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Los funcionarios del Poder Legislativo son los mejor pagados del Estado. En promedio, cada empleado de este poder de la República supera el sueldo promedio de la planilla estatal en un 38%.
El salario promedio es de ¢1.519.000 al mes entre los trabajadores de la Asamblea Legislativa y de sus dos instituciones auxiliares: la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República.
En tanto, el sueldo promedio en el Estado es de ¢1.100.000.
Es decir, por cada ¢100 que recibe en promedio un funcionario legislativo, la media en el resto del sector público percibe ¢62.
Y si solo se contempla a los trabajadores de la Defensoría, la diferencia asciende a un 52%, pues en esa entidad el salario promedio es de ¢1.671.000.
De las tres instituciones del Poder Legislativo, la Defensoría es la que paga el salario promedio más alto. Le sigue la Asamblea Legislativa, con ¢1.527.000 y, por último, la Contraloría, con ¢1.474.800.
Si bien estas instituciones conforman un poder independiente, su financiamiento procede en un 100% del Presupuesto Nacional que debe cubrir el Gobierno con los impuestos de los contribuyentes y con endeudamiento, debido al déficit fiscal. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial y con el TSE.
Por su parte, numerosas instituciones autónomas reciben transferencias de Gobierno para financiar sus gastos, como las universidades públicas.
Los datos de los salarios promedio de las instituciones del Estado se desprenden de un análisis, elaborado por La Nación, con base en las planillas registradas ante el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los meses de noviembre de 2019 y abril y julio del 2020.
La base de datos incluye a poco más de 305.000 colaboradores de los tres poderes de la República, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de las cinco universidades estatales, de los bancos públicos, de 18 instituciones autónomas, de 40 órganos desconcentrados y de las 82 municipalidades.
Justo es en el seno de la Asamblea Legislativa donde actualmente se discute una reforma al régimen de empleo público que busca acabar con las disparidades salariales a lo interno de la función pública.
La intención es migrar hacia un régimen de salario global en donde no existan los pluses que dependan de diversos factores, como la antigüedad.
Este sistema de pluses ha sido señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como un régimen muy fragmentado y difícil de controlar.
Por encima y por debajo del promedio
Después del Poder Legislativo, el Poder Judicial registra la media salarial más alta del Estado: ¢1.465.000, es decir, un 33% por encima del salario promedio estatal.
En tercer lugar, aparecen las cinco universidades públicas. En este sector, la remuneración es de ¢1.359.000, lo que se traduce en una diferencia del 24% con respecto al sueldo público medio de ¢1.100.000.
Las instituciones autónomas también están por encima de esa media. En su caso, los funcionarios reciben una remuneración promedio mensual de ¢1.263.000, un 15% más.
En ese grupo aparecen instituciones como la CCSS y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con sueldos medios de ¢1.499.000 y de ¢1.485.000, respectivamente.
Los bancos estatales, de igual forma, registran un salario superior al promedio general, en un 11%, con ¢1.216.000.
A la inversa, en el TSE, los trabajadores gozan de una remuneración media de ¢984.000, un 10% por debajo del promedio nacional de ¢1.100.000.
La diferencia es aún más grande en el Poder Ejecutivo (14%), donde el sueldo ronda los ¢945.000.
En los órganos desconcentrados, el salario medio es de ¢924.000, un 16% menos que el promedio estatal.
Y todavía es más bajo entre las municipalidades, donde sus colaboradores registran un sueldo promedio de ¢714.000, o sea, un 35% menos que la media nacional y un 53% menos que los funcionarios legislativos.
Entre los poderes Ejecutivo y Legislativo la diferencia es de un 38%. Entre autónomas y el Gobierno, la diferencia es un 25%, mientras que, entre los bancos y las autónomas, se registra la menor desigualdad, de solo un 4%.
El peso del Ejecutivo
Si bien la nómina analizada incluye a poco más de 305.000 funcionarios públicos, de 173 instituciones distintas, casi el 43% trabaja en el Poder Ejecutivo para alguno de los 18 ministerios, donde el salario promedio no supera el ¢1.000.000.
En cambio, las instituciones autónomas emplean al 32% de la planilla estatal, unas 32.000 personas menos que en el Ejecutivo, pero gastan ¢595 millones más en salarios.
En promedio, cada empleado de una autónoma gana ¢318.000 más que uno de algún ministerio, o sea, un 34% más.
Las universidades públicas emplean al 6% de la planilla estatal y el mismo porcentaje tienen los gobiernos locales.
Un 5% de los funcionarios trabaja en algún banco público y otro 5% en el Poder Judicial, mientras que los órganos desconcentrados reúnen al 3% de la planilla, el Poder Legislativo al 0,62% y el TSE al 0,54%.
Salarios por instituciones
Ahora bien, si se analizan los salarios por instituciones, el Ministerio de Relaciones Exterior es la institución que reporta el sueldo promedio más alto, ¢2.390.000, con la particularidad de que tiene personal en el exterior, en países donde el costo de vida es diferente.
En el segundo lugar aparece el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con ¢2.070.000. Le siguen el Tribunal Registral Administrativo y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) con ¢1.776.000 y ¢1.751.000, respectivamente.
Posteriormente, aparece la Defensoría de los Habitantes, con ¢1.671.000, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), con ¢1.637.000, por encima del resto de universidades públicas.
Luego, con cerca de ¢1.500.000 aparecen la Asamblea Legislativa, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el ICT.
Al final de la tabla, por el contrario, figuran los trabajadores del Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) con un salario promedio de ¢304.000, seguidos de los cinco funcionarios de la recién instaurada Municipalidad de Río Cuarto que ganan una media ¢359.000 mensuales.
De seguido están 13 ayuntamientos, el de Montes de Oro, Puntarenas, con ¢431.000; el de Upala, Alajuela, con ¢441.000 y el de León Cortés, San José, con ¢453.000.
También aparecen en los últimos lugares de esa lista: Jiménez, Oreamuno y Alvarado, en Cartago; y Poás y San Mateo, en Alajuela, por citar algunos ejemplos.
