Aarón Sequeira. 28 septiembre
Diputada Floria Segreda. Foto: Rafael Pacheco
Diputada Floria Segreda. Foto: Rafael Pacheco

La Fiscalía General de la República dirigió una diligencia de allanamiento en el departamento Financiero de la Asamblea Legislativa, para secuestrar documentación relevante de una investigación en contra de la diputada Floria Segreda Sagot, del Partido Restauración Nacional (PRN).

La gestión se llevó a cabo en el edificio de la antigua UACA, en Los Yoses, donde la Asamblea tiene localizada su oficina financiera.

Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso, confirmó que se realizó la gestión dirigida por la Fiscalía y explicó que principalmente se dio el secuestro de un cuaderno de control de correspondencia.

A través de su oficina de prensa, la Fiscalía General confirmó que se trata de una diligencia en el caso que se investiga contra Segreda Sagot y que la diligencia realizada contó con la debida autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En noviembre del 2019, la fiscala Emilia Navas efectuó un allanamiento en la Asamblea Legislativa por hechos que habrían ocurrido en febrero del 2019, "cuando, presuntamente, Segreda Sagot, valiéndose de su cargo, solicitó al director financiero de la Asamblea Legislativa que no ejecutara un embargo a su salario, el cual había sido ordenado previamente por los Tribunales de Justicia”.

“Con dicha orden, ella habría logrado recibir su salario íntegro en ese mes. El embargo tiene relación con un conflicto tramitado en la vía civil, por la venta de una propiedad”, dijo el Ministerio Público en ese momento.

El embargo al salario de la diputada fue solicitado por un tercero de nombre Carlos Luis Hidalgo, quien ha mantenido un litigio contra la congresista por la venta de una casa y por la deuda que generaron las costas procesales del litigio.

En vista de que Segreda Sagot mantuvo su deuda, un tribunal ordenó el embargo de su remuneración.

La Dirección Financiera del Congreso habría sido notificada de la orden judicial en febrero, primero por ¢26 millones. Un segundo embargo se le notificó a esa misma oficina, en marzo, por ¢12,3 millones.

No obstante, al parecer, la legisladora de Restauración Nacional le alegó al departamento Financiero del Congreso que tenía en sus manos una orden para el levantamiento de esa retención.