Política

Fuerte choque de dos diputados con Infocoop por ‘peligroso’ proyecto de ley

Ante la insistencia del Infocoop porque el Gobierno y el Congreso aprueben el plan, los legisladores adelantaron que no respaldarán esa propuesta e hicieron ver que carecía de estudios técnicos.

Los diputados Kattia Cambronero y Ariel Robles, de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), chocaron con un delegado del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) por un proyecto de ley que el Infocoop pide al Gobierno y al Congreso. Se trata de una iniciativa para que el Instituto pueda alquilar o dar en usufructo las numerosas propiedades que se ha adjudicado debido a la colocación de créditos malos, que las cooperativas no pagaron.

Los legisladores del PLP y del FA adelantaron que no respaldarán esa propuesta, bajo las condiciones actuales, e hicieron ver que carecía de estudios técnicos.

En su gestión financista de cooperativas, con bajas tasas de interés, el Infocoop ha prestado dinero a cooperativas que no honraron sus deudas y la entidad acumula 130 propiedades adjudicadas que eran las garantías de préstamos no pagados.

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República no avalan este proyecto y lo califican de “peligroso”. Basados en esos criterios, los diputados devolvieron el proyecto a su etapa en comisión y es allí donde se realizan nuevas audiencias.

El miércoles pasado, la correspondió al Infocoop presentarse ante los diputados de esa comisión para defender el proyecto. El abogado de la entidad, Mauricio Pazos, reconoció, ante las preguntas insistentes del diputados Robles, que el plan carece de estudios que respalden su propuesta.

Mientras Pazos insistía en la conveniencia de la iniciativa ante la dificultad que ha tenido el Infocoop para vender algunas propiedades, algunas “suampos” según dijo, los diputados reiteraron que una mala gestión previa no justifica una nueva autorización para que el Infocoop use otros procedimientos para darle uso a los bienes. Lo que corresponde por ley, señalaron, son los remates para recuperar el dinero perdido.

La legisladora Cambronero, por su parte, dejó claro a las autoridades cooperativas que no avalaría la propuesta para generar estos cambios, precisamente por los señalamientos de la CGR y la PGR.

Inicialmente, fue convocado para defender la propuesta el director ejecutivo del Infocoop, Alejandro Ortega, pero se ausentó porque se reunía en ese momento con el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, con quien ha mantenido al menos dos encuentros desde el 8 de mayo.

El primero de ellos fue en junio para conversar precisamente sobre este proyecto de ley; semanas después de esa reunión en Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo convocó en sesiones extraordinarias este proyecto de ley que estaba a las puertas de un primer debate, pero los diputados decidieron dar un paso atrás en su trámite para reconsiderarlo.

Actualmente, el Infocoop investiga el uso de propiedades a su nombre por parte de terceros que no pagaron sus deudas y ofrecieron como garantía ese inmueble.

Entre ellos está el Hotel del Sur, una propiedad en Pérez Zeledón que perteneció al Consorcio Cooperativo Hotelero, vinculado a Rodolfo Navas, exdiputado, exministro y dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN), que no pagó un crédito de ¢2.000 millones otorgado por esta entidad.

El Instituto no ha desalojado el sitio aunque lo inscribió a su nombre desde en mayo del 2021. La entidad ha puesto múltiples excusas documentadas por la auditoría del Infocoop.

Este miércoles 10 de agosto, el abogado del Infocoop justificó que esa propiedad no podía ser desalojada por una medida cautelar que impedía ese acto.

Sin embargo, esa medida data del pasado 18 de julio, luego de que la Junta Directiva ordenara una fecha para desocupar el inmueble. El Instituto dejó pasar 14 meses sin entrar en posesión.

La Nación consultó al Infocoop sobre esa medida cautelar. Se trata de una disposición “provisionalísima” hasta que el juez del Tribunal Contencioso Administrativo resuelva la medida cautelar definitiva solicitada por el CCH.

Esta organización cooperativa alega que existe de por medio un contrato de alquiler con el Infocoop, el cual no está documentado, según la misma auditoría de la institución.

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