberacionista y atacó que Arroyo justifique “una mala costumbre, que es ilegal y no tiene validez".

Prendas dijo que los diputados extrañan la presencia y los pronunciamientos de los garantes en una serie de asuntos, entre ellos el pago de deuda pública que hizo el Ministerio de Hacienda sin contar con el permiso legislativo.

El exmagistrado negó dicho silencio y adujo que ya le habían llamado la atención al presidente Alvarado sobre un eventual conflicto de intereses porque el gobierno anterior había dejado contratada a una empresa asesora de prensa de un familiar de Juan Carlos Mendoza, ahora ministro de Comunicación.

“Inmediatamente nos consultó la opinión y le dijimos que esa situación era insostenible”, dijo.

Nicolás, al término de la audiencia de Arroyo, alegó que no era cierto que fuera por los garantes que ese contrato se haya revertido, sino por presión del liberacionista Gustavo Viales, dijo ella.

Arroyo también se justificó al decir que ellos no pueden entrar en asuntos que ya están en manos de las autoridades judiciales o administrativas respectivas.

“No podemos ser una instancia de reacción inmediata ante cualquier denuncia, nos estaríamos equivocando”, dijo. Añadió que ellos, a diferencia de los legisladores, no tienen un “casco protector”, en el sentido de que no poseen inmunidad.