Una reforma a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres le permitirá a la Fuerza Pública imponer todos los tipos de multas y boletas de citación establecidas por las infracciones legales.
La iniciativa recibió el voto favorable de 51 diputados este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, y un voto en contra, el de Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
El proyecto, tramitado por el expediente legislativo 19.445, establece la cooperación entre ambos cuerpos policiales, y fija un periodo de un año para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) coordine con Seguridad Pública el reglamento donde se fijen las facultades con que la Fuerza Pública podrá actuar.
En un nuevo artículo de la Ley de Tránsito, el 213 bis, se abre el abanico de las posibilidades de acción de los policías.
“Esta cooperación se podrá orientar a labores tales como la regulación del tránsito, formular boletas de citación o partes, operativos de control, atención de accidentes de tránsito, controles policiales rutinarios, atención de eventos especiales y otros que el ministerio rector de tránsito estime oportuno llevar a cabo”, dice la reforma legal.
Además, en la reforma aprobada, presentada por el exdiputado de Restauración Nacional Fabricio Alvarado, se fija la obligación de que los policías reciban la capacitación necesaria para ejecutar las nuevas funciones de control del tránsito y sanción de infracciones de parte de conductores y peatones.
A cada ministerio le tocará designar el presupuesto para llevar a cabo estas capacitaciones del personal policial.
El reglamento para hacer operativa dicha reforma se deberá alistar en el plazo de un año a partir de que la iniciativa entre en vigencia formalmente.
"A falta de polícías de tránsito, necesitamos que los otros oficiales puedan ayudar"
Aunque el Partido Liberación Nacional votó a favor casi en pleno (Ana Lucía Delgado no estuvo en el plenario a la hora de la votación), Gustavo Viales alegó que el Ministerio de Seguridad estuvo prácticamente ausente durante el trámite parlamentario de la iniciativa, aparte de que alegó que no constan en el expediente criterios de ese ministerio sobre la reforma legal.
Por otra parte, Zoila Volio, de Integración Nacional (PIN), y Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), destacaron la necesidad de que la Policía de Tránsito tenga refuerzos para la situación que se vive en las calles, con una flotilla vehicular cada vez más amplia y más presas en las vías.
Sin embargo, Cascante también criticó que a veces los tráficos se enfoquen en áreas específicas en lugar de atender sectores donde la regulación del tránsito es más necesaria.
“Hay países donde los policías hacen las dos funciones y a falta de polícías de tránsito, necesitamos que los otros oficiales puedan ayudar a que haya una atención más temprana de las presas vehiculares, sabemos los cortos presupuestos que hay”, dijo Harllan Hoepelman, de Restauración Nacional.
El jefe del Republicano, Otto Roberto Vargas, alegó que ha encontrado deficiencias en el proyecto de ley que le hicieron cambiar su posición favorable a un voto final negativo de la reforma.
Alegó que, según un informe del Departamento de Servicios Técnicos, hay deficiencias en el proceso de formación de los oficiales de la Fuerza Pública que entonces generarían problemas al recibir ellos otra formación para asumir labores propias de los tráficos.
“El Ministerio de Seguridad Pública tiene el reto de definir una formación clara y consistente acompañada de precisión doctrinaria y hacer una reorganización de la Escuela Nacional de Policía”, afirmó Vargas.
Actualmente, el Ministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo a 16.647 oficiales, entre Fuerza Pública, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Control de Drogas, Policía de Fronteras y Escuela Nacional de Policía.
La reforma a la Ley de Tránsito también permitirá que, con la adecuada capacitación, los policías municipales tengan la potestad de imponer multas por ciertas infracciones legales.
